La Plataforma contra el PGO denuncia al letrado jefe de Santa Cruz
La Plataforma contra el PGOU de Santa Cruz de Tenerife ha anunciado este viernes la interposición de una denuncia contra el director de los servicios jurídicos del Ayuntamiento capitalino, Carlos de la Concha, por redactar un escrito “ilegal” que sortea la imposibilidad de celebrar el pleno municipal extraordinario para aprobar el polémico documento urbanístico.
El abogado Felipe Campos ha anunciado la medida en los micrófonos de Radio San Borondón, según recoge su agencia de noticias y dijo que en su vida había visto algo parecido a lo ocurrido este jueves, un nuevo esperpento del régimen, en relación con el “informe” realizado por Carlos de la Concha, una persona que ha demostrado que “no tiene la mínima vergüenza, ni dignidad y que con este escrito ha demostrado que está dispuesto a todo, incluso a ir contra los ciudadanos que le pagan su importante sueldo”.
Felipe Campos afirmó que Carlos de la Concha, que debía saber que “no trabaja para los intereses de Zerolo, sino de la ciudad, es un sujeto carente de vergüenza y de dignidad, puesto que lo que ha hecho para seguir creando una apariencia de legalidad en el informe del secretario es absolutamente incalificable, puesto que incluso se atreve a realizar valoraciones psicólogicas para interpretar el informe del secretario, Luis Prieto, quien dejó claro que por razones de tiempo no informaba sobre el contenido del PGO, limitándose a valorar las razones procedimentales, quitándose además toda responsabilidad de los informes técnicos”.
Desde su punto de vista, este jurista realiza una especie de “interpretación psicológica del informe de Prieto intentando dar la vuelta a las afirmaciones del secretario y posibilitar soslayar lo evidente, diciendo en esta indecencia de documento, que sirve de excusa al PP para respaldar el documento, que la cuestión de tiempo alegada por el secretario carece de trascendencia y no llega a ser real, puesto que supone una simple descarga emocional de quien está en la presencia de tan complejo documento”.
Para el abogado, este jurista, que no es el secretario del ayuntamiento y, por tanto, nada tiene que decir al respecto, trata de soslayar lo evidente, que es “la certeza de que Prieto no informó sobre el contenido imposibilitando que haya pleno, se presta a analizar psicológicamente al secretario, a dar una interpretación interesada al respecto para dar apariencia de legalidad al informe y lograr con ello que se celebre el pleno”.
Por otro lado, considera que los dirigentes del PP han demostrado “su bajeza moral e indignidad, puesto que después de estar diciendo en los últimos días que con el informe del secretario no se puede votar el documento del PGO, teniendo en cuenta además que sólo el secretario puede rehacer el informe, ahora se bajan los pantalones ante las presiones de Miguel Zerolo, Ignacio González y los grandes empresarios y bendicen la celebración del pleno para votar en él favorablemente a un Plan completamente ilegal, algo que le debería pasar factura a los tres partidos que promueven este expolio al patrimonio de decenas de miles de ciudadanos a través de una batacazo en las elecciones de mayo”.
Felipe Campos advierte que el escrito de Carlos de la Concha carece de legalidad, no sirve para nada porque no puede sustituir al informe del secretario del ayuntamiento, por lo que este “papelucho” elaborado por una persona incompetente para hacerlo es ilegal, por lo que la Plataforma denunciará este mismo viernes a este jurista en la Fiscalía Anticorrupción, puesto que junto a Prieto están siendo “cómplices de un ilícito de prevaricación urbanística puesto que están creando apariencia formal para que los peleles del régimen que son los concejales de ATI-CC, PP y CCN voten en el pleno del lunes a favor del PGO”.
El portavoz de la Plataforma recuerda a De la Concha y a Prieto que saben perfectamente cuáles son sus responsabilidades penales al respecto, puesto que insiste en que si el secretario no realizó su preceptivo informe, este jurista que no tiene competencias para informar y realiza una “interpretación absurda para posibilitar el pleno a sabiendas de que es una indecencia con consecuencias penales”.