Segunda imputación para Zerolo en el Supremo
La situación procesal del exalcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo de Coalición Canaria (CC), en vez de solucionarse se va complicando por momentos. Acaba de trascender que el actual senador por la Comunidad Autónoma ha declarado ya formalmente ante el Tribunal Supremo (TS) en calidad de imputado tanto por los supuestos delitos de malversación de fondos públicos con respecto al 'caso Las Teresitas' como por prevaricación en las obras del antiguo instituto García Cabrera. El abogado del colectivo Justicia y Sociedad, José Pérez Ventura, que ha llevado ambos asuntos hasta el momento ha señalado que a partir del lunes se personará ante el TS para unirse a la querella que en estos momentos tramita la Fiscalía.
Con respecto a Las Teresitas el Supremo ha decidido por ahora mantener la imputación de malversación de fondos por la compra de los terrenos del frente de la playa valorados inicialmente por la técnica de la Gerencia de Urbanismo, Pía Oramas en 17 millones de euros pero comprados finalmente por 52,4 millones. La arquitecta compareció ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y declaró que había recibido presiones para elevar su tasación a lo que se negó. Poco después dejó el organismo autónomo y pasó a trabajar en el Cabildo.
Por ello, Pérez Ventura no puede sino ironizar ante las declaraciones del ex alcalde que de una vez ha vuelto a manifestar que en ambos asuntos se limitó a seguir las indicaciones de los técnicos. “El modus operandi de Zerolo da la impresión de haber sido siempre el de presionar para que los informes salieran a su favor y sino ocurría así entonces cesaba a los responsables de elaborarlos. Por eso es de risa que una y otra vez se escude desde hace años en que se limitaba a seguir las instrucciones de los técnicos. El exalcalde no ha dicho nada nuevo”, indica el abogado. “Estamos hablando de una manera de gobernar el Ayuntamiento y que aún todavía sigue dejando secuelas en la gestión pública. Zerolo es licenciado el Derecho y sabía muy bien hasta donde podía llegar en el uso del dinero público”, explicó.
Pérez Ventura ha señalado que también ha recurrido ante el Supremo para que se retome la imputación por el supuesto cobro de sobornos en el 'caso Las Teresitas' que quedó inicialmente aparcada tras el nombramiento de Zerolo como senador y por lo tanto su condición de aforado lo que dio lugar a que a partir de ahora sea juzgado por el Supremo y no por el TSJC. “Creemos que hay elementos de sobra para que el TS vuelva a retomar esta imputación”, dice el abogado. Y es que en el sumario sobre el que se levantó el secreto hace ya más de un año las investigaciones policiales determinaban que durante el periodo analizado que abarca del año 2001, momento en el que se cerró la compra de la playa a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, hasta 2006, cuando la Fiscalía Anticorrupción presentó la denuncia, el exalcalde debió disponer de “gran cantidad de dinero de origen desconocido” ya que prácticamente no sacaba fondos de sus cuentas.
En el 'caso García Cabrera' Pérez Ventura indica que están a la espera de conocer el contenido de la querella presentada por el Ministerio Público para determinar si efectivamente existió un desfase de dinero entre las obras certificadas y el coste final, para lo cual la Fiscalía designó un perito. Si así se confirmaran también pedirían que se analice el posibilidad de presentar una acusación contra el exalcalde por el supuesto cobro de sobornos. “Es muy difícil que haya una prevaricación y una malversación de fondos sino hay detrás un cohecho”, señala el abogado tanto en relación con Las Teresitas como con las obras del instituto. Ahora el siguiente paso será que el TS se tendrá que dirigir formalmente a la Cámara Alta para pedir el procesamiento del senador, un paso que seguramente se dará en los próximos días. En toda la historia de la democracia el Senado sólo se ha negado en una ocasión ha aceptar esta petición de los Juzgados. La Fiscalía del Supremo ya ha anunciado que están dispuestos a solicitar que se retome la imputación del ex alcalde por el presunto cobro de dinero bajo mesa en la compra del frente de la playa.
El 'caso Hermanos García Cabrera', despuntó en el año 2005 poco después de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife decidiera emprender en un antiguo edificio de Ofra en el que se situaba un instituto con este nombre obras menores por valor de algo más de 300.000 euros, pero que finalmente sumaron casi 6 millones los trabajos que realizó la empresa Imes. El objetivo era acondicionar el inmueble como nueva sede de las dependencias del Ayuntamiento dado el mal estado en el que se encontraban las ubicadas en General Antequera, junto a la sede central. Lo que comenzó como una obra menor y por lo tanto sin tener que someterse a los estrictos controles que implicaban entre otros, la convocatoria de un concurso público, se convirtió al final en una actuación en toda regla en la que para sortear los requisitos legales se fue procediendo a sucesivas adjudicaciones por importes pequeños.
La empresa beneficiaría fue Imes que desde hace años se encarga del mantenimiento de los edificios municipales y sobre todo de la electricidad, lo que levantó aún más las sospechas de los denunciantes. Pese a que el alcalde se ha vuelto a escudar en que siempre hizo caso a las recomendaciones de los técnicos lo cierto es que poco tiempo después de iniciarse las obras comenzaron a emitirse sucesivos informes por parte de Intervención poniendo todo tipo de reparos al sistema que se estaba empleando. El exalcalde de forma invariable hacía caso omiso las advertencias legales y optaba por continuar con las obras. Según los denunciantes, Zerolo avaló facturas que oscilaban entre los 120.000 y los 270.000 euros con el fin de sortear los controles legales.
