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La Audiencia reabre el caso de los centros de menores del Cabildo grancanario

La denuncia de 2011, dos veces archivada, por presunto fraude en las cuotas a ONGs por niño y día, incluye al actual diputado y concejal Pedro Quevedo (NC)

La juez ha citado a declarar a nueve imputados del mandato PSOE-NC entre 2007 y 2011, sin darse por enterada de la condición de aforado de uno de ellos

"Que la cantidad asignada es inferior al coste real nada empece en la posible comisión de un delito, pues la cantidad que se ha de ingresar, como la lógica dicta, y la ley impone, se ha de referir a la real ocupación de los centros", dictan 

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Centro de menores en Tafira.

Centro de menores en Tafira.

La Audiencia de Las Palmas ha vuelto a ordenar al juzgado de Instrucción número 5 de la capital grancanaria la reapertura de una investigación en torno a los convenios que el Cabildo de Gran Canaria tiene suscritos con diversas ONGs para la asistencia de menores en centros concertados, empantanada desde mayo de 2011 cuando un funcionario de la Casa Palacio interpuso una denuncia contra nueve altos cargos del Cabildo, entre ellos, el entonces consejero de Política Social y actual diputado nacional y concejal capitalino, Pedro Quevedo (NC).

En un auto del 1 de abril, la Sección Sexta señala a la juez del caso que no ha practicado todas las pruebas interesadas por el denunciante, entre ellas las de tomar declaración a los nueve imputados, como para determinar en su segundo auto de sobreseimiento libre de 25 de noviembre 2013 que no exista "dato alguno de la existencia de enriquecimiento, que abunda (sic) en el fraude a la administración o en su caso malversación". De ahí que la instrucción "no se haya agotado", debiendo practicarse esas pruebas pendientes hace cuatro años.

Señala el auto firmado por el propio presidente de la Audiencia, Emilio Moya, Salvador Alba y Carlos Vielba como ponente, que el argumento principal para el sobreseimiento fue que "los convenios sobre los centros de menores son deficientes" pero no había más datos para calificarlos penalmente. Los magistrados, por contra, entienden "evidente y los datos son incontestables, que la denuncia de las deficiencias, en sede administrativa, se efectuó en el año 2009, pese a lo cual los convenios se prorrogaron para el año 2010, y del mismo modo se evidencia que en ocasiones se asignaba una cantidad [a las ONG, por niño/día], podemos decir de alzada, con independencia de la real ocupación".

Así, para la Audiencia que "la cantidad asignada es inferior al coste real nada empece en la posible comisión de un delito, pues la cantidad que se ha de ingresar, como la lógica dicta, y la ley impone, se ha de referir a la real ocupación de los centros", y por tanto entiende que se debe seguir adelante con la investigación para determinar si del sistema de subvención a ONGs para centros de menores se derivan presuntos delitos, o como ya ha determinado una auditoría interna del propio Cabildo en noviembre de 2012, desvelada por Canarias Ahora hace dos años, es un auténtico desastre sin control alguno por parte de la administración.

La polémica abierta por la denuncia del funcionario Rafael Ramírez se centraba en que desde el Cabildo, a lo largo de los últimos 15 o 20 años, se ha estado pagando sin control a las ONG por un baremo fijo de menor y día de estancia en los centros que no se corresponde con la ocupación real de esos centros; gastos que desde la administración insular se han jusitificado siempre por el coste real que tiene mantener abiertos esos centros, más allá de que estén todas sus plazas ocupadas, o no. Las propias ONG han defendido este sistema, que incluso califican de deficitario para sus propias arcas.

La juez instructora dictó el 29 de abril una providencia en la que citaba a declarar los días 25 y 27 de mayo próximos al denunciante y los nueve imputados, sin darse por enterada de la condición de aforado de uno de ellos, lo que le obligaría a abstenerse en favor del Tribunal Supremo. Las citaciones han quedado de momento suspendidas por la coincidencia de otros señalamientos, sin que se haya fijado nueva fecha. Desde el Cabildo de Gran Canaria se ha respondido al juzgado de que no tiene constancia de los domicilios de varios de esos cargos públicos, aparte de no poder facilitarlos en cumplimiento de la protección de datos.

Junto a Pedro Quevedo figuran el que fuera director general de Política Social, Antonio Gil, la exconsejera de Recursos Humanos del Cabildo Teresa Mayoral (PSOE), su director general del mismo partido, Francisco Hurtado, el interventor general del Cabildo, José Juan Sánchez Arencibia, el extitular del Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular, Sergio Ramírez, los jefes del Servicio Técnico de Menores Juana María Sánchez Rodríguez y Francisco Javier Pérez Montesodeoca, y el educador del mismo servicio José Juan Marín.

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