Los Verdes denuncia las obras de Canalbión ante el Seprona
La razón que esgrimen Los Verdes es la nulidad del Plan Parcial, según consta en “los informes técnicos y jurídicos en posesión de ambas instituciones”, en referencia al Ayuntamiento de Pájara y el Cabildo de Fuerteventura. La inacción de las dos administraciones competentes provoca que la empresa vaya “haciéndose con derechos adquiridos que más tarde habrá que indemnizar”, según un comunicado de la formación hecho público este domingo.
El Cabildo de Fuerteventura presentó hace meses un contencioso contra el Gobierno de Canarias y la COTMAC (Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias), pero lo cierto es que se sigue construyendo, circunstancia que Los Verdes atribuyen al hecho de que en esas instituciones “todos son del mismo partido”. Añaden a ello, la sorpresa por que el Ayuntamiento no fuera también objeto de pleito por parte del Gobierno insular.
Incongruencias socialistas
Los consejeros del PSC-PSOE en el Cabildo majorero se manifiestan abiertamente contra el Plan Parcial Canalbión, sin embargo, “sus compañeros de partido del Ayuntamiento de Pájara lo defienden a capa y espada, llegando a comportarse de manera díscola y no acatando las reiteradas resoluciones del Pleno del Cabildo”. Según Los Verdes, esta falta de unidad de criterios responde a la existencia de “intereses poco transparentes, que se alejan totalmente de la defensa del interés general o de la salvaguarda del espacio natural protegido”.
Los informes técnicos en los que el Cabildo sustenta los contenciosos interpuestos aportan información “muy interesante”. Por ejemplo, el Plan Parcial fue aprobado con arreglo al Plan General de Ordenación anulado en el año 2000. Eso hace que lo diseñado para Canalbión sea “nulo de pleno derecho”, al estar amparado en un instrumento de planeamiento invalidado.
Las obras de urbanización que se están realizando no se ajustan al proyecto aprobado y los plazos de ejecución “no se han cumplido por causas imputables al promotor”, lo que conlleva que las licencias estén “incursas en declaración de caducidad”. Ante la mencionada inacción de las instituciones competentes, Los Verdes entienden que “nos encontramos ante un caso más de corrupción política”.
