La sombra de OHL en Canarias: 1.200 millones en adjudicaciones durante 15 años

Una peseta. Esa es la cantidad simbólica que el 31 de julio de 1987 pagó Juan Miguel Villar Mir, un ingeniero de caminos que hizo carrera política durante el Franquismo y la Transición, para hacerse con el control de la empresa Obrascón. Un primer paso que, más allá de lo anecdótico del precio, supuso el germen de una operación que se terminó de gestar en la década siguiente con la fusión de otras dos grandes sociedades, Construcciones Huarte y Construcciones Lain. Tres entidades que fueron las semillas de las que brotó Obrascón Huarte Lain SA, más conocida por sus siglas, OHL; un gigante del cemento que se encuentra entre los seis mayores grupos empresariales del sector en España. La compañía, que abandonó el IBEX 35 en 2016 pero cotiza en el mercado continuo, atraviesa su mayor crisis después de que la Audiencia Nacional haya abierto la caja de las sospechas por el presunto pago de comisiones ilegales para ganar adjudicaciones de las administraciones públicas. También en Canarias.

OHL siempre ha presumido de mantener buenas relaciones con las instituciones que gestionan el dinero público. En un publirreportaje publicado en el periódico La Provincia en 2004, en pleno trasiego de las presuntas mordidas que investiga el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en una pieza separada de la Operación Lezo, la compañía se vanagloriaba de estar “detrás de gran parte de las obras que se llevan a cabo a diario en la Isla”. Aunque el texto aludía solo a los trabajos adjudicados en Gran Canaria, la multinacional de Villar Mir, eterno aspirante a la presidencia del Real Madrid, ha manejado una importante cartera de negocios en todo el territorio autonómico. Para muestra, un dato: en los últimos 15 años ha movido cerca de 1.200 millones de euros en contratos con las administraciones del Archipiélago.

Son más de 60 las adjudicaciones de las que se ha beneficiado OHL en las islas desde 2004, pero solo tres están en el ojo de la investigación que ejecuta la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil: el puerto de Granadilla (Tenerife), el muelle de La Estaca (El Hierro) y la carretera Guía-El Pagador (Gran Canaria). Tres son también los nombres de los políticos relacionados con el supuesto cobro de comisiones ilegales en el Archipiélago: Luis Suárez Trenor, expresidente de Puertos de Tenerife; Antonio Castro, exconsejero de Obras Públicas; y Julio Bonis, exconsejero de Sanidad. Todos están relacionados directamente con la antigua Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI) y Coalición Canaria (CC).

Las primeras pesquisas que se plasman en el sumario de la Operación Lezo ponen de manifiesto una práctica sistemática de exdirectivos de OHL para obtener suculentos contratos públicos, aunque la instrucción de la Audiencia Nacional se centra solo en aquellas adjudicaciones nombradas en los elementos principales que han levantado las sospechas: unas grabaciones en la que se cita el cobro de comisiones ilegales por diferentes actuaciones y un archivo informático donde se apuntaba el pago exacto de cada mordida. Ambas pruebas encajan como piezas de un puzle.

En la lista de investigados se encuentra el hombre fuerte de OHL en Canarias, Andrés Román Solorzano, director de Obra Civil de la compañía en el Archipiélago desde 2010 y más tarde delegado territorial de la multinacional. En una de las grabaciones interceptadas habla con total normalidad de las presuntas comisiones que se habrían pagado a cambio de adjudicaciones, durante una conversación en la que también participan otros dos exdirectivos, Paulino Hernández Ros y Rafael Martín Nicolás. Las tres actuaciones que están bajo sospecha en la Audiencia Nacional rondan los 240 millones, una cifra que supone el 20 por ciento de todo el dinero que ha manejado la empresa en las islas.

