Los traslados forzosos se disparan en LPGC
El “Estado del miedo” se ha implantado en los pasillos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde el área de Recursos Humanos, dirigida por José María Cabrera, ha realizado en el último mes entre 15 y 20 traslados de departamento al personal laboral, de los cuales el 75% han sido forzosos, según ha denunciado el presidente del Comité de Empresa y coordinador de Intersindical Canaria (IC), José Manuel Rodríguez.
Lejos de ser un hecho aislado, Rodríguez señala que los traslados forzosos se llevan efectuando desde hace meses, siendo más notables este julio, cuando se han llegado a detectar hasta ocho en un solo día.
IC, sindicato mayoritario en la Corporación capitalina, cuestiona en un comunicado los motivos que han llevado al Gobierno del Partido Popular (PP) a llevar a cabo dichos cambios “indiscriminados”, que afectan a todas las categorías de la plantilla municipal. Asimismo, manifiesta que éstos se realizan sin previo aviso al afectado, salvo la carta de presentación que indica el cambio de servicio “de un día para otro, sin que se tengan en cuenta, ni por asomo, las circunstancias personales de los empleados”.
Rodríguez reconoce que el Gobierno municipal tiene potestad para trasladar al personal, sin embargo, añade que la Ley de Procedimiento Administrativo Común estipula que dicho acto administrativo debe estar motivado, porque “sino estaríamos hablando de una dictadura pura y dura”. Pese a las exigencias sindicales de una explicación, asegura que “ignoramos cuáles son los criterios que se siguen para los traslados”.
La única respuesta que IC dice haber obtenido es que las reubicaciones responden a necesidades del servicio, además de que “sabemos que en una reunión el director general dijo que eran porque sí”.
El presidente del Comité denuncia los cambios realizados por Cabrera “a su antojo y criterio personal”, más aún cuando se llevan a cabo en lo que considera como la antesala de la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), cuando “todos tienen que estar colocados en sus puestos”.
“Sospechamos que puede estar habiendo una recolocación de cierto personal por intereses partidistas del Partido Popular”, apostilla.
Recolocación estratégica
La reacción en la plantilla no se ha hecho esperar y muchos trabajadores prefieren guardar silencio, temen cometer errores o hacer ciertos comentarios por si se convierten en los siguientes. Así lo han relatado a CANARIAS AHORA diversas fuentes, que prefieren no dar a conocer sus nombres ante posibles represalias.
Dichas fuentes afirman que propio alcalde, Juan José Cardona, conoce lo que está pasando en la Corporación y le sitúan como el responsable de ubicar a los empleados “menos afines” en puestos que tienen visos de desaparecer una vez entre en vigor la ley de reforma de la administración local, que reduce las competencias de los ayuntamientos.
Aunque de momento el texto de la RPT se desconoce, sospechan que el Gobierno municipal pretende convertir en funcionarios a los laborales indefinidos, de forma que, una vez que Administración central apruebe la Ley, se lleve a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) encubierto en el que el Consistorio no tenga que asumir indemnizaciones.
