Veinte afectados por Cirugía Cardiaca en Tenerife recurren al juzgado para saber si hubo negligencias médicas en HUC

La Asociación asegura que “el silencio no cabe en este asunto” y acusa a la Consejería de querer “desgastar” a las personas

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 (EUROPA PRESS)

La Asociación Afectados por el Servicio Cirugía Cardiaca del Hospital Universitario de Canarias han informado este viernes una rueda de prensa ofrecida en Santa Cruz de Tenerife que al menos 20 de los afectados por dicho servicio han presentado un Contencioso Administrativo para que los juzgados obliguen al Servicio Canario de Salud a entrar en el fondo de la investigación y aclarar si hubo negligencia médica en las operaciones practicadas antes de 2008 en pacientes del mencionado centro hospitalario.

El letrado de la Asociación, José Luis Langa, así como el presidente de la entidad y afectado por esta praxis, Nicolás Sosa, así lo han informado, además, de lamentar y criticar la falta de transparencia de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias que por no haber resulto, ni siquiera se ha reunido con la Asociación a pesar de que Sosa ha solicitado formalmente, y por escrito, una reunión con la consejera Mercedes Roldós.

Hasta el momento de los 22 pacientes que han presentado una reclamación sólo 2 han recibido una contestación favorable, pues “tras dos años de batallas” y continuas demandas de responsabilidad patrimonial, la respuesta “copiada” ha sido que la causa ha prescrito, justificando que los pacientes tienen un año de plazo desde el 'servicio' prestado para reclamar responsabilidades.

“Se nos dijo que si se demostraba que los historiales clínicos demostraban que había negligencia médica entrarían a examinar los historiales clínicos... Sin embargo ahora la administración (el SCS) dicen que ha prescrito y no entra en el fondo y que ahora ha llegado la última de las inadmiciones a trámite porque es de un año cuando se pueden notar las irregularidades”, ha recordado Langa.

El legtrado, en esta misma línea, ha asegurado que existen sentencias demostradas en el Tribunal Supremo que hablan de un año después de conocerse el error y, en este caso, se trata de publicaciones recogidas en los medios de comunicación en 2008 en donde se ha revelado los datos que han alertado a los pacientes. “Hay 22 familias afectadas lo que supone que hay muchísimas personas afectadas y que el 95% de las demandas son las que no han sido admitidas a trámites. Para nosotros lo que demuestra es falta de ética que no quieran investigar, aunque luego se acojan a la prescripción. Hablamos de una actuación que si hay que corregir hay que hacerlo... El silencio aquí no cabe”, ha manifestado el abogado que han tenido que recurrir a la justicia para que resuelva.

Ante la respuesta de Roldós de que el asunto está en manos de la justicia, el abogado ha apelado que antes de que resuelva la justicia, la administración ha de hacer lo que es justo. “Que vea qué ha pasado en estos años con irregularidades que han llevado al fallecimiento de las personas. Que digan que estamos equivocados, pero no que no hagan nada al respecto”, precisó Langa que ha insistido en que las instituciones están para velar por los intereses de los ciudadanos para sentenciar que está convencido que la justicia al final les dará la razón.

DOS FRENTES ABIERTOS

Aparte de los 20 contenciosos administrativos, la asociación se ha personado como acusación particular en la denuncia contra el jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular, Rafael Martínez, que después de un año, y según ha revelado Nicolás Sosa, ha declarado en los juzgados de La Laguna para subrayar que no tiene ninguna responsabilidad en este caso.

Ha reconocido, sin embargo, que hasta el momento no han tenido acceso a la cinta con la declaración, para criticar que esta haya sido lo único ocurrido en este caso desde enero de 2009, sin que se haya tomado, por ejemplo, ninguna medida cautelar. Sosa criticó duramente que no se les hubiera facilitado por parte de la administración la Auditoría sobre la que se ha fundamentado este caso. “Una parte del proceso judicial como de otras demandas se basa en una auditoría externa encargada por el propio Hospital por aseveraciones internas y también de un profesional de igual especialidad”, ha explicado.

“Ya no tenemos nada que perder”, apuntó el presidente de la Asociación que aseguró que los juzgados pueden ser lentos, pero que esperarán. Langa en este punto reflexionó que parece que la Administración sólo quiere desgastar a las personas en este asunto, pero que tendrán paciencia.

En dicho documento, se afirma que hay un alto grado de mortandad en el servicio de Cardiocirugía del HUC y que el jefe del mismo no es “apto para el cargo”. Se indica además que lejos de los argumentos dados por la Consejería de Sanidad, la alta mortalidad no se debía a que la mayoría de los pacientes eran de alto riesgo, “un 60% de los pacientes están en riesgo normal o bajo con mortalidades similares a la media nacional”.