Soria insiste en que el alcalde de Mogán estuvo 48 horas detenido y sin abogado
El presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, insistió este martes en que el alcalde de Mogán (Gran Canaria), Francisco González, no pudo comunicarse con su familia hasta que fue puesto en libertad sin fianza, y que no pudo contactar con su asistencia letrada hasta la tarde del 25 de enero, pasadas más de 48 horas desde el momento de su detención.
Soria responde de este modo al Sindicato Unificado de Policía (SUP), desde el que este martes se afirmó que las acusaciones del presidente del PP de Canarias de que los detenidos en Mogán estuvieron 72 horas incomunicados y sin asistencia letrada, carecen “de todo fundamento” y son de una “extrema gravedad”.
El presidente del PP canario asegura en un comunicado que en ningún momento ha afirmado que las detenciones del llamado caso Mogán por presunta corrupción urbanística hayan vulnerado la legalidad.
Agrega que durante el tiempo que duró la detención del alcalde de Mogán, desde el martes 23 de enero a las 07:45 horas hasta aproximadamente la misma hora del viernes 26, habló en diversas ocasiones con familiares directos de Francisco González.
Estas personas, según Soria, le transmitieron “no saber nada” de Francisco González “más allá de estar detenido en la Comisaría General de Las Palmas de Gran Canaria”, y, de hecho, prosigue el presidente del PP canario, “es lo cierto que su familia no pudo comunicarse físicamente con el alcalde hasta una vez éste prestó declaración judicial”.
José Manuel Soria también indica que una vez puesto en libertad sin fianza Francisco González, éste le transmitió que el trato recibido de los agentes de la Policía Nacional que intervinieron en su detención, traslado y custodia fue muy correcto.
También supo José Manuel Soria que desde que el alcalde de Mogán fue detenido, en la mañana del martes 23, hasta que su defensa letrada pudo hablar con él “pasaron más de 48 horas, pues ese contacto no se produjo hasta que el Alcalde fue llamado a declarar ante la Policía Nacional, la tarde del jueves 25”.
Por ello, “sin perjuicio de que la actuación de la Jefatura Superior de Policía se ajustase a la legalidad, lo que no se discute, solicitando la debida asistencia letrada para los detenidos y sin perjuicio de que la misma conociera las detenciones, es evidente que los hechos demuestran que el alcalde no pudo comunicarse con su familia hasta ser puesto en libertad sin fianza y que no pudo contactar con su asistencia letrada hasta la tarde del jueves 25”, agrega Soria.
Lamenta que se haya hecho una interpretación de las declaraciones que realizó en el programa Buenos Días Canarias de la Televisión Autonómica, pues asegura que si se escucha la entrevista entera se comprobará que deja claro su “profunda creencia en la independencia de los jueces y en la profesionalidad de los fiscales y de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía”.
El presidente del PP canario comenta que no ha sido él “sino la prensa local del domingo”, la que, en relación al llamado caso Mogán ha planteado cuestiones como que “no es concebible que Francisco González el martes fuera un peligroso delincuente al que se detuvo para evitar su fuga y mañana esté en su despacho presidiendo la corporación municipal”.
También según José Manuel Soria, la prensa local ha preguntado si “saben los policías, los jueces y los fiscales, que la privación de libertad de las personas hay que hacerla cuando existe riesgo de fuga muy evidente, que ésta debe durar lo mínimo indispensable y que la limitación de la intimidad debe ser justificada, muy justificada”.
Añade que otra pregunta que se ha hecho en la prensa es si “la investigación que la Policía presentó ante el juez justificaba la detención programada a las ocho de la mañana, ante los medios de comunicación y ante la familia”.
Destaca asimismo Soria que en la prensa se ha preguntado si está justificada la operación “sobre todo cuando el propio alcalde, como comunicó a sus allegados, sabía que en cualquier momento lo detendrían, y si se justifica un registro domiciliario retransmitido en directo por alguna televisión”.
Y por la mañana también pidió saber cuánto tiempo estuvo el alcalde sin abogado
Antes del comunicado emitido por el Sindicato Unificado de Policía, José Manuel Soria pidió este martes que se aclare cuánto tiempo estuvo detenido el alcalde de Mogán, Francisco González, sin poder ver a su abogado y cuánto tiempo estuvo sin poder contactar con su familia.
Soria contestó así, en declaraciones a los periodistas, a un comunicado de la Delegación del Gobierno en Canarias en el que se pide al líder del PP que se retracte de sus acusaciones sobre la incomunicación o la falta de asistencia letrada al alcalde de Mogán, actualmente en libertad con cargos por presuntos delitos relacionados con la corrupción urbanística.
El presidente del PP canario aclaró que él nunca ha dicho que se conculcara ningún derecho, y agregó que si alguien le atribuye declaraciones que no ha dicho “es problema de ese alguien”.
“Yo no suscribo ni media palabra de lo que no he dicho ni con lo que no estoy de acuerdo”, dijo Soria.
Aclaró que él se limita a hacer dos preguntas: Cuántas horas transcurrieron desde la detención del alcalde de Mogán hasta que pudo contactar con su defensa y cuántas horas pasaron hasta que pudo comunicarse con alguien de su familia.
El presidente del PP canario se mostró tranquilo ante la querella anunciada por el PSOE por haber acusado a ese partido de matar (en referencia a la época de los GAL).
“Nada de lo que diga o haga el Partido Socialista me asusta, más allá de lo que son sus tenebrosas conversaciones, negociaciones y diálogo con los asesinos. Eso me asusta como a la inmensa mayor parte de la sociedad española”, declaró.
El presidente del PP acusó al PSOE de usar “esas bravuconerías” contra él cuando llegan periodos electorales con la intención de quitarle de la carrera electoral.
Se trata de tratar de sentarle en el banquillo a través de la interposición de iniciativas jurídicas, sostuvo el líder del PP.
Agregó que los socialistas ya intentaron sentarle en el banquillo en 2003 con el caso Jinámar y no lo lograron.
“Que sigan por esa vía, porque es la prueba irrefutable de que no encuentran ni el más mínimo atisbo para hacer daño electoral”, afirmó.
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