CCOO pide al Gobierno canario que solicite a Educación una prórroga de un curso para aplicar la reforma de la FP
Comisiones Obreras (CCOO) ha instado a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias a que solicite formalmente al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes una prórroga de, al menos, un curso escolar para la aplicación del Real Decreto (RD) que regula la Formación Profesional (FP) dentro de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.
Para el sindicato, se necesitaría esta prórroga debido a que dicho RD regula aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, aprobando 14 títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
En este sentido, consideran que el Real Decreto “daría sustento legal, de aplicarse, a la exclusión” en el marco de la escolaridad obligatoria del sistema educativo de Canarias, ya que el texto “no aporta soluciones a la transitoriedad” entre los actuales Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) y la FP Básica que entrará en vigor en 2014/2015, según informó CCOO Canarias en nota de prensa.
Esto, añaden, provoca un “conflicto sobre la continuidad” de la oferta existente, que afecta a alumnado y profesorado, pudiendo suponer la “pérdida irreparable” de una parte principal de la oferta educativa que “no tiene repuesto inmediato”.
Asimismo, matizan que la primera reválida prevista en la LOMCE se hará en el curso 2017/18, de ahí que los primeros alumnos que estudien FP Básica podrían quedarse un año entero “sin posibilidad de obtener la titulación”, además de que tampoco tendrían los 18 años que se requieren para presentarse a la prueba de obtención de la ESO para adultos.
Al respecto, también destacan las “dificultades evidentes” para la regulación de toda la oferta que debe realizar la Comunidad Autónoma, ya que la apertura de la matrícula para el próximo curso se iniciará en pocas semanas, a lo que se suma “la carencia de un claro marco” de financiación asegurado para su implantación, así como la necesidad de proceder, con carácter previo, a negociar posibles modificaciones de las condiciones de trabajo de los docentes que impartirán esta nueva modalidad de enseñanza.
Factores, concluyen, a los que se podría añadir la problemática que podría surgir con el perfil de alumnado que cursa hoy el Programa de Cualificación Profesional Inicial Adaptado (PCA), al considerar que es de “difícil encaje” en la nueva fórmula de FP Básica.
