El Estado plantea suprimir el Diputado del Común
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Ejecutivo canario, Francisco Hernández Spínola, ha advertido que el informe de la reforma de la Administración que ha aprobado el Gobierno “choca” con el Estatuto de Autonomía de Canarias al plantear la supresión del Diputado del Común o la Audiencia de Cuentas.
Hernández Spínola ha señalado en un comunicado que las instituciones de autogobierno “deben mantenerse”, aunque admite la posibilidad de revisar las normas y leyes que regulan estas instituciones.
“Veo viable reducir estructuras y composición, pero no suprimir estas instituciones a las que el Estatuto de Autonomía atribuye funciones muy concretas y relevantes”, valoró Spínola, para quien la propuesta del Gobierno ha nacido con una defecto “sumamente grave”.
A este respecto, apuntó que el informe contiene 217 medidas de las que 140 afectan directamente a las comunidades autónomas, un contenido del que, aseguró, no han tenido información hasta hace dos días.
Desde su punto de vista, “prescindir de la participación y el contacto con las comunidades autónomas es un lastre que será difícil de solventar para la aplicación de las medidas que ha aprobado el Gobierno”, y sugiere que las cuestiones que contiene este documento requieren “mayor cuidado y mejor diálogo” entre las instituciones y niveles de la administración pública afectados.
“Con cierto retraso”
El consejero ha valorado el paso dado por el Gobierno con la aprobación del informe de la reforma de la Administración pública, pero considera que “llega con cierto retraso”.
Hernández Spínola opina que gran parte del problema de sobredimensión de la administración pública de España está producido por la estatal, pues “no ha terminado de adaptar y reducir su tamaño a lo que realmente requiere el marco del Estado de las Autonomías”.
Dado que el Gobierno de Canarias no dispone del documento completo, el consejero ha avanzado que el Ejecutivo mantendrá una posición “vigilante” para evitar la “tentación” de que el Gobierno de Rajoy “confunda el impulso a la mejora de la coordinación entre administraciones públicas y la simplificación administrativa con un proceso de recentralización de competencias o aumento de control sobre la capacidad de decisión de las autonomías”.
