El PSOE estudia recurrir al Constitucional contra las Medidas Urgentes
El diputado socialista Manuel Fajardo Palarea explicó este lunes que su grupo parlamentario estudia la presentación “por amor propio” de dos recursos de amparo contra el Proyecto de Ley de Medidas Urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo que el Parlamento de Canarias aprobó el pasado ya que estiman que la norma vulnera la autonomía de las administraciones locales y que se ha lesionado el derecho de los diputados a presentar enmiendas durante su tramitación.
Fajardo Palarea admitió que si bien el referido al derecho de los parlamentarios “tiene bastantes posibilidades” el otro “es mucho más complejo”. “Es una cuestión de amor propio”, insistió el diputado del PSOE que recordó que su grupo votó en contra del texto de la ley.
Sobre el recurso con respecto al derecho de los diputados, Fajardo Palarea subrayó que no es contra el contenido de la ley si no de “algunas enmiendas por homogeneidad y congruencia”. El socialista criticó que “a través del trámite de enmiendas CC y PP colaron artículos nuevos”. Por ello durante el último pleno afirmé que con la retirada de dos de ellas demostraban sus argumentos. Asimismo Fajardo Palarea aseguró que hay otros cinco artículos que los servicios de la Cámara “no veían su conexión” con el proyecto de Ley.
Para el socialista, tanto populares como nacionalistas han jugado con el hecho de la lentitud del Constitucional. Aquí indicó que posiblemente cuando el alto tribunal decida las Medidas Urgentes “estarán más que modificadas”. Además apuntó el anuncio de la reforma del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio “prometida para este año”.
El diputado del PSOE rechazó de igual forma que las enmiendas de CC y PP durante la tramitación parlamentaria no pasaran por el control del Consejo Consultivo, del Consejo Económico y Social o de la Comisión General de Cabildos.
Con respecto a la “invasión de competencias”, Fajardo Palarea subrayó que es un tema de mucha más “enjundia”. Aquí fuentes del partido apuntaron que cabría la posibilidad de que se haga a través de los ayuntamientos como se ha apuntado en varias ocasiones a la que podrían sumarse algunos cabildos insulares. El PSOE gobierna en 28 de los 88 municipios del archipiélago.
La Ley
Según reza la exposición de motivos de la norma, el texto aborda modificaciones puntuales y novaciones más urgentes, dejando para una regulación más detenida otros aspectos que deben tener una reforma más exhaustiva. Así, la ley se estructura en tres capítulos donde el primero plantea la “simplificación y racionalización de las actuaciones administrativas”, en materia territorial y urbanística, “eliminando rigideces y exigencias innecesarias” en relación con el procedimiento de aprobación de las Directrices de Ordenación, articulando un procedimiento diferente según su contenido sea general o sectorial, así como en el ámbito de las calificaciones territoriales y los proyectos de actuación territorial, y regulando los efectos del silencio administrativo, “más acorde con la mayor exigencia de eficacia de la Administración y protección de los derechos ciudadanos”.
Acerca del suelo rústico se señala que el objetivo es la promoción de la actividad agropecuaria, y el “dinamismo” del medio rural, así como la diversidad económica a través del fomento de la implantación industrial, de los servicios, equipamientos y dotaciones públicas y la diversificación energética renovable. En esta línea, el título II de la ley abarca el desarrollo turístico, “uno de los principales motores de la economía de Canarias”, desde la perspectiva de su sostenibilidad en el marco de un frágil territorio, intentando “potenciar una oferta de calidad cualificada”.
Por último, el capítulo III aborda la modulación del crecimiento de la planta alojativa para el próximo trienio. “Se opta por priorizar la renovación y rehabilitación de la planta existente en grado de obsolescencia, o precisada de mejoras para asegurar la competitividad del sector, a la vez de acotar en el tiempo el aplazamiento o suspensión de las iniciativas de nueva implantación, la denominada moratoria turística, otorgando la necesaria seguridad jurídica, y estableciendo alternativas opcionales para los titulares de los suelos turísticos que cuenten con la consolidación de sus aprovechamientos”, apuntan las Medidas Urgentes.
