El PSOE emplaza al Gobierno canario a recortar un 25% el número de asesores y personal eventual de la Comunidad Autónoma
La oposición advierte que el gasto en asesores y personal eventual superó en 2010 los 4,5 millones de euros
El PSC-PSOE aboga por una “reordenación de competencias” de la Administración autonómica
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 (EUROPA PRESS)
El Partido Socialista Canario llevará al Pleno del Parlamento una iniciativa por la que insta al Gobierno de las Islas a llevar a cabo un recorte del 25 por ciento en el número de asesores y personal eventual con el que cuenta la Comunidad Autónoma, tal y como anunció en rueda de prensa el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Hernández Spínola.
El portavoz socialista incidió en que en la Administración autonómica hay “más de cien” asesores y personal eventual “que si bien no se sabe qué hacen, sí cobran religiosamente una alta retribución cada mes”. De hecho, advirtió que el gasto en asesores y personal eventual en 2010 “superó los 4,5 millones de euros”.
En consecuencia, el Grupo Parlamentario Socialista propondrá una reducción del 25 por ciento de la cifra de asesores al entender que “sobra muchísimos”. “En una etapa de contención y dado que el Gobierno de Canarias no hace nada en esta materia, hemos tomado la delantera”, recalcó Spínola, para añadir que, a este respecto, en el próximo pleno el PSC-PSOE presentará una interpelación al Gobierno de las Islas sobre la política de gasto público, y donde el partido de la oposición pretende “demostrar que sobran muchísimos cargos en la Administración”.
Por otro lado, Spínola se refirió al “capítulo de derroches y despilfarros” de la Comunidad Autónoma, y en este sentido, hizo alusión al programa cultural Septenio, que a su juicio es hablar de “oscuridad, opacidad, falta de transparencia, de un fracaso rotundo y de un auténtico despilfarro”.
En esta tesitura, el portavoz socialista alertó de que los propios artistas dicen que Septenio es “una forma de alimentar estómagos agradecidos” y de que “nadie sabe cómo esta entidad otorga las subvenciones, tal y como afirman los propios destinatarios de esas ayudas”. De hecho, dentro de esa política de “derroche y despilfarro” del Ejecutivo, criticó que en la presentación de Septenio el Gobierno de Canarias desembolsó “unos 100.000 euros”, y que una de las actividades que organizó esta entidad fue la presentación de un espectáculo de timple en el Carnegie Hall, en Nueva York, que “resultó un fracaso porque el inmueble estaba vacío”.
Francisco Hernández Spínola hizo hincapié en que ese “derroche” se observa también en las empresas públicas de la Comunidad Autónoma, cuyo sistema calificó de “ineficiente e ineficaz”, por lo que abogó por un “adelgazamiento” del mismo. Según el portavoz, éste es el caso de la consejera delegada de Gestur, que “tiene una retribución superior a la de un director general de la Comunidad Autónoma, e incluso, teniendo el cargo de consejera delegada no está en plantilla y tiene un contrato como si se tratara de un profesional independiente, un hecho que, aparte de ser inasumible, es ilegal de acuerdo con la normativa estatal en vigor”.
De la misma manera, denunció que el gerente de Grafcan “cobra dos meses de antigüedad como funcionario en excedencia de la Comunidad Autónoma y como trabajador de la empresa pública”, y esto, advirtió Spínola, es “otra ilegalidad”. Por todo ello, emplazó a la consejera delegada de Gestur y al máximo responsable de Grafcan a “devolver el dinero” y al Gobierno de Canarias, a que proceda a la destitución de ambos.
FUNCIONARIOS PÚBLICOS
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista aludió también al debate sobre si faltan o sobran funcionarios públicos, y en este sentido consideró que por parte del Ejecutivo canario “ha faltado planificación y un estudio que se tendría que haber llevado a cabo hace muchos años”. A su juicio, en la Administración autonómica “hay que reordenar las competencias, algo que debería haber hecho y no ha hecho el Gobierno, dado que hay duplicidades y solapamientos de funciones”.
Por tanto, creyó necesario “una reordenación de los recursos humanos de la Comunidad Autónoma” al entender que en las consejerías “sobras muchos órganos que han sido transferidos a los cabildos insulares”. Además, abogó por un recorte en las empresas públicas, ya que en los últimos años “ha habido un crecimiento desmesurado de trabajadores en estas empresas, muchos de los cuales han accedido sin cumplir con las normas constitucionales de mérito y capacidad”. “Ahí es donde hay que aplicar una política de contención de gasto y de eliminación de recursos ociosos”, concluyó.
