Saavedra insinúa que Aguirre tiene parte de responsabilidad
El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra, ha insinuado este miércoles que una parte de las responsabilidades derivadas de la sentencia del Tribunal Supremo en relación a la Biblioteca Pública del Estado podrían corresponder al Ministerio de Cultura, regido en aquella época por Esperanza Aguirre, porque la licencia otorgada por la institución local en 1997 “no le dice claramente que tiene autorización para construir”.
Así lo afirmaba Saavedra en el acto de bienvenida a los tres Reyes Magos a la capital grancanaria, donde se pronunció por primera acerca de esta nueva sentencia desfavorable a los intereses municipales en materia urbanística, y que plantea la destrucción del emblemático edificio o un posible acuerdo económico con los vecinos que todavía no ha sido cuantificado.
“No convienen las prisas porque se trata de un tema muy complejo”, ha advertido el regidor municipal, que recordó que el Ayuntamiento es quien da la licencia, “paga y contrata la obra el Ministerio de Cultura y se cede la gestión al Gobierno de Canarias”.
En este contexto, Saavedra indicó que “lo primero que hay que hacer” es clarificar “si está implicado en la responsabilidad” el Ministerio de Cultura “ante los que han ganado el recurso”, en relación a la comunidad de propietarios del Edificio San Telmo, situado en la parcela trasera de la Biblioteca, abierta en 2001.
Asimismo no descartó que se pueda pedir responsabilidad a los políticos que en el momento de la concesión de la citada licencia gobernaban, en este caso, a José Manuel Soria -como alcalde- y Jorge Rodríguez como edil de Urbanismo, después de aclarar que la responsabilidad de los técnicos “está fuera de toda duda”, ya que emitieron tres informes desaconsejando la construcción.
“Han sido los políticos los que no han hecho caso a los técnicos”, enfatizó, aunque aclaro que esa responsabilidad “hay que estudiarla porque primero tiene que haber una sentencia de tribunales penales, para que luego el Ayuntamiento pueda reclamar que le paguen los daños que han ocasionado esos políticos”, a los que no citó.
La complejidad de la cuestión ha llevado al consistorio a contratar los servicios de un “importante” gabinete jurídico externo, que asesorará al Ayuntamiento en el proceso que ahora se abre.
