Doce crudos años
El inicio de la guerra del petróleo entre Canarias y el Estado tiene una fecha: el 21 de diciembre de 2001 el Gobierno de José María Aznar aprobó un Real Decreto en el que autorizaba iniciar los trabajos de prospecciones.
Y la primera victoria de esa campaña bélica politico-jurídica también tiene fecha: en 2004 ese Real Decreto fue tumbado por el Tribunal Supremo al considerar que no se habían llevado a cabo los estudios de impacto medioambiental pertinentes.
Esa fue el primer resultado de la batalla social y política abierta entre el Estado y las administraciones públicas canarias.
No obstante, y en honor a la verdad, hay que admitir que, aunque tímidamente, en un principio, el Gobierno canario contempló esas autorizaciones como una oportunidad para el reconocimiento de una zona económica exclusiva alrededor del Archipiélago delimitada por la mediana con Marruecos.
Sin embargo, doce años y una Ley de Aguas Canarias después, la zona económica de 200 millas sigue sin estar reconocida y las aguas más allá de las doce millas siguen siendo internacionales, si bien la mediana funciona tácitamente como la línea divisoria entre los dos países.
Pero en 2004 llegó el primer triunfo, aunque solo fue un espejismo para quienes creían que esa campaña bélica había acabado hace 9 años.
Aunque tímidamente, en un principio, el Gobierno canario contempló las autorizaciones como una oportunidad para el reconocimiento de una Zona Económica Exclusiva
Con José Luis Rodríguez Zapatero ya en La Moncloa se congeló el proyecto hasta que no hubiera consenso entre el Estado y el Gobierno de Canarias y entre éste y los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura. No en vano, uno de los recursos que se habían presentado ante el Supremo era del propio PSOE de Lanzarote y no hubiera sido políticamente correcto que el jefe del Ejecutivo y secretario general socialista ninguneara a los suyos.
Sin embargo, con el regreso del Partido Popular (PP) al Gobierno a finales de 2011 el recién nombrado ministro de Industria, José Manuel Soria, que había visto escapar su posibilidad de presidir la Comunidad Autónoma de Canarias por el pacto entre CC y el PSC, metió el acelerador para que el oro negro mane de las aguas canarias.
La fiebre del 'oro negro'
Así, el 16 de marzo de 2012, el Gobierno de España consumó la antigua aspiración del PP de convertir España en una miniatura de Arabia Saudí o Texas.
Espoleado por la grave crisis económica y cegado por la fiebre del oro negro aprobó un Real Decreto para recuperar la autorización que Aznar firmó en 2001 y Zapatero paralizó tres años más tarde gracias a los argumentos del Supremo.
En ese mismo instante, Canarias decidió interponer un nuevo recurso al considerar que se estaba incumpliendo la sentencia del año 2004, pero Soria había aprendido la lección y el Supremo dió la razón al Ejecutivo central porque los defectos de forma medioambientales habían sido subsanados.
Desde entonces, el Alto Tribunal ha admitido recursos tanto del Gobierno regional como de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, Izquierda Unida (IU) y la organización ecologista WWF para que se dilucide la cuestión de fondo y el Supremo frene la autorización estatal por los graves riesgos medioambientales y de futuro económico de unas Islas que viven del turismo.
Corría el 23 de marzo de 2002 cuando el Cabildo Insular de Lanzarote y la Agrupación Insular del Partido Socialista Canario en Lanzarote interpusieron los recursos contencioso-administrativos que culminaron el 24 de febrero de 2004 con la sentencia del TS anulando los permisos de prospección propuestos por Repsol.
Sin embargo, en el socialismo canario no se tenían las cosas muy claras. Salvo una: “la plena garantía» del Gobierno de Zapatero de que el Consejo de Ministros no aprobaría el Real Decreto para dar luz verde a Repsol ”sin antes haber consultado con nosotros todos los elementos relacionados con esta situación“.
Quien así hablaba en agosto de 2004 era el actual consejero de Presidencia del Gobierno canario y entonces vicesecretario general de los socialistas, Francisco Hernández Spínola.
Disenso en CC y PSC
Hernández Spínola confirmaba, sin embargo, que había discrepancias internas en el seno del socialismo canario, y que debía “debatir cuál será su posición definitiva”.
