Quevedo declarará por el presunto fraude en la gestión de los centros de menores
Pedro Quevedo, concejal electo de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y diputado nacional por la provincia de Las Palmas, acudirá el próximo lunes de manera voluntaria a declarar como imputado en el juzgado de instrucción capitalino al que la Audiencia Provincial ha ordenado, por segunda vez, investigar más un presunto fraude en la gestión de los centros de menores en desamparo del Cabildo de Gran Canaria.
El diputado y por tanto aforado [solo el Tribunal Supremo tiene facultades para interrogar a senadores y diputados] ha anunciado este jueves su renuncia a tal derecho ante la citación recibida por Instrucción 5 de Las Palmas de Gran Canaria, y que va a acudir a declarar “con la cabeza muy alta” ante una denuncia que data de 2011, justo al final del mandato de PSOE y NC en el Cabildo grancanario, presentada por un funcionario exjefe de Servicios Sociales.
Quevedo hizo estas declaraciones recogidas por Efe al término de una nueva reunión con sus posibles socios de gobierno en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, PSC-PSOE y el partido instrumental de izquierdas Las Palmas de Gran Canaria Puede, cuyas líneas rojas para cerrar pactos de gobierno pasan porque sus socios no lleven en las listas imputados.
Sin embargo, para el portavoz y negociador de LPGC Puede, Javier Doreste, la reaparición de este caso responde a las ganas del PP de romper el tripartito de izquierdas en la capital: “Es un caso que quiere regresar como la gaviota del PP, pero no va a volver”, dijo Doreste como claro respaldo a Quevedo y apuntando a los manejos del PP para torpedear el acuerdo.
Quevedo también recordó que la denuncia del funcionario, que sitúa en el tiempo después de que a este exjefe de servicio se le abriera un expediente disciplinario, cuenta “con dos informes negativos de la Fiscalía” y ha sido archivada dos veces. El concejal y diputado dijo que “quienes quieran romper el pacto han pinchado en hueso”, a la vez que Javier Doreste mantuvo que “haremos todos los esfuerzos para que haya un gobierno sólido y estable”.
El caso de los centros de menores cuya titularidad es del Cabildo de Gran Canaria y están gestionados por ONGs se centra, como ha informado CanariasAhora desde 2011, en la forma de repartir las dietas por menor y día establecida históricamente en la administración insular, más allá de que los centros estén ocupados al cien por cien o vacíos.
Como adelantó este periódico hace dos semanas, la juez instructora ha llamado a declarar, por primera vez, a los ocho imputados, entre ellos dos exconsejeros del mandato 2007-2011, Pedro Quevedo y Teresa Mayoral, del PSOE, y el interventor general del Cabildo, José Juan Sánchez Arencibia. A todos se le tiene previsto tomar declaración entre el lunes y el miércoles de la semana próxima, por orden de la Audiencia Provincial.
Y es que para la Audiencia, el hecho de que “la cantidad asignada [por menor y día sea] inferior al coste real nada empece en la posible comisión de un delito, pues la cantidad que se ha de ingresar, como la lógica dicta, y la ley impone, se ha de referir a la real ocupación de los centros”, y por tanto entiende que se debe seguir adelante con la investigación para determinar si del sistema de subvención a ONGs para centros de menores se derivan presuntos delitos, o como ya ha determinado una auditoría interna del propio Cabildo en noviembre de 2012, desvelada por Canarias Ahora hace dos años, es un auténtico desastre sin control alguno por parte de la administración.
La polémica abierta por la denuncia del funcionario Rafael Ramírez se centraba en que desde el Cabildo, a lo largo de los últimos 15 o 20 años, se ha estado pagando sin control a las ONG por un baremo fijo de menor y día de estancia en los centros que no se corresponde con la ocupación real de esos centros; gastos que desde la administración insular se han justificado siempre por el coste real que tiene mantener abiertos esos centros, más allá de que estén todas sus plazas ocupadas, o no. Las propias ONG han defendido este sistema, que incluso califican de deficitario para sus propias arcas.
Junto a Pedro Quevedo, en su calidad de consejero de Política Social entre 2007 y 2011, figuran imputados el que fuera director general de Política Social, Antonio Gil, la exconsejera de Recursos Humanos del Cabildo Teresa Mayoral (PSOE), su director general del mismo partido, Francisco Hurtado, el interventor general del Cabildo, José Juan Sánchez Arencibia, el extitular del Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular, Sergio Ramírez, los jefes del Servicio Técnico de Menores Juana María Sánchez Rodríguez y Francisco Javier Pérez Montesodeoca, y el educador del mismo servicio José Juan Marín.
