UGT acusa al Cabildo de ''lesionar gravemente'' los derechos de un discapacitado visual
La Unión General de Trabajadores (UGT) acusó este martes al Cabildo de Gran Canaria de “lesionar gravemente” los derechos de un ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria con una discapacidad visual, al impedirle el pasado 6 de agosto participar en las pruebas selectivas convocadas por la corporación insular para un puesto de trabajo en tal institución.
Según UGT, los impedimentos del Cabildo a este ciudadano se produjeron a pesar de que este había cumplido correctamente el protocolo establecido por la ley para que se le prepararan las adaptaciones pertinentes, en este caso, un sintetizador de voz que le permitiera realizar la prueba informáticamente.
Siempre según el sindicato, el tribunal calificador requirió al afectado el certificado de idoneidad, que el aspirante a las pruebas selectivas había solicitado en la forma y tiempo establecidos sin obtener respuesta alguna por parte de la Administración, por lo que entregó el justificante de la solicitud, tal y como está previsto en estos casos.
Sin embargo, agrega UGT, “uno de las miembros del tribunal calificador alegó que si el afectado no disponía de certificado de idoneidad no podría realizar la prueba, contradiciendo lo estipulado por la ley, vulnerando los derechos de esta persona y discriminándola por su minusvalía”.
Se da la circunstancia de que el ciudadano afectado había ofrecido su propio ordenador adaptado para realizar el examen, “e incluso planteó la posibilidad de que se le hiciera de forma oral, pero el tribunal le respondió que ellos no contemplaban esas opciones por considerarlas un agravio comparativo, y le ofrecieron tan solo una letra mayor y más luminosidad, lo cual no tenía ningún sentido, ya que esta persona iba acompañada de su perro guía y no tenía ninguna posibilidad de acogerse a esa opción”, relata el sindicato.
Ante esta situación, denuncia UGT, el frustrado solicitante pidió que le entregaran por escrito las razones esgrimidas por el tribunal para no examinarlo, a lo que el presidente del mismo se negó, presentándole simplemente un parte de asistencia escrito a mano, firmado por él mismo y por la secretaria del tribunal, y afirmando que harían constar en acta lo ocurrido.
Para el sindicato denunciante, resulta “inaceptable que exista un caso de discriminación de esta magnitud dentro de una administración pública como es el Cabildo de Gran Canaria, que permite que los miembros de un tribunal calificador acepten o no arbitrariamente a los candidatos a unas pruebas selectivas, aún vulnerando gravemente los derechos de los participantes”.
Por ello, agrega la organización sindical, “UGT ha solicitado la impugnación de las pruebas, o, subsidiariamente, que se le conceda a la persona discriminada el derecho a realizar las pruebas selectivas en los términos que el interesado había solicitado, tal y como contempla la ley”.