Espoleado por la grave crisis económica y cegado por la 'fiebre del oro negro' Soria aprobó un Real Decreto para recuperar la autorización que Aznar firmó en 2001 y Zapatero paralizó tres años más tarde
Lo que sí dejaba claro el número dos de los socialistas canarios es que “nuestra prioridad” será “que la garantía de la protección medioambiental quede preservada”.
Pese a no ocultar su preocupación por el riesgo que constituyen la presencia de plataformas petrolíferas cerca de Canarias Hernández Spínola señalaba a los medios de comunicación que “hay más cuestiones alrededor de todo esto” que hacen que la posición a adoptar no sea sólo de sí o no“.
¿Y cuales eran esas cuestiones? Solo una, y es la misma que ahora esgrime el PP: Marruecos.
Y es que el país vecino ya había autorizado prospecciones a empresas extranjeras “en aguas de su soberanía y cercanas a las que pretende hacer Repsol”.
“Eso hace que el riesgo exista de todas maneras, independientemente de que no se autorizasen finalmente las prospecciones” a Repsol, decía Spínola.
Y mientras Spínola decía aquello, por otro lado el actual portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y entonces secretario general del PSC de Lanzarote, Manuel Fajardo, aseguraba que su formación “trabajará” para “avanzar” en la posibilidad de que se produzca una consulta popular en la isla para apoyar o rechazar las posibles prospecciones de Repsol frente a sus costas.
De esta forma, Fajardo afirmaba que se asumiría “un importante proceso democrático al pedir el pronunciamiento de la ciudadanía en un asunto de vital importancia”.
El secretario general insular reiteraba así la oposición de su partido en la isla a las prospecciones petrolíferas en las cercanías de las costas de Lanzarote y Fuerteventura para lanzar un mensaje a Spínola respecto a que el PSC no tenía a nivel regional aún una postura definitiva sobre las extracciones.
Un disenso que llega incluso hasta el año 2011, cuando el entonces candidato a la Presidencia del Gobierno por el PSC, su máximo dirigente y actual vicepresidente del Ejecutivo regional, José Miguel Perez, dijo en una entrevista aquella famosa frase de que él autorizaría las prospecciones “con los ojos cerrados” si se confirmara que hay petróleo y había plenas garantías medioambientales.
Una frase que es muy utilizada por el PP durante las confrontaciones dialécticas de la batalla política con el fin de demostrar que tanto CC como el PSC se oponen al petróleo por cuestiones de oportunismo partidario y electoral.
El Tribunal Supremo ha admitido recursos tanto del Gobierno regional como de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, Izquierda Unida (IU) y la organización ecologista WWF para que se dilucide la cuestión de fondo
Y es que los nacionalistas también están divididos pese a la indudable posición contraria del presidente Rivero y del secretario general de CC, José Miguel Barragán, puesto que destacados dirigentes como el expresidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, o el alcalde de La Laguna y líder insular, Fernando Clavijo, han dejado entrever sus simpatías petroleras, aunque con condiciones.
La Abogacía del Estado entra en liza
Había disenso en 2005. Sí. En todos los partidos. Como las hay en 2013.
Pero en aquel tiempo las aguas quedaron más o menos tranquilas hasta que en el mes de mayo de ese año un informe de la Abogacía del Estado estableció la inconveniencia de materializar el proceso administrativo mediante la convalidación de los preceptos aprobados por el Real Decreto en diciembre de 2001 con las alegaciones presentadas posteriormente y a requerimiento del TS:
El informe era taxativo:
“? pese a que el contenido del permiso a convalidar haya quedado desfasado, no es posible modificarlo por medio de la convalidación: la convalidación para suplir las deficiencias apreciadas por el Tribunal Supremo no puede introducir modificaciones relevantes en el contenido de los programas más allá de la subsanación de los defectos que hubieran dado lugar a la anulación, pues en caso contrario las novedades introducidas supondrían una modificación ajena a la causa convalidatoria que alteraría los presupuestos por las que se concedió y, por ende, sería tanto como otorgar una nueva autorización, pero en este caso omitiendo los trámites procedimentales establecidos en el Capítulo segundo del Título Segundo de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, como por ejemplo la omisión de la posibilidad de ofertas en competencia. Por ello, si se modifican sustancialmente las condiciones del permiso, debe iniciarse la tramitación del procedimiento para la concesión de uno nuevo con los trámites que ello implica. Sin que tal modificación pueda formar parte de la convalidación”.
