Soria insiste en negar la deuda con los cabildos
El vicepresidente del Gobierno canario y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, ha insistido en que no existe ningún déficit no reconocido en los recursos del REF de los Cabildos y ha advertido a las corporaciones locales de que el Ejecutivo no puede disminuir la prestación de determinados servicios para que la merma en los recursos públicos no les afecte.
A preguntas del diputado popular Carlos Antonio Ester, sobre el supuesto déficit, Soria fue tajante al responder que “no existe tal déficit”, aunque sí reconoció que existían intereses, recargos y demoras que conformaron un “déficit histórico” que arranca desde la puesta en marcha del REF hasta 2007, aunque, dijo, “ha sido este Gobierno el que ha satisfecho el cúmulo de esas deudas acumuladas”.
El vicepresidente recordó que nos encontramos en tiempos de restricción financiera, pero que “a pesar de ello”, el Gobierno no ha dejado de aplicar medidas para favorecer a las corporaciones locales, como planes sectoriales, sino que además se han prorrogado los que vencían en 2009.
Soria declaró que el sistema de financiación de los Cabildos “está perfectamente definido” desde 2003, por mandato del REF, por el que se define que un 58% de lo recaudado a través del IGIC, el AIEM y el impuesto de matriculaciones es para corporaciones locales y el resto para las comunidades autónomas.
Así, el vicepresidente, una vez explicado esto, considera que “es lógico que se disminuyan los recursos” y que “si alguien está pretendiendo” que el Gobierno “disminuya la prestación de determinados servicios públicos para que esa merma no afecte a los Cabildos, no lo podemos hacer, porque debemos ajustar lo disponible a la situación actual”.
Así, pidió que este tema se aborde con responsabilidad, valentía y pedagogía y que no se sumen las partes “dimes y diretes”.
Hay que recordar que el presidente de turno de la Federación Canaria de Islas (Fecai), Pedro Sanginés, anunció el pasado 21 de abril que las corporaciones locales recurrirán a la vía contenciosa administrativa judicial contra el Gobierno regional si éste incumple la vigente Ley de Financiación y no paga los 75 millones de euros que el Ejecutivo supuestamente les adeuda del año 2009 por los ingresos del REF.
