Tres años y medio para recibir la ayuda a la dependencia

Algo más del 3% de la población española está en situación de dependencia. Son 1,2 millones de personas. De ellas, según los datos del último informe del Observatorio de la asociación estatal de directores y gerentes de servicios sociales, una de cada cuatro no recibe ninguna prestación del sistema de atención a la dependencia, a pesar de que tiene derecho a ella. Durante el año pasado murieron 38.000 personas mientras tramitaban su ayuda. Canarias sigue a la cola en la aplicación de la Ley de dependencia. Según ese mismo documento, está enclavada, junto a Madrid, Cantabria y Extremadura, en el grupo de comunidades estancadas, que son incapaces de absorber la lista de espera. También está a la cola en gasto por persona potencialmente dependiente. La media española es de 591 euros al año. La comunidad que más gasta, el País Vasco, se sitúa en 970 euros y Canarias es la última con 336. También es la que menos invierte, con solo 54,29 euros por habitante y año, frente a los 129,72 euros de media estatal. Es cierto que la Ley está mal financiada, pero lo está para todos, y las comunidades siguen aportando ocho de cada diez euros de este gasto. Canarias dejó de recibir en 2017 del Estado 12,5 millones para su aplicación, un dinero con el que se podría atender a 2.000 nuevos dependientes.

También es cierto que algo se ha mejorado. En los dos últimos años se ha incrementado en un 40% el número de beneficiarios del sistema. A 31 de diciembre del año pasado, había en Canarias 19.417 personas atendidas, pero el porcentaje de beneficiarios en relación con las personas potencialmente dependientes no llega al 5% y es el más bajo de España ,que tiene una media del 9,2.

Las solicitudes para las ayudas a la dependencia alcanzan al 2,25% de la población canaria, que también es el menor porcentaje de todas las comunidades autónomas. Son 47.444 personas. De ellas, 35.898 ya han sido valoradas y hay 30.637 que tienen derecho a a prestación, pero sólo están siendo atendidas esas 19.417 personas.

Todo esto son cifras que ponen en evidencia las carencias de la Administración pero la Ley de dependencia se ocupa de garantizar la atención a personas y familias que lo necesitan, y detrás de la mayoría de ellas hay verdaderos problemas porque las ayudas nunca llegan.

Meses que son años

El que viene a continuación es un caso real en Lanzarote, que demuestra el retraso en la aplicación y los problemas que genera. Se trata de un hombre de 85 años de edad. Su familia, que relata el caso, prefiere mantener el anonimato.

El hombre sufre una parálisis parcial en la mitad de su cuerpo por causa de un accidente. A finales de diciembre de 2014 solicita la dependencia. La valoración no tarda mucho, se le realiza en febrero de 2015, sólo dos meses después. Otros dos meses más tarde llega la carta de la Administración que le reconoce una dependencia de Grado I y se le indica que en el plazo de tres meses, un trabajador social del Gobierno de Canarias le visitaría para informarle de las prestaciones a las que tiene derecho. Esa visita es imprescindible para que empiece a funcionar el proceso. Sin ella, el reconocimiento de la dependencia es papel mojado. Y aquí es donde empiezan los problemas.

La visita no tarda tres meses, sino más de dos años. En ese tiempo, la familia recorre todas las administraciones locales para saber qué ha pasado y presenta un reclamación. La vía más rápida para contactar con el Gobierno de Canarias desde Lanzarote es llamar al 012, el Servicio de información y atención telefónica del Gobierno. La llamada la gestiona una empresa privada y no es gratuita. En la página web del Gobierno no se especifica el coste. Sólo se dice que se ha establecido “la Modalidad A” de precio para las llamadas. En todo caso, la llamada cuesta 0,355 euros por minuto.

La familia presenta la reclamación por el retraso en mayo de 2017. En octubre, por fin, este hombre recibe la visita del trabajador social del Gobierno de Canarias que le explica el sistema de ayudas. Esta persona podría tener derecho a acudir a un Centro de día, pero sólo en la teoría, porque en la práctica están saturados, así que finalmente opta por otra ayuda, que es el sistema a domicilio. Pide la llamada Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS), que, según la familia, “es lo único viable”. Esta ayuda consiste en que el Gobierno le otorga una cantidad mensual en función de su renta, y el solicitante debe justificar que paga esa cantidad a alguna de las empresas acreditadas por el Gobierno para el servicio de ayuda a domicilio. En Lanzarote sólo hay tres empresas acreditadas. Mientras tanto, también se apunta a la lista de espera del Centro de día que, en caso de que se le conceda, sustituirá a la otra ayuda.

Así que al finalizar la visita, el trabajador social le informa de que muy probablemente la confirmación de la concesión de la ayuda llegaría antes de que finalizara el año. Pero no llega. ¿Y qué solución queda? Pues llamar de nuevo al 012. Esto ocurre en febrero de ese año, y por teléfono, la única solución que se ofrece es que se presente una nueva solicitud por agravamiento. La familia no lo hace porque considera que eso alargaría aún más el proceso.

Finalmente, en marzo llega la resolución del Gobierno que reconoce la prestación del Servicio de Centro de Día, pero inmediatamente después señala que no es posible el acceso al servicio y por tanto se le reconoce la Prestación Económica Vinculada al Servicio de Ayuda a Domicilio, que se traduce en una cantidad de 270 euros al mes. Un mes después comienza, por fin, el servicio, con una de estas tres empresas, que a su vez se traduce en que una persona acude una hora al día de lunes a viernes para ayudarle a hacer las tareas para las que necesita ayuda. La solicitud se había hecho en el año 2014, tres años y medio antes.

Recomendaciones

La asociación estatal de directores y gerentes de servicios sociales, en otro documento llamado Índice de desarrollo de servicios sociales, señala sobre Canarias, en su apartado de las recomendaciones: “Como paso imprescindible, Canarias debe elaborar de manera prioritaria una Ley de Servicios Sociales que reconozca derechos subjetivos y que establezca la obligatoriedad de concretarlos en una cartera o catálogo, ya que es una de las comunidades autónomas que aún carece de este marco normativo. (…) Además, debe continuar el esfuerzo inversor de sus administraciones públicas en servicios sociales, para situarse a corto plazo en la media estatal, lo que supondría incrementar un 11,8% sus presupuestos actuales”.