El PSC pedirá a Rivero que elabore un censo de todas las edificaciones afectadas por la Ley de Costas
El grupo parlamentario socialista presentará este viernes una propuesta de resolución en el Parlamento de Canarias, en el marco del Debate de la Nacionalidad, para que el Gobierno cumpla con la Ley de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y lleve a cabo un censo de todas las edificaciones que puedan estar afectadas por la Ley de Costas.
Esa modificación del texto refundido de las leyes de ordenación del territorio y de espacios naturales de Canarias fue aprobada por el Parlamento regional el 23 de abril de 2009, pero el censo, que compete a la Consejería de Medio Ambiente, aún es una quimera, ya que no se ha dado paso alguno para su elaboración.
Esta propuesta llega justo tres días después de que Tomás González, portavoz de los vecinos del poblado de Cho Vito, en Tenerife, defendiera ante la Comisión Europea la necesidad de modificar la Ley de Costas española “para que no se den más atropellos al derecho a la propiedad”.
Cho Vito fue construido en los años 50 en una zona marinera de Candelaria. Entre octubre y diciembre de 2008 fueron demolidas 30 viviendas del poblado por orden judicial. Quedan nueve en pie.
La queja de Tomás González es compartida en parte por los socialistas, asegura el diputado Manuel Fajardo Palarea. “No es lo mismo una vivienda que tenga cien años y un interés paisajístico que otra construida a sabiendas de que se incumple la Ley”, matiza. Sin embargo, en el caso de Cho Vito, ese interés paisajístico no se tuvo en cuenta.
Tratamiento diferente para cada caso
Cuando se aprobó la modificación del texto refundido de las leyes del ordenación del territorio “el PSC ya advirtió de que Canarias no podía arrogarse unas competencias que hoy por hoy son del Estado, como es la competencia sobre costas”, dice Fajardo Palarea.
La fórmula para conciliar la ley canaria con la estatal “es hacer un censo pormenorizado, detallado, de esas viviendas en dominio público marítimo terrestre o en cualquiera de las servidumbres que establece el reglamento de Costas, a partir, por ejemplo de 1950, para darle un tratamiento diferente a cada una de las edificaciones”.
Ese censo es al que se refiere la disposición adicional décimoquinta de la modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, para determinar qué construcciones o núcleos urbanos “tienen un valor etnográfico, arquitectónico o pintoresco, debiendo valorarse su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social, al objeto de su consideración en el otorgamiento de concesiones y autorizaciones que puedan solicitar los titulares de las mismas al amparo de la disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas”, según se recoge en la normativa aprobada por el Parlamento canario hace casi un año.
Para Fajardo Palarea esta es la respuesta que el Gobierno autónomo debe dar a los propietarios de viviendas afectadas por los nuevos deslindes hechos al amparo de la Ley de Costas.
Sin embargo, en la Comisión Europea, los eurodiputados socialistas recordaron el martes pasado que esa ley estatal está amparada por el Tribunal Constitucional (no así la Ley Canaria, sobre la que el TC aún debe pronunciarse) y que los afectados tienen la posibilidad de recurrir los deslindes en los tribunales.
Usufructo por 60 años
El Constitucional ha avalado la concesión del usufructo por 60 años de las propiedades afectadas, como sistema de compensación por la expropiación, pero en el caso de Cho Vito “intentaron la mayor, en vez de buscar soluciones una por una a esas propiedades”, señala Fajardo Palarea, quien recuerda que en el caso de los chiringuitos a pie de playa en Andalucía “se lograron soluciones”.
Tomás González, el representante de los afectados en Cho Vito, afirmó a CANARIAS AHORA, que han obtenido respaldos, como el de Los Verdes, en la Comisión de Peticiones de la UE para que se modifique la Ley de Costas. No es un problema únicamente canario, ya que a lo largo de la semana próxima, esa Comisión escuchará otras 30 peticiones de afectados por la Ley de Costas en todo el litoral español, como Formentera, Cádiz y Vizcaya.
Frente a esas peticiones, World Wild Fundation (WWF), Greenpeace y Ecologistas Acción, entre otras organizaciones ecologistas, han remitido dos cartas a la eurodiputada danesa de Los Verdes, Margrete Auken, para que apoye la actual Ley de Costas y se frene el “urbanismo salvaje” que afecta a un 34 por ciento del litoral español.
El informe Auken, elaborado hace un año, apoya que se modifique la Ley de Costas para proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas que no causan un impacto negativo sobre el medio ambiente costero.
