SCTF se enfrenta a otra indemnización millonaria

El concejal de Urbanismo de Santa Cruz, José Ángel Martín Bethencourt ha trasladado al representante de la asociación de vecinos Ifara-La Ninfa, Mariano Reymundo su preocupación por las consecuencias que puede acarrear la concesión de una licencia que según los primeros informes resultó errónea y permitió la construcción de un geriátrico.El concejal ha señalado que por lo que conoce del expediente este asunto puede implicar el desembolso de una indemnización millonaria a los promotores por parte de Urbanismo.

Los tribunales obligaron a la Gerencia a llevar a cabo la revisión de oficio de esta autorización y ya los técnicos han indicado que efectivamente han encontrado “indicios” de que se permitió construir el doble de lo que establecen las normas urbanísticas para este ámbito. Según Reymundo tras diversas reuniones con representantes de la Gerencia estos le han comunicado que han detectado “anomalías” en el procedimiento seguido.

El representante vecinal acaba de presentar un escrito ante el Juzgado para que el organismo autónomo lleve a cabo la ejecución forzosa de la sentencia emitida hace un año que obligaba a volver a estudiar esta licencia dictada en el mes de abril del año 2003 por la que se permitió la construcción de un edificio de tres plantas y sótano. Igualmente exigía que ésta fuera anulada al considerar que existía base legal para concluir con que el edificio no se adapta a las normas urbanísticas del entorno.

Reymundo recuerda que el fallo es firme desde finales de 2010 pero que aún no se le ha dado cumplimiento pese a que entonces se dio un plazo de diez días. Por ello, esta asociación vecinal ha decidido interponer otro recurso contencioso administrativo en contra de la Gerencia de Urbanismo. En cualquier caso el colectivo pide al Juzgado que se proceda a la imposición de multas coercitivas periódicas de hasta mil quinientos euros y hasta la completa ejecución del fallo judicial, “por la mala fe manifestada, y con apercibimiento de la posible responsabilidad penal en la que se pudiera incurrir”.

Por su parte, la representación de Residencias Atlántida, propietaria del Geriátrico, defendió que Urbanismo se debe inadmitir la solicitud planteada por la asociación de vecinos y también se opone a que se recabe dictamen del Consejo Consultivo “por que no existe ninguna causa de nulidad”. La empresa considera que la solicitud carece “manifiestamente de fundamento ya que se refiere a dos licencias urbanísticas que deben considerarse extinguidas por sustitución”. Además, apuntan que el propio Ayuntamiento ya se ha pronunciado acerca de la conformidad de derecho“, sobre esta cuestión.

No es ni mucho menos la primera irregularidad que se localiza en Ifara donde son varios los edificios sobre los que en algunos casos ya pesan sentencias firmes de demolición. En el conocido como La Ninfa la no ejecución de una sentencia de derribo ha dado lugar a la imputación de los antiguos concejales de Urbanismo, Manuel Parejo y Norberto Plasencia, al ex gerente, José Tomás Martín y al ex secretario, Víctor Reyes. Por motivos parecidos ya se ha procedido al derribo de una vivienda unifamiliar y de un edificio en Residencial Anaga y existen otras cinco sentencias firmes que podrían acabar de idéntica manera.

En todos estos casos los juzgados han considerado que el responsable de los incumplimientos no son los promotores sino la propia Gerencia de Urbanismo a la que los dueños podrán pedirles indemnizaciones que hasta ahora han oscilado entre los 150.000 y los 300.000 euros. Entre las cinco edificaciones sobre las que pesa una orden de demolición total o parcial se encuentra la que es propiedad del diputado nacional y consejero insular del Partido Popular (PP), Manuel Luis Torres Herrera. Estas licencias fueron otorgadas hace años por otro cargo del PP, Pablo Matos cuando ejercía como concejal de Urbanismo y que actualmente también es diputado nacional y edil en la oposición del Ayuntamiento por esta formación política.

Resulta llamativo que Torres Herrera fuera viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias cuando acabó de construir su casa a finales de la década de los años noventa.