El alcalde de Santa Cruz de Tenerife (CC) recrimina a su partido los desahucios de la empresa de viviendas de Canarias

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), ha recriminado este martes a la empresa pública de viviendas del Archipiélago, Visocan, presidida en estos momentos por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez (CC), no haber paralizado los desahucios de familias en situación de vulnerabilidad en Añaza, tal y como denunció la diputada socialista Patricia Hernández en el Parlamento autonómico. Las historias de dos de las afectadas, Nadia y Asunción, fueron recogidas por Canarias Ahora en este reportaje.

Bermúdez, en un comunicado, demanda que “de manera inmediata se atienda a las personas y familias en situación de vulnerabilidad que se encuentran afectadas por el procedimiento judicial para el desalojo de las viviendas localizadas en Añaza”, al tiempo que insiste en “la necesidad de que se disponga de una alternativa habitacional para las que se encuentran en estas circunstancias”.

El alcalde “lamenta” que las distintas iniciativas que asegura haber presentado en el Parlamento (entre las que se encuentra una solicitud de documentación el 21 de noviembre, que no ha sido aún respondida) y las interpelaciones directas a Rodríguez “hayan caído en saco roto” hasta el momento, “demostrando una indiferencia con los más vulnerables impropia de una administración pública”, apunta la misiva. 

Este mismo martes, continúa Bermúdez, se ha registrado en el Parlamento autonómico una pregunta “encaminada a que el consejero conteste, dada la inexplicable ausencia de respuesta” aportada hasta entonces. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife considera que corresponde a Visocan dar una respuesta a las familias que se están viendo afectadas por procesos de desahucios. La empresa, por su parte, se limita a comunicar que “no se producen desahucios de familias vulnerables”, dijo a este periódico.

Dos familias con las horas contadas

Nadia y Asunción, de 31 y 42 años, respectivamente, son madres solteras a cargo de menores. En los últimos meses, ambas han recibido demandas de desahucio por parte de Visocan, la empresa propietaria de los pisos que ocupan desde hace más de un lustro en Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, por haber “entrado a la fuerza” en la misma. Tanto la primera como la segunda cuentan con informes de los Servicios Sociales del municipio que acreditan a las dos hallarse en una situación de extrema necesidad. Nadia, por ejemplo, tan solo recibe un Ingreso Mínimo Vital (IMV) de 985 euros y 150 euros más del padre de una de las niñas para la manutención.

En los procedimientos de desalojo de viviendas habituales de ocupantes en situación de vulnerabilidad económica y solo en inmuebles de grandes tenedores, como es Visocan, la Ley de Vivienda establece un procedimiento de mediación para que estas familias cuenten con una alternativa habitacional cuando se produzca el lanzamiento. Nadia y Asunción no han recibido noticias de ello. Visocan, en respuesta a esta redacción, reconoció no contar aún con dicho método, pero que “está en proceso” de hacerlo. El Gobierno estatal, por su parte, va a renovar durante todo 2024 las medidas antidesahucio, ha anunciado Bildu este martes.