Sin embargo, ese informe demostraba que la entonces compañía hispano-argentina no había enterrado sus aspiraciones y que seguía a la espera del Consejo de Ministros.
Por ello, Zapatero, que visitó el Cabildo de Lanzarote en 2006 durante sus vacaciones estivales, prometió a la entonces presidenta insular, Inés Rojas, que no otorgaría ningún permiso si no había consenso previo entre todas las instituciones.
Aunque en Canarias parecía que se respiraba de alivio al alejarse la posibilidad de que las playas majoreras y conejeras se mancharan de piche, el 23 de junio de 2008 la Abogacía del Estado modificó su anterior criterio e informó que:
“? la redacción inicial del acuerdo incluía las labores y obligaciones del titular correspondientes al tercer año en la letra c) y los correspondientes a los años cuarto a sexto en la letra d). La redacción ahora propuesta refunde en un solo apartado (el c)) el contenido de los dos anteriormente existente. Ahora bien, teniendo esta modificación efectos jurídicos (la obligación de hacer un pozo durante el tercer año queda diferida a cualquier momento durante las restantes anualidades), no supone ni una disminución en las inversiones que el titular debe hacer ni una disminución en sus obligaciones materiales en el transcurso de los restantes años del permiso. Lo que nos lleva a considerar que no ha existido ninguna modificación esencial en la posición jurídica del titular. Con ello queda salvada la advertencia que se hacía en el dictamen de la Abogacía del Estado de 17 de mayo de 2005 en el que se expresaba que ”la convalidación para suplir las deficiencias apreciadas por el TS no puede introducir modificaciones relevantes en el contenido de los programas? Procede considerar que la propuesta de Real Decreto se ajusta a Derecho e INFORMAR FAVORABLEMENTE el borrador presentado con las indicaciones accesorias realizadas en el análisis precedente“.
Zapatero se ratifica
Ante este cambio, las alarmas volvieron a saltar en Canarias y la diputada nacionalista Ana Oramas interpeló al presidente Zapatero, instalado en la crisis y en la geometría variable necesaria para poder gobernar.
Zapatero afirmó en el Congreso de los Diputados en 2008 que si se daba el permiso a la petrolera contaría “con el máximo consenso político y social”.
“Me ratifico en lo que he expresado en la legislatura anterior”, dijo Zapatero, pues en el caso de que se produjeran avances en el proceso de autorización a la petrolera Repsol-YPF, los informes tendrían “todas las garantías” y “el máximo consenso político y social”.
Zapatero afirmó en el Congreso de los Diputados en 2008 que si se daba el permiso a la petrolera contaría “con el máximo consenso político y social”.
“Así lo expresé en su día, hoy lo mantengo y así será”, concluyó solemne.
Y mantuvo su promesa mientras intentaba navegar, sin éxito, por las procelosas aguas de la crisis y el rescate a España por parte de la Unión Europea (UE).
Avance hispano-marroquí
Pero en septiembre de 2013, dos años después de que el PP asumiera el timón de la gobernabilidad del país, ha quedado claro que los gobiernos de Marruecos y España avanzan en su intención de realizar prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias sin importarles la oposición firme de las instituciones insulares, del sector turístico de las islas orientales y de los grupos ecologistas.
Y avanza pese a que el PP valenciano y el balear se han opuesto rotundamente a que se haga lo propio en aguas mediterráneas.
Y avanza a pesar de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha aceptado hacer caso a su partido en ambas autonomías, pero no escuchar la oposición política y social que existe en Canarias, donde los conservadores acatan las decisiones de Soria, su líder ministerial.
Y, mientras tanto, la batalla jurídica se embrolla, con recursos ante el Supremo, la Unión Europea e, incluso, añadiendo un nuevo actor: la Unesco, que alerta de “graves riesgos medioambientales” en un informe.
Un documento que, además, resalta las contradicciones internas del propio Ejecutivo central, pues tres de sus ministerios (incluído, curiosamente, el del propio Soria) avalan el informe del Comité español del Programa Hombre y Biosfera contra las prospecciones.
Canarias entra en una particular carrera contrareloj después de haber corrido una maratón de 12 años. Pero la meta no será política, sino jurídica, bien por parte del Supremo bien por parte de organismos internacionales que aten en corto las pretensiones del Consejo de Ministro.
Solo cabe esperar que la solución llegue antes de que el piche cubra la arena y los zifios del Archipiélago.
