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La Plataforma por el 4% denuncia que el Gobierno de Canarias planea inclumplir la ley canaria de Educación

El colectivo recuerda que Canarias es la que presenta una menor implantación de la educación infantil de 0-3 años y el mayor déficit en plantillas docentes

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Escolares Canarias

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La Plataforma por el 4% en Educación considera que la proyección presupuestaria del Gobierno de Canarias en materia educativa dada a conocer recientemente tendrá consecuencias muy negativas. Según esta, el Ejecutivo planea incumplir lo establecido en la Ley Canaria de Educación (LCE), que estipula un 5% del PIB en materia educativa en 2022 y, por tanto, no podrá abordar los graves déficit que aún presenta nuestro sistema educativo, impidiendo que nos acerquemos a la media española en este ámbito.

En efecto, según el Plan presupuestario a medio plazo y los Escenarios Presupuestarios Plurianuales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el período 2019-2021 aprobado por el Gobierno de Canarias el 14 de marzo de 2018, el presupuesto de Educación para el ejercicio 2021 no superará el 3,66% del PIB, muy lejos del 5% establecido en la LCE para 2022, lo que supondría la pérdida de
656 millones de euros respecto a lo acordado por el Parlamento de Canarias en la Ley Canaria de Educación.

Hay que recordar que Canarias es la comunidad con menor implantación de la educación Infantil de 0-3 años y la segunda peor en la correspondiente a 3-5 años. Asimismo, es, tras la Comunidad de Madrid, la segunda con el peor déficit de plantillas docentes. Se precisaría la incorporación de unos 2.000 docentes para situarse en la media estatal.

Tras el grave retroceso que las políticas de austeridad y recortes han producido en los servicios públicos fundamentales, la Plataforma considera que el incremento de ingresos propios, así como de los procedentes del Estado, pueden y deben posibilitar la recuperación prioritaria de la educación, clave para el presente y futuro de Canarias.

Iniciativa popular

La Ley Canaria de Educación, impulsada por una iniciativa popular y aprobada por el Parlamento en 2014, establece, en su artículo 72, el compromiso del incremento presupuestario hasta alcanzar el 5% del PIB en 2022. E incluye distintos compromisos dirigidos a la mejora de nuestro sistema educativo no universitario, a ganar en equidad, a atender al alumnado con necesidades educativas
especiales, a desarrollar la educación infantil de 0-3 años, a impulsar la Formación Profesional y la enseñanza de idiomas, entre otros.

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