El TSJC cuestiona la expansión urbana de Santa Brígida
La zona de expansión urbanística de la Villa de Santa Brígida en El Palmeral está en el aire. La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha acordado suspender la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas de las ordenanzas relativas al Plan Parcial del Sector 2 de ampliación del casco de Santa Brígida.
La medida cautelar, solicitada al alto tribunal canario por un vecino de la Villa, Ignacio Cáceres, abre una espita de incalculables consecuencias económicas para el Consistorio presidido por Lucas Bravo de Laguna (PP), ya que, sin haber entrado aún la Sala en el fondo de la cuestión, la legalidad urbanística de todo lo desarrollado en la zona puede quedar afectada, incluidas las expropiaciones a propietarios de parcelas que se negaron a entrar en el sistema de gestión del Plan Parcial ahora en duda legal.
El plan parcial de El Palmeral afecta a todo un área en la cual, durante los últimos años, se han levantado hasta tres urbanizaciones, y en la que recientemente el Ayuntamiento de la Villa inició la construcción de un centro de mayores, valorada en más de un millón de euros, a cargo del Plan Zapatero para reactivar la obra pública en los municipios. Fue entonces cuando el vecino ahora demandante advirtió al Ayuntamiento de la ilegalidad que supone dar vía libre a construcciones con un documento “nulo de pleno derecho”
De acuerdo con el auto al que ha tenido acceso CANARIAS AHORA, la medida cautelar tomada por el TSJC responde al riesgo evidente que corre el Consistorio satauteño de sufrir al final del proceso graves perjucios económicos mediante demandas, al conceder licencias urbanísticas en un Plan Parcial aprobado en 1997, antes de la publicación de la aprobación de las Normas Subsidiarias del municipio, que se produjo en 2001.
A pesar de la oposición del Ayuntamiento de Santa Brígida al recurso contencioso, alegando que el Plan “está ejecutado en su mayor parte”, la Sala ha considerado las tesis del demandante, que sostiene que la la normativa del Plan Parcial publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas el 31 de mayo de 2010, “encubren una modificación del Plan Parcial y, es a su vez la publicación de la normativa del propio Plan Parcial”.
Ignacio Cáceres recordaba este viernes a CANARIAS AHORA “las amenazas que recibí por parte del alcalde, Lucas Bravo, de emprender acciones judiciales contra mí por simplemente advertirle de que cometía una irregularidad publicando las normas del Plan Parcial”, cuya legalidad será abordada por el TSJC en cuanto entre en el fondo del asunto, después de haber concedido la medida cautelar de suspender la publicación de sus normas.