La lista de obras de las que se ha beneficiado OHL en Canarias, más allá de los contratos investigados, no ha estado exenta de polémica. La última de las actuaciones es un buen ejemplo, además de ser la adjudicación más importante que ha ganado la entidad en los últimos 15 años: el cierre del Anillo Insular de Tenerife por 213,4 millones. La oferta de la compañía, en una Unión Temporal de Empresas (UTE) con SATO, una de sus filiales, Excavaciones Bahillo SL y Asfaltos Bahillo SL; supuso una baja de más del 30 por ciento con respecto al precio inicial de la licitación, que ascendía a 310 millones. Un informe de técnicos de la Consejería de Obras Públicas, fechado el pasado mayo, concluyó que la propuesta era “justificada y viable”.

Puertos

PuertosUna de las ramas del sector de la construcción en la que se ha distinguido OHL, a través de su filial especializada SATO, está relacionada con las obras portuarias. El caso de Granadilla, además de estar investigado en la Operación Lezo por existir indicios del pago de comisiones ilegales, se trata del segundo contrato más importante firmado por la compañía en Canarias, con una adjudicación que alcanzó los 114,5 millones de euros. Según las grabaciones y las anotaciones informáticas intervenidas por la UCO, la mordida por los trabajos realizados en el muelle de abrigo habría superado los 1,3 millones de euros. Si se tiene en cuenta la participación de OHL en la UTE formada junto a FCC y Promotora Puntalarga, la cuantía alcanza el tres por ciento del que se habla en las conversaciones de los exdirectivos de la compañía.

La tercera actuación más importante de las acometidas por OHL en Canarias, con un coste de 97 millones, no estuvo exenta de polémica. La empresa logró hacerse en julio de 2009 con la adjudicación de la primera fase de la carretera de La Aldea, en el norte de Gran Canaria. Aunque los trabajos tenían una duración prevista de tres años, la obra no se inauguró hasta 2017. En la hemeroteca de ese día se puede encontrar una curiosa imagen de varios políticos (Fernando Clavijo, Pablo Rodríguez y Antonio Morales, entre otros) con la mano posada sobre un cono para conmemorar la apertura del último tramo de tres kilómetros de los 10 construidos.

Con una cuantía similar, algo más de 95 millones, y salpicada por los indicios del cobro de comisiones ilegales, se encuentra la carretera entre Santa María de Guía y El Pagador, en Gran Canaria. Una adjudicación de 2006 de la que fue responsable el exconsejero de Obras Públicas del Archipiélago Antonio Castro, imputado en la Operación Lezo, y por la que, según el sumario del caso judicial, se habrían pagado mordidas por valor de 1,3 millones de euros.

Una isla donde OHL ha sido especialmente agraciada con contratos públicos es Fuerteventura. En tierras majoreras, la compañía ejecutó un tramo importante, de unos 18 kilómetros, del conocido como eje insular, la autovía que une Puerto del Rosario y Corralejo. La carretera de La Caldereta, que llevó a cabo en una UTE con la empresa Cororasa, tuvo un coste total de 65,6 millones. Una actuación que comenzó en 2008 y también tardó cerca de una década en ejecutarse. También en 2018, y mediante la misma alianza de constructoras, se terminaron los trabajos de otra arteria clave, la vía entre Costa Calma y Pecenescal, con un presupuesto de 40,6 millones.

En la misma isla se levantó otra de las infraestructuras más destacadas de las realizadas en Canarias: el hospital de Fuerteventura. Con un coste que superó los 55 millones, la obra no ha estado exenta de contratiempos por problemas a la hora de consignar la financiación necesaria, a pesar de ser una de las principales demandas sociales de la población majorera.

Una de las adjudicaciones más recientes que ha ganado OHL, y también una de las más controvertidas, es la construcción del nuevo muelle de Agaete, con un valor que se acerca a los 45 millones. Una infraestructura cuyo futuro ha entrado en punto muerto a raíz de las oposición popular y el escándalo que ha levantado la Operación Lezo, lo que ha llevado al nuevo Gobierno a replantearse su ejecución.

