Ben Magec ve ''incoherente''que en Canarias puedan verse por televisión corridas de toros cuando están prohibidas
La miembro de Ben Magec Ecologistas en Acción, Vicky Reyes, ha tachado de “incoherencia” que en Canarias puedan verse por televisión corridas de toros cuando están prohibidas por la Ley 8/1991, de 30 de abril, de protección de los animales -que el próximo mes cumple 18 años desde su aprobación en el Parlamento regional- y que “a pesar de querer salvaguardar los derechos de los animales sí permite las peleas de gallos”.
La ecologista censuró además que “las peleas de gallos se sigan celebrando en el Archipiélago y que, a pesar de estar prohibido, se permita la entrada a estos espectáculos sangrientos a menores de edad”. “El gran argumento para permitirlas era que formaban parte de nuestra identidad cultural y hay algunas tradiciones que no se pueden consentir”, zanjó.
De igual forma, Reyes se mostró partidaria de que se apruebe una ley marco en todo el país con el que se logre “poner fin” a las corridas de toros en territorio nacional. Aquí extendió la prohibición a otras prácticas en las que se agrede y maltrata a los animales. Puso el ejemplo del uso por parte de algunos circos de los animales “donde su adiestramiento es una tortura”.
Con respecto a la Ley 8/1991 detalló que se trata una norma que sirvió para “crear conciencia”. “Supuso un gran paso”, afirmó al tiempo que recordó que hasta entonces no había ninguna ley en este sentido. Además añadió que, gracias a la norma, “cada vez más gente defiende y respeta los derechos de los animales”.
Talón de Aquiles
Para Reyes uno de los principales inconvenientes de la ley es la dificultad que existe para comprobar el maltrato a los animales. “El verdadero talón de Aquiles está en que cuando se denuncia un maltrato es muy difícil comprobarlo. ¿Cómo se demuestra el ensañamiento contra un animal?”, explicó al tiempo que admitió que aún existe cierto reparo a denunciar estas cuestiones por el temor a la reacción de las autoridades. Aquí puntualizó que estos miedos son infundados.
En esta línea, también añadió que, por ejemplo, “es muy difícil pedir responsabilidades a quien ha abandonado a un perro y que tiene chip”. Por ello concluyó que las administraciones tienen que “promover y difundir más esta ley” para coadyuvar a la concienciación social.
