Los vecinos de Cho Vito se defienden en la Eurocámara
La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo escuchará el próximo martes al representante de la Asociación de Vecinos Las Calas, Tomás González, quien, como peticionario, expondrá a los eurodiputados las quejas de los afectados por la demolición del poblado marinero de Cho Vito, en el municipio tinerfeño de Candelaria.
González representa al colectivo de propietarios de las casas de Cho Vito, derruidas entre octubre y diciembre de 2008 por orden judicial en aplicación de la Ley española de Costas. El poblado, construido durante la década de los 50, “tenía reconocido interés paisajístico y cultural”, según la petición.
En la queja se incide asimismo en que el derrumbe de las viviendas de los vecinos de la localidad tinerfeña “vulnera sus derechos fundamentales y constitucionales”.
Junto a la de Cho Vito, la comisión europarlamentaria examinará la próxima semana en Bruselas otras 30 peticiones de afectados por la Ley de Costas, en la mayoría de los casos con la presencia de los peticionarios, procedentes sobre todo de Galicia, Asturias, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana.
Estos ciudadanos denuncian la supuesta aplicación abusiva de dicha Ley que data de 1989, la cual se ha empleado con carácter retroactivo provocando el derribo de inmuebles edificados legalmente en las costas españolas.
Por su parte, el lunes está previsto que acuda a la misma comisión del Parlamento Europeo la directora general de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Alicia Paz, quien presentará también ante los europarlamentarios la postura y las medidas a tomar por el Gobierno español en este asunto. La escucharán también algunos de los peticionarios.
En todo momento estará presente la Comisión Europea, la cual debe proceder a investigar las peticiones una vez que son admitidas a trámite por la comisión europarlamentaria, que, aunque no tiene poder ejecutivo, sus solicitudes suponen un toque de atención a los Estados miembros.
Informe Auken
Este debate vuelve a la palestra un año después de la aprobación del informe de la eurodiputada danesa de Los Verdes Margrete Auken. Con su adopción, la Eurocámara se pronunciaba por tercera vez contra “el urbanismo salvaje” en España y a favor de una modificación de la Ley de Costas “a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero”, según indica el documento.
En el informe se aclara además que “dicha protección no debe concederse a proyectos de desarrollo especulativos que no respetan las directivas de la Unión Europea (UE) en materia de medio ambiente”, y con la adopción del texto los eurodiputados se comprometían a “revisar las peticiones recibidas sobre este asunto a la vista de la respuesta de las autoridades competentes españolas”.
