Ben Magec pide demoler el “mamotreto” de El Muelle y Puertos de Las Palmas plantea esperar a 2043 para evitar su deterioro

El proyecto de reforma del centro comercial El Muelle, en Las Palmas de Gran Canaria, está cada vez más cerca de ser una realidad. El pasado 19 de junio finalizó el plazo para presentar alegaciones y, según la Autoridad Portuaria de Las Palmas, el expediente se elevará al Consejo de Administración para ser ratificado y, con ello, permitirle a la concesionaria del edificio, Divarian S.A., la prórroga que lleva aparejado para seguir explotándolo sobre suelo de dominio público portuario diez años más, hasta 2043. Entre quienes se han considerado afectados por esta iniciativa y así han querido manifestarlo destaca la federación ecologista Ben Magec. En su escrito, al que ha tenido acceso este periódico, ha argumentado por qué no se debería ampliar el plazo para seguir haciendo uso del que denomina como el “mamotreto” más allá de 2028 y, en cambio, aboga por demolerlo y rehabilitar el espacio para acometer una actuación “puerto-ciudad”.

Sin embargo, Ben Magec presentó sus alegaciones el 22 de junio, tres días fuera de plazo del periodo de exposición pública. “Jurídicamente no da lugar para el análisis, pero aún así le vamos a contestar y vamos a dar cuenta de esto al Consejo de Administración”, dice Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, quien defiende la ampliación de la prórroga para evitar su abandono ante posibles litigios de la concesionaria que quiere seguir explotándolo para obtener rentabilidad antes de finalizar su gestión. Por su parte, la federación ecologista critica la decisión de ampliar diez años más una concesión otorgada en 1998 por 35 años (con opción a cinco más). 

En concreto, recuerda que esta decisión se ampara en el aval que dispensó en abril de este año Puertos del Estado para permitir que la Autoridad Portuaria de Las Palmas decidiera si tramitaba la ampliación del plazo de explotación, siempre y cuando respondiera al interés general y formalizara una serie de requisitos exigidos por la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Y a juicio de Ben Magec, el proyecto de reforma de Divarian, que supone una inversión de 7,8 millones de euros, “incumple las exigencias de la normativa para disfrutar del privilegio de una prórroga imprevista”.

Según expone la federación ecologista, la prorrogabilida de las concesiones portuarias están sujetas a “muchas limitaciones legales”. Para poder obtenerlas se debe cumplir con el artículo 82 de la normativa estatal, donde se exige que la concesionaria debe realizar una inversión relevante que mejore la productividad, la eficiencia energética y la calidad ambiental de las operaciones portuarias, además de introducir nuevas tecnologías o procesos que incrementaran su competitividad y que fuese superior al 20% del valor actualizado de la inversión inicialmente prevista en la concesión. 

Ben Magec dice que la propuesta de Divarian son obras de “adecuación, reforma y mantenimiento que en ningún caso cumplen el requisito legal de ser obras relevantes” que cumplan los requisitos exigidos por Ley. “Son un mero lavado de cara”, abunda, “y ”con todo el descaro, el concesionario indica que se mejorará su productividad y eficiencia energética sin ningún informe técnico que lo acredite y justifique“. Así, pone como ejemplo que la actuación ”tiene como finalidad arreglar la fachada que lleva años en decadencia, dando vergüenza a todo visitante o ciudadano que pasa por este enclave único en la ciudad“.

En sus argumentos para oponerse a la prórroga, la federación ecologista también considera que no se debería permitir continuar con la explotación hasta 2043 a una empresa que es propiedad del fondo de inversión Cerberus Capital Managament, con sede en Nueva York, especializado en fondos de pensiones. “Es uno de los más famosos fondos buitres, llamados coloquialmente de este modo por ser sociedades que buscan oportunidades de inversión en empresas que tienen problemas económicos. Su objetivo es comprarlas a bajos precios dada su delicada situación para después intentar reflotar el negocio buscando aprovecharse de las crisis empresariales con inversiones mínimas”.

Ben Magec añade a sus alegaciones que el concesionario ni siquiera paga el canon que le corresponde por el uso real de la parcela, pues explica que abona un tipo del 6,5%, al igual que unos almacenes para guardar mercancía, y la ley establece unos importes superiores para las actividades que desarrolla el centro comercial. Además, considera llamativo que el Consejo de Administración y el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas tomen esta decisión cuando están “en el último minuto” de su gestión al frente de la entidad ante los relevos que se avecinan en la dirección.

“Parecería razonable que tal decisión se dejara reposar sin prisas y no se comprometa (…) por otros diez años más la gestión de los que van a venir, que afectará tanto al puerto como a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y la isla de Gran Canaria por mucho tiempo”, cita Ben Magec en sus alegaciones.

Prorrogar para evitar un centro comercial abandonado

Por su parte, Ibarra dice que entiende estas reivindicaciones e, incluso, reconoce que hubiese preferido que “este centro comercial tan grande no se hubiese hecho”. A su juicio “se hizo un proyecto que no era correcto, que no tenía visibilidad hacia el puerto, se tenía que haber hecho algo mejor y al final se ha demostrado que ha sido un centro comercial que no ha sido rentable”. Pero, al mismo tiempo, explica que es algo “complejo” que se ha encontrado y con lo que ha tenido que lidiar.

En este punto, el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas dice que ha tomado la decisión de ampliar diez años más la prórroga para evitar la posibilidad de que la concesionaria elevara el asunto a los tribunales “y entrar en un litigio que propicie el abandono del inmueble durante muchos años mientras dure el contencioso, que además jurídicamente podríamos perderlo”. Para justificar este argumento, Ibarra dice que al pertenecer la empresa concesionaria a un fondo de inversión, “quizá lo que le interesa es un litigio para ganar algo sin poner un duro”.

En cambio, Ibarra dice que permitir la explotación durante los próximos 20 años, con su correspondiente proyecto de reforma, permitirá “tirar parte del edificio para que tenga más claridad y perder espacio comercial para hacerlo más atractivo” y que así la empresa obtenga rentabilidad con vistas a que en 2043 “se proceda a la demolición y que haya un debate sosegado que decida qué hacer con ese espacio”. De hecho, añade que la empresa “ha manifestado que más allá de la prórroga no tiene capacidad de rentabilizar el centro comercial”.

“Tenemos que ver qué es lo mejor para todos y entendemos que nos interesa más la prorroga de la concesión para evitar un posible litigio judicial con el consiguiente problema del abandono del centro comercial”, concluye Ibarra.