Reflexiones sobre la reforma del sistema electoral

No conozco a nadie, sin un interés directo, que defienda política o jurídicamente el actual sistema electoral canario. No digo que sea necesariamente inconstitucional –aunque manejo sólidos argumentos para sostener que sí-, sino que es de muy poca calidad democrática. Vamos, que es manifiestamente mejorable y que, tras nueve procesos electorales en 34 años, nos merecemos mejorarlo.

La evidencia de esa pobre calidad del sistema se aprecia en que en las últimas elecciones la triple paridad y las barreras electorales –los dos elementos distorsionadores del sistema- han producido las siguientes disfuncionalidades:

a) Ciudadanos y Unid@s se han quedado sin representación, pese a obtener entre los dos más de 70.000 votos, por no superar las barreras ya que si no hubieran existido habrían obtenido tres escaños, dos Ciudadanos (uno por Tenerife y otro por Gran Canaria) y otro Unid@s (por Gran Canaria).

b) Con poco más de 5.000 votos, la Agrupación Socialista Gomera (ASG), obtuvo 3 de los 4 diputados por La Gomera.

c) La formación que ganó en escaños, CC con 18 (y el 18,19% de los sufragios), fue la tercera en votos, mientras que el PSOE, con el 19,86% y 15 escaños, fue la segunda y el PP, con el 18,59% y 12 diputados, la tercera.

d) Pero quizás la deficiencia más significativa ha sido que los partidos que forman parte del Gobierno (CC y PSOE), pese a tener mayoría de escaños, 33 (18 y 15, respectivamente) frente a 27 del resto de formaciones con representación (12 el PP; 7 Podemos; 5 Nueva Canarias y 3 ASG), tienen menos votos que la oposición; esto es, 348.985 sufragios (182.006 del PSOE más 166.979 de CC) frente a los 401.897 del resto (PP 170.129; Podemos 133.044; 93.634 NC y ASG 5.090).

La contundencia de esas consecuencias deja poco margen de contestación, por no decir ninguno, a no ser las torpes o vacuas justificaciones balbuceadas por unos cuantos que intransigentemente se aferran al mismo.

Sin embargo, siendo patente la necesidad de la reforma, el problema fundamental ahora es encontrar una alternativa. Y la solución no es fácil. Bueno, fácil sí es. Lo difícil es convencer a los actores políticos –y sociales- de que de lo que se trata no es solo mejorar la representatividad –que también-, sino sobre todo construir Canarias.

Quien no se dé cuenta de eso no se entera de nada. O eso o que solo quiere sacar provecho partidista, sea para mantener el actual status quo o para cambiarlo sin importarle las consecuencias.

La triple paridad establece un imperfecto equilibrio, en el que las barreras, por muy exageradas que sean, juegan un papel de contrapeso. Es un sistema caduco, cierto, propio de otra época –aquella en la que la falta de democracia alimentaba los recelos propios del pleito insular- felizmente superada, pero tampoco las propuestas de reforma conocidas son como para tirar voladores.

Bajar o suprimir las barreras (manteniendo la triple paridad), más allá de la originarias del 3% autonómico o el 20% insular, sería agravar sus efectos perversos porque primaría una visión excesivamente insularista de Canarias como entidad política al posibilitar la proliferación de formaciones de esa naturaleza (como ASG). Como romper la triple paridad requeriría encontrar un nuevo equilibrio entre población y territorio que no se consigue únicamente con la lista regional de en torno a 10 nuevos escaños (que no logra más proporcionalidad, solo que el candidato sea votado por todos los canarios, pero eso no es suficiente). Esa propuesta también es del siglo pasado –de principios de los años 80- y no creo que sea la solución que se requiere.

Los que tenemos una visión archipelágica de Canarias y abogamos por fortalecer sus estructuras nacionales (por favor, no confundir con el pseudonacionalismo de CC, ni siquiera con el de NC) mantenemos que es imprescindible mantener una presencia importante de las islas en la toma de decisiones. Canarias no se va a poder construir desequilibrando a las islas más frágiles en su representatividad. Es un argumento excesivamente ingenuo y simplón –por no decir que engañoso e interesado- sostener que las desventajas (derivadas de la doble insularidad) de las islas no capitalinas se corrigen legislativa y presupuestariamente. La prueba de que ello no es así en absoluto es precisamente lo que está pasado con el REF: pese a tener expresa previsión constitucional, estatutaria y legal, muchas medidas legislativas y presupuestarias de nuestro acervo histórico están siendo ignoradas por el Gobierno español de turno con el aval del TC. Y se han quedado tan frescos.

No, la verdadera garantía del equilibrio se consigue teniendo presencia en el foro en el que se toman las decisiones: en el Parlamento.

Si las islas no capitalinas han venido gozando de un poder enorme por los efectos de la triple paridad (porque teniendo el 17% de la población eligen al 50% del Parlamento) ahora, por mucho que estemos hartos de que ese sistema haga aguas desde el punto de vista democrático y queramos cambiarlo, no se va a aceptar por las buenas perder esa influencia sin que al menos se ponga sobre la mesa otro sistema que logre un nuevo equilibrio a través del que mantener una presencia significativa en el Parlamento de Canarias.

Y ese sistema existe, es el bicameral, propio de los modelos federales, a partir del cual sería posible construir Canarias sobre un nuevo equilibrio entre los factores poblacional y territorial sin que ninguno aparezca infra representado frente al otro, sistema que puede tener la virtud de conjugar las aspiraciones tanto de quienes reivindican la igualdad de voto entre todos los ciudadanos canarios con independencia de la isla de residencia (a través de la cámara poblacional) como de aquellos otros que quieren mantener la representación, en términos de equilibrio, de cada Isla (con la cámara territorial donde cada una tenga la misma presencia).

No tengo espacio para exponer el modelo detalladamente. Solo quiero destacar que es un sistema relativamente sencillo, donde ambas cámaras -y, por ende, ambas representatividades- participarían en las decisiones normativas y presupuestarias y que no implica más gasto público, ni creación de nuevos cargos políticos. Está explicado prolijamente en este enlace, por si alguien está interesado en conocerlo en profundidad.

Termino insistiendo en que, dependiendo del nuevo sistema electoral que escojamos, si finalmente se reforma, nos jugamos la consolidación de Canarias como País; si nos equivocamos supondría la constatación de que corremos el riesgo cierto de convertirnos en una Comunidad fallida –y a lo peor es lo que algunos buscan-, entre cuyas consecuencias estará que el autogobierno no se ha podido consolidar precisamente por la incapacidad colectiva para consensuar ese justo equilibrio entre Isla y Archipiélago.

Que se logre ese consenso igual solo depende de que se viertan las dosis apropiadas de valentía política, altura de miras y generosidad, que no es poco…

¿Estarán quienes tienen la responsabilidad de reformar el sistema electoral a la altura de las expectativas?