Otros trabajos

Otros trabajosLa multinacional, que desde hace años ha extendido su área de influencia al continente americano, con más de un sonado fracaso que ha engordado sus cifras negativas, también ha desarrollado importantes proyectos en Santa Cruz de Tenerife. Por 40,2 millones llevó a cabo la primera fase de la vía litoral. Por una cifra similar, con más de 22 millones de aportación pública, fue la constructora responsable de consumar la rehabilitación del emblemático Hotel Mencey, que gestiona el grupo privado Iberostar.

Si se avanza en la lista de adjudicaciones que ha recibido OHL en Canarias, a través de un orden económico, la siguiente actuación más importante que aparece es el Edificio de Formación y Congresos de Fuerteventura, cuyo presupuesto en sus distintas fases alcanzó los 35,1 millones. En tierras majoreras también recibió la compañía el encargo de otra construcción que destaca en el paisaje de Puerto del Rosario, el Centro Insular de Deportes Francisco Melián, por 19 millones.

Al Palacio de Congresos de Fuerteventura le sigue de cerca otra de las obras investigadas por la Audiencia Nacional, la ampliación del muelle de La Estaca, en El Hierro; unos trabajos que rebasaron los 29 millones de coste, de los que un tres por ciento, según las grabaciones de la Operación Lezo, fueron a parar al expresidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife Luis Suárez Trenor. El exdirigente de Coalición Canaria manejó altas cantidades de dinero en efectivo de origen desconocido durante los años de las presuntas mordidas.

Las intervenciones portuarias de OHL siempre se llevan a cabo a través de SATO, una de sus ramificaciones, a la que no se debe confundir con la empresa canaria Satocan. Otro destacado ejemplo es la reciente adjudicación de la segunda fase del dique Reina Sofía, en Las Palmas de Gran Canaria, por 23,9 millones. Las aguas también lucen turbias en este caso, ya que uno de los principales competidores del imperio de Villar Mir, el grupo Sacyr, recurrió el concurso al considerar que su oferta no había sido valorada de forma correcta. Menos conflictivas han sido las dos actuaciones que ha realizado la entidad en una zona cercana, el muelle de La Esfinge, reservada al grano y a las plataformas petrolíferas. Las dos fases acometidas por la filial de la compañía (11,5 millones y 20,5 millones) alcanzaron los 32 millones.

De vuelta a Tenerife hay que destacar dos intervenciones que no pueden caer en el olvido. Una de ellas es la construcción del Tenerife Espacio de las Artes, más conocido como TEA, el edificio donde se ubica la biblioteca municipal y que inicialmente iba a llevar el nombre del artista Óscar Domínguez. Su coste rondó los 23 millones. La otra está en el recuerdo más negro de la capital, ya que OHL fue la adjudicataria de la primera fase del fallido proyecto de Las Teresitas, donde se incluía el polémico edificio de aparcamientos de la entrada de la playa. Todo por algo más de 21 millones, aunque la historia es bien conocida: los trabajos se suspendieron por la corrupción que rodeó al bautizado como mamotreto, lo que llevó a prisión a los responsables políticos y técnicos de las obras. La compañía, que cobró por la vigilancia del edificio mientras se resolvía la causa judicial, también tuvo que ser indemnizada.

Otra obra considerada faraónica por su tamaño y escasa eficiencia es el aeropuerto de Santa Cruz de La Palma. OHL fue la encargada de llevar a cabo la construcción de los aparcamientos, a la altura del resto de la infraestructura, que suelen lucir una imagen desoladora por la falta de usuarios. El precio también alcanzó los 20 millones de euros.

En Gran Canaria se han desarrollado otras actuaciones destacadas por parte de OHL. Son los casos del colector de Barranco Seco (17,1 millones), la segunda fase del Hospital del Pino (17 millones), el cuarto carril de la carretera de Bañaderos (15,3 millones), las obras para la conducción de aguas en la capital (12,7 millones) o la nueva línea de atraque paralela a Nelson Mandela (11,5 millones).

