SCTF descarta cambios en el sistema actual de aguas
El Ayuntamiento de Santa Cruz ha hecho pública una nota de prensa a través de la cual explica que aunque aún no han sido notificados oficialmente sobre la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que ratifica la anulación de la privatización del servicio de aguas, Emmasa en principio considera que el fallo “no entra en el fondo de las cuestiones planteadas ya resueltas en la sentencia de instancia, y no anula el sistema de gestión de aguas de la capital ni supone ningún cambio en la situación actual”.
No obstante, la Corporación local se compromete a estudiar “a partir de estos momentos la fórmula más conveniente a los intereses de la ciudad”. Para el Ayuntamiento el Supremo ha venido a reconocer la potestad municipal para optar por el sistema que estime más eficiente, aunque acto seguido se admite que la anterior resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ratificada ahora por el Supremo “considera que debería haber seguido un trámite diferente”.
El Ayuntamiento reconoce que durante este proceso judicial quedó clara “la necesidad de someter a información pública la memoria por la que se motivaba el acuerdo de cambio de gestión del servicio de gestión de aguas en la capital de la titularidad municipal 100% a empresa mixta”. Precisamente, por este error quedó anulado el pleno posterior en el que se acordó la privatización del servicio, la convocatoria del concurso y su resultado que recayó en la empresa Sacyr-Vallehermoso por un período de 25 años. “Nuestros Servicios Jurídicos aún no han recibido oficialmente esta resolución pero nos comprometemos a estudiar a partir de ahora la fórmula más adecuada y conveniente a los intereses municipales para la subsanación de cualquier defecto formal respecto a su tramitación, de manera que no se vea perjudicado el servicio para los usuarios”.
En este sentido el Ayuntamiento apunta que el TSJC primero y el Supremo ahora reconocen la potestad de la Corporación local, dentro de la legítima autonomía municipal, para cambiar y decidir el sistema que considere más eficiente, aunque admite que “lo que se ponía en cuestión es el trámite que se había seguido para su adjudicación”. También se indica que el recurso planteado por el Ayuntamiento cuando Miguel Zerolo era alcalde de la ciudad, “no incidía en la sentencia del TSCJ, ya que se trataba de un recurso de casación en interés de Ley que no afecta al fallo, sino a la interpretación jurídica de la Ley”. Por lo tanto, el actual alcalde, José Manuel Bermúdez apunta que de acuerdo con los informes técnicos municipales para garantizar la calidad en el abastecimiento y viabilidad económica para los usuarios, “los Servicios Jurídicos estudiarán en profundidad la resolución judicial en todos sus términos, para proponer el trámite administrativo que permita adoptar las decisiones que sean necesarias”.
