SCTF ignora a los usuarios de Las Teresitas

Apenas 12 euros por el pinchazo que sufrió un vecino en su pie con un clavo que sobresalía de las pasarelas de madera y otros 9.500 por un resbalón en las duchas son las indemnizaciones que desde el año 2009 ha asumido el Ayuntamiento de Santa Cruz por el mal estado de las instalaciones de la playa de Las Teresitas. De resto los ciudadanos que han acudido con sus quejas por motivos como caídas, deficiencias en los paseos de madera, tropezones con los socavones que se abren en la orilla o desperfectos en sus coches por la aparición de manchas de aceite o baches en la carretera han visto como la Corporación ha optado por mirar a otro lado.

El mal estado de las instalaciones de la playa es un hecho conocido y asumido por el propio Ayuntamiento que en el año 2011 destinó apenas 100.000 euros para intentar solucionar lo que se ha convertido en una reclamación incesante de los vecinos. Pero esta cantidad resultó insuficiente desde un principio para atajar un problema histórico agravado por los líos judiciales en los que está sumida esta playa.

Los enfrentamientos entre Santa Cruz y la Dirección General de Costas llegaron al punto de que la anterior Corporación encabezada por Miguel Zerolo anunció en 2008 que no iba a ocuparse de las tareas de mantenimiento y limpieza si el organismo estatal insistía en no firmar el convenio para ejecutar la rehabilitación de este espacio según el proyecto del arquitecto francés, Dominique Perrault. Costas tuvo entonces que recordar que estas competencias son una obligación municipal y no un favor que se pueda prestar de forma discrecional y según el capricho de los gobernantes.

En apenas tres años han sido doce los casos de ciudadanos que han cumplimentado los inacabables trámites para recibir compensaciones por los daños que han sufrido en la playa. Casi todos ellos han visto como se les daba el no por respuesta, se les reclamaba más documentación, se detectaba que no habían presentado las pruebas suficientes o se les obligaba a iniciar la denuncia desde el principio. Los casos son muy variados. Por ejemplo, una mujer se cae al subir por las escaleras que hay al lado de la Cruz Roja e intenta luego cruzar el muro que presenta un desnivel con la arena. Otro señor chocó su vehículo por una mancha de aceite que apareció en la calzada y que no pudo ver por la poca iluminación del tramo final de la playa o varios vecinos que tropiezan en las pasarelas de madera que no han sido reparadas desde hace años.

El caso más tristemente famoso ha sido el de un matrimonio de personas mayores que mientras paseaba por la orilla se hundieron en uno de los agujeros que por motivos desconocidos se abren durante la época de verano. En este caso pedían una indemnización de más de 35.000 euros tras las graves secuelas que sufrieron pero al igual que los demás accidentados recibieron el no por respuesta o se les obligó a cumplimentar una larga y desalentadora serie de requisitos administrativos. Muchos desistieron.

En estos años tan sólo dos personas han conseguido que el Ayuntamiento les abone una indemnización. Entre los `afortunados' está un señor que pisó un clavo de la pasarela de madera y al que se le abonó 12 euros que es la cantidad que le costó la talonera que tuvo que adquirir tras el accidente y que le obligó a permanecer de baja durante 14 días. Pero la única accidentada que ha visto reconocido su derecho en todo este tiempo fue una vecina que se resbaló en las duchas del acceso número 3 y que tras una complicada operación quirúrgica se quedó con secuelas en un hombro y el brazo de por vida. Por todo ello, cobró 9.500 euros aunque en el informe elaborado por el Consejo Consultivo de Canarias que es el que tiene la última palabra sobre estos asuntos se criticó el desinterés del Ayuntamiento en reconocer los perjuicios ocasionados a pesar de los testimonios de los testigos y a que durante el período de pruebas hubiese quedado acreditado de sobra “el peligroso estado” de la ducha.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha anunciado que disponen de más de 800.000 euros para proceder a rehabilitar la playa y ejecutar así un proyecto que incluye la construcción de un nuevo paseo o la remodelación de los kioscos. Sin embargo, ya ha adelantado que dada la extrema judicialización de todo este espacio cuyo deslinde aún está en el aire no se atreve a dar fechas concretas para el inicio de la obra y más bien parece que estaría satisfecho con que comenzaran antes de finalizar el actual mandato.

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