Acciones judiciales contra el desalojo en San Telmo
El Movimiento15-m/ Indignados ha anunciado hoy que emprenderá acciones legales contra la delegada del Gobierno en Canarias, Dominica Fernández, y contra varios mandos policiales por los hechos ocurridos durante la madrugada del pasado 4 de julio, cuando fue desmantelado el campamento que una cincuentena de concentrados mantenía en el parque de San Telmo de Las Palmas de Gran Canaria.
El anuncio del inicio de demandas judiciales llega después de que varios indignados dieran a conocer esta mañana la sentencia absolutoria de la titular del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Victoria Rosell, a favor de Rafael Casanova, el joven que fue detenido aquella madrugada por desobediencia a la autoridad.
También han advertido con la realización de nuevas “acampadas, concentraciones y movilizaciones” en protesta por la actuación policial y también por el “ilegal” desmantelamiento de “sus viviendas en precario” sin orden judicial.
En la sentencia, la magistrada recuerda que “en un estado democrático de derecho no toda orden emanada de un agente de las Fuerzas de Seguridad del Estado debe ser acatada ciegamente en pro del principio de seguridad”, en alusión a la discusión mantenida entre joven y un agente de la Policía, que le reclamaba un telefóno móvil particular, y que el luego detenido se negó a entregar porque el agente “no se había identificado”.
La sentencia asegura que Casanova no se enfrentó violentamente ni se negó injustificadamente a obedecer una orden - la entrega del teléfono- sino que la discute de modo pacífico y recionalmente fundado“ porque el agente no se identificó. ”La Policía lo agredió y les sacó fotografías, por eso le pedían el móvil. La sentencia deja probado que hubo agresión y que el agente que le pidió el móvil no se identificó“, subraya José González, miembro de la Comisión Legal del Movimiento 15-M/ Indignados,
El texto también destaca que el actual ordenamiento jurídico obliga a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a avisar, en este caso a los acampados, de que iban a ser desalojados, algo que, insisten sus portavoces, “nunca se produjo”.
González ha explicado tras dar a conocer la sentencia que “mintieron todos, la delegada del Gobierno, la Policía y el Alcalde cuando afirmaron que era una operación de limpieza. Fue un desalojo y estamos estudiando acciones legales no sólo por el caso del compañero sino también a nivel nacional contra el Ministerio del Interior por los desalojos que esa madrugada se produjeron en muchas capitales españolas”, aclaró. “No portaban orden judicial de desalojo, por tanto el operativo fue ilegal”, concluyó.