Fue también OHL quien realizó la obra de rehabilitación del Parador Nacional de Cruz de Tejeda, por poco más de cinco millones, que reabrió sus puertas en el verano de 2006 tras 25 años cerrado y abandonado. Los trabajos de la compañía supusieron la ampliación del recinto, que pasó de 22 habitaciones a un total de 44. Catorce de ellas se vieron afectadas por el incendio que provocó su clausura temporal durante el año 2017.

Cuando ni se sospechaba de la existencia de una presunta red orquestada para el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones, la compañía se vio afectada por un escándalo judicial en la capital grancanaria. Las sospechas tiñeron de negro la reforma del teatro Guiniguada, cuya segunda fase, con un coste superior al millón de euros, fue acometida por OHL. La Fiscalía llegó a interponer una denuncia en 2007 contra tres técnicos del Gobierno autonómico por una presunta estafa, al considerar que se abonaron cantidades por obras que nunca se realizaron. El caso fue archivado en los tribunales.

Entre los ámbitos en los que se desenvuelve la empresa que lidera el imperio de Villar Mir destaca la construcción de centros educativos. En Canarias, OHL se ha encargado de la ampliación del colegio Las Arenas (tres millones), las obras del colegio Fabelo (tres millones), el colegio de Corralejo (2,3 millones), o la rehabilitación de los institutos de educación secundaria Alonso Pérez (2,1 millones) y Tomás de Aquino (517.550 euros).

Además de su posición en el sector educativo, también ha destacado la compañía por su presencia en el espectro sanitario. Junto a las obras hospitalarias, en las islas destacan las actuaciones de OHL en distintos centros de salud, casos de Las Dehesas (2,2 millones) o Luis Benítez (dos millones). En su legado en Canarias figuran, a su vez, trabajos encaminados a la construcción de viviendas sociales para el Ejecutivo autonómico, como en Las Torres (2,7 millones) o en Puntagorda (756.166 euros).

El listado de adjudicaciones que se ha llevado Obrascón Huarte Lain SA en los últimos 15 años en el Archipiélago se completa con las obras de la Residencia de Fuerteventura (9,3 millones), la plaza de San Mateo (8,5 millones), el contradique sur del muelle de cruceros de Arrecife (ocho millones), la rehabilitación de la sede del INtech (5,5 millones), la repavimentación de la pista del aeropuerto Tenerife Sur (4,7 millones), la piscina municipal de Puerto del Rosario (3,8 millones), los trabajos para el sellado del vertido de Butihondo (2,7 millones), la segunda fase de la urbanización del dique Reina Sofía (2,4 millones), la ampliación de la explanada sur del puerto de Las Palmas de Gran Canaria (dos millones), la reforma de los puentes Galcerán y Serrador (1,7 millones cada uno), los arreglos por el deterioro de los túneles de la avenida Marítima (1,5 millones), el arreglo del casco de Corralejo (1,5 millones), el pabellón del Cono Sur (1,3 millones), el centro sociocultural de Mazo (1,2 millones), la explanada de la dársena deportiva de Puerto del Rosario (1,1 millones), el polideportivo de Santa Cruz de La Palma (1,1 millones), la remodelación de la plaza de Antigua (un millón), la planta de compostaje de Santa Cruz de Tenerife (800.000 euros), el saneamiento de El Altillo (768.468 euros), la reforma de la nueva sede de la Fundación Alfredo Kraus (489.447 euros), el paseo de Arguineguín (400.000 euros), el centro de inspección portuaria de Santa Cruz de La Palma (366.648 euros), la primera fase del edificio de presidencia de Fuerteventura (179.180 euros) y la mejora de la Plaza del Príncipe con el Plan Urban (37.831 euros).

En el reportaje publicado en 2004 en La Provincia, OHL asegura que desde la primera piedra que puso en Canarias, allá por el año 1960, “la constructora ha ejecutado más de mil obras en todo el territorio de la Comunidad Autónoma”.