En la calle y con un niño en silla de ruedas, cuando no tienes una vivienda digna en Canarias

Lorena, de 37 años, y Airam, de 35, viven en la calle desde hace una semana con su hijo David (nombre ficticio), un niño de 9 años que está en silla de ruedas. Ella además tiene una discapacidad reconocida. El matrimonio canario se desplazó desde Ibiza a Santa Cruz de Tenerife en agosto de 2020 y, desde entonces, han vivido en dos viviendas ocupadas. Las condiciones en los sistemas alojativos y la necesidad de esta familia de encontrar un techo en el que vivir juntos los llevaron a refugiarse en la ocupación. Los propietarios de la primera casa llevaron a Airam y Lorena a juicio, luego recibieron el alzamiento judicial. “Traté de adelantarme a esa situación y utilicé el dinero que tenía para conseguir otra vivienda”, explica el marido de Lorena. En ese momento, pagaron a un conocido para poder acceder a una segunda vivienda ocupada que también perdieron. “Los dueños se enteraron y cambiaron la cerradura”. Mientras Airam explica su historia, Lorena permanece con la mirada perdida y solo interviene para hablar del menor. 

Su historia forma parte de las cincuenta familias que se encuentran acampando desde hace 40 días en la capital tinerfeña. El primer periodo frente a Presidencia del Gobierno y el segundo y actual en la Plaza de La Candelaria, en pleno centro de ocio y restauración de la capital tinerfeña. Airam duerme en una caseta de campaña, junto a otras familias tratando de encontrar una respuesta. Antes ponía parches a las carencias del sistema hasta obtener una respuesta por parte de los Servicios Sociales y el Instituto Canario de Vivienda. Sin embargo, la ocupación lo ha llevado a él y a su familia al punto de partida. En este momento, tramitan ayudas con el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) de Santa Cruz y esperan con ansia una llamada de Visocan, la empresa pública canaria encargada de construir viviendas sociales. “Visocan advierte que ahora mismo no hay recursos, que no hay casas”, apunta Lorena. Y eso a pesar de que la empresa pública tuvo en 2020 un superávit de 8 millones de euros.

 “Lo que nos pasa ahora no es nada nuevo, llevamos esperando por una vivienda social desde hace un año”, explica Airam sentado junto a Lorena. Hasta el viernes pasado su situación estaba pendiente de trámites administrativos. Mientras tanto, se asean en una ducha portátil en plena plaza de La Candelaria y en el baño municipal. Estos vecinos de la capital tinerfeña afirman que la única alternativa que tiene su hijo es la que le ofrecen otras personas en su situación, con niños a su cargo y que están a punto de ser desahuciadas en la isla. El menor no duerme en la calle, sino en viviendas afectadas por los desahucios en el barrio santacrucero de El Tablero. “Los compañeros son sobre todo los que nos están dando la ayuda y nos permiten estar aquí de prestado y ser una voz más en su lucha”, confiesa su padre.

Madres solteras y en riesgo de desahucio

“Tengo suerte porque soy la única que no ha recibido la carta de alzamiento o desahucio, pero llegará y tengo que estar preparada”, narra Laia (nombre ficticio) mientras ve andar a su bebé de 9 meses junto a otras vecinas también embarcadas en su misma causa. Tiene 25 años y es madre soltera, vive de algunas ayudas del Gobierno de Canarias y de la pensión que le envía el padre de su hija, del que está separada pero con el que mantiene una buena relación. Es una de las 20 familias afectadas por los desahucios en el edificio número 42 de la subida a El Tablero. Los responsables de que el movimiento antidesahucios y en pro de la vivienda social esté alzándose en la isla.

Para estos vecinos del barrio santacrucero en junio de 2020 comenzó la incertidumbre. A cuentagotas comenzaron a llegar las primeras notificaciones oficiales para que las familias abandonaran sus casas. Aún en agosto de 2021 no han llegado todas, falta la de Laia, pero el destino si Visocan no llega a un acuerdo con el fondo buitre es el mismo: abandonar el edificio y quedarse en la calle. El futuro de estas familias está solo atascado por el decreto ley de suspensión de desahucios impulsado por la cartera de Yolanda Díaz y que está vigente hasta el 31 de octubre. A pesar de la iniciativa, este stop desahucios es solo un parche a un problema de base mucho mayor: no se garantiza el acceso a la vivienda a pesar de ser un derecho fundamental.

Jaqueline tiene 36 años y es natural de La Gomera. Pasa las tardes en la acampada, pero por la noche vuelve a una vivienda temporal que el Gobierno de Canarias le ha ofrecido durante 6 meses. Jaqueline es madre de dos niñas, una de un año y otra de once, ha paralizado dos desahucios y tiene pendiente un alzamiento el próximo 26 de septiembre. A pesar de la suspensión temporal de los desalojos en viviendas, esta madre canaria ha sufrido una crisis de ansiedad y mantiene un tratamiento para poder lidiar con una realidad que muchas veces le supera.

Un derecho fundamental: una vivienda digna

Hanny Peinado se alterna con el resto de familias para dormir al raso en Santa Cruz de Tenerife. Ella está en la acampada porque la estafó “una inmobiliaria fantasma”, como a ella le gusta llamarlo. “Que todos se pongan las pilas y empiecen ya a darle respuesta a su pueblo”, implora Hanny. Una manifestación de intenciones que pretende reflejar lo expuesto en el artículo 47 de la Constitución Española que reza de la siguiente manera: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”. Estas familias no hablan de colores políticos al impulsar sus peticiones, solo de la obligación de los diferentes órganos