La Policía relaciona la venta de la playa con Emmasa y el Parque Marítimo
La investigación policial desarrollada dentro del caso de Las Teresitas parece haber encontrado conexiones entre la operación de compraventa de la playa, la privatización de Emmasa y las irregularidades en el Parque Marítimo. El Ayuntamiento de Santa Cruz decidió en el año 2005 externalizar el abastecimiento de aguas y para ello convocó un concurso por más de 60 millones de euros de manera que el dinero sirviera para compensar el enorme desembolso que para las arcas municipales había supuesto la compra del frente de Las Teresitas. Desde el primer momento surgieron críticas no solo hacia esta operación sino también por la manera en la que se estaba desarrollando. Los concejales entonces del Partido Nacionalista Canario (PNC), Guillermo Guigou, Angel Isidro Guimerá y Odalys Padrón hablaron de un concurso amañado e incluso del posible cobro de comisiones ilegales. El exalcalde, Miguel Zerolo, anunció la presentación de una querella contra Guimerá de la que jamás se supo.
Ahora en el sumario del caso de Las Teresitas vuelven a aparecer las viejas sospechas. En concreto se apunta a un viaje realizado por, Jorge Bethencourt, periodista y entonces asesor de Urbanismo de Zerolo a Senegal en 2006, aunque se presentó en calidad de representante de la empresa Aurantia y consejero de la Televisión Canaria. En este país mantuvo contactos “al más alto nivel” con autoridades senegalesas para llevar a cabo un proyecto de plantación de jatropha para obtener biodiesel que nunca se llegó a materializar debido a las excesivas contraprestaciones que le impusieron las autoridades del país africano.
La relación con Emmasa surge porque Aurantia es una empresa madrileña creada por Rafael Naranjo, después de que otra de sus compañías, Sufi, fuese absorbida por Sacyr-Vallehermoso, la entidad que finalmente se hizo con la gestión del agua de Santa Cruz ese mismo año. Naranjo era consejero de Valoriza, perteneciente a Sacyr que en realidad es la que compró las acciones de la compañía de agua. “En consonancia con lo informado en diversas fuentes acerca del posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con la privatización de Emmasa, es significativo esta representación que Bethencourt asume de Aurantia 2003 en Senegal en las fechas en la que se desarrollaba el expediente de privatización. Más aún cuando el máximo responsable de esta sociedad, Rafael Naranjo, está vinculado a las empresas que participaron en la adquisición de Emmasa”, se indica en el informe policial. Aunque los investigadores señalan que la venta de la compañía de agua se llevó a cabo en 2007, en realidad tuvo lugar en marzo de 2006, con lo cual el viaje a Senegal tuvo que realizarse en fechas inmediatamente anteriores.
A juicio de los investigadores la actividad de Bethencourt “resulta muy significativa dada su condición de periodista, toda vez que se aprecia un elevado nivel de vida con múltiples viajes al extranjero y estancias en el Hotel Gran Meliá Fénix de Madrid en el que se dan coincidencias en el hospedaje con otras personas que son analizadas en esta investigación. Ademas, se considera que el periodista participa en divesas sociedades cuyo objeto social relacionado con inmobiliarias, actividades hosteleras y de ocio, exportación e importación de productos entre otros, así como la posesión de diversos inmuebles y vehículos de alta gama, tenencia de patrimonio en México donde posee cuentas y residencia y contactos telefónicos con personas y entidades de diversos países entre los que se incluye un banco privado de Suiza.
“Muy significativa resulta también la representación que hace de la sociedad mercantil Aurantia en Senegal, sin que le conste vinculación societaria con dicha empresa y las relaciones indirectas halladas entre esa entidad y la privatización de Emmasa”.
Por este y por muchos hechos más es lo que los investigadores no dudan en calificar al periodista de “testaferro” de Zerolo. Bethencourt es propietario de la totalidad de la entidad Agencia de Prensa BG y es titular de un local y dos viviendas cuya compra se efectúa en el período de investigación y fueron amortizadas a través de sus cuentas bancarias. En cuanto a los vehículos de alta gama, los investigadores determinaron que fueron adquiridos “con dinero de procedencia desconocida”. Durante meses permaneció como imputado por un supuesto delito de blanqueo de capitales aunque finalmente la juez, Carla Bellini, considera que no hay pruebas fehacientes que sustenten esta acusación.
Con respecto al Parque Marítimo, Bethencourt está vinculado a las entidades Santa Cruz Park SL, que gestionó este recinto hasta el año 2006, y Santa Cruz Park Tenerife SL, que reactivó a partir de ese año, momento en el que la cedió al empresario, Luis Gil. Ambas están siendo objeto de otro procedimiento penal abierto por la Fiscalía Anticorrupción. En este caso se investiga la realización de fiestas en el recinto que no tenían cobertura legal en cuanto no están permitidas por el Plan Especial. Además, se quiere determinar a dónde ha ido a parar el dinero que la empresa exclusivamente de su propiedad Event Park cobró por estos eventos y cuyo montante aún está por concretar. Esta última entidad recibió pagos de Santa Cruz Park que suman alrededor de 350.000 euros. Pero además, el Ayuntamiento llegó a gastar más de 600.000 euros en distintos actos contratados en este recinto desde su creación hasta el año 2009.
Por otro lado la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera y la Unidad de Blanqueo de Dinero de la Policía Judicial investigaron al periodista como posible testaferro de Miguel Zerolo en la compra de Azul Televisión, empresa que acabó en manos de Ignacio González Santiago. En la compra de Azul TV se habría movido dinero procedente de Santa Cruz Park, un dinero que los policías sospechan que podría tener origen a su vez en el cobro ilegal de comisiones ya que no se ha podido esclarecer su origen. De acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria, en agosto de 2001, poco antes de la operación de Las Teresitas, Jorge Bethencourt compró el 75% de las participaciones de Azul TV por 252.425,08 euros (42 millones de pesetas), lo que llama la atención “porque las participaciones aparentemente valen 4.507,49 (75.000 pesetas), es decir, el valor nominal”.
Igual de llamativo resulta que en diciembre de 2002, solo 16 meses después, Bethencourt vendiera esas participaciones a IGAN Inversiones S.L., empresa de Ignacio González Santiago, por 102.172,05 euros, es decir, que perdió 150.253,02 euros. IGAN Inversiones tenía por objeto social todo tipo de actividad constructora, pero un día antes de la compra de participaciones, amplió ese objeto social a una actividad diametralmente distinta, la “instalación, creación y plantación de canales privados de televisión”. La explicación que ofreció Pedro González es que el sector audiovisual, “en aquel momento estaba de moda”. En el momento de la compra la cadena presentaba un déficit de 40 millones de pesetas y para cubrirlo se llegó a un acuerdo con su anterior propietario, el empresario Ambrosio Jiménez, para compensarlo mediante publicidad. Azul Televisión acabó siendo adquirida en 2004 por la Editorial Leoncio Rodríguez, propietaria del periódico El Día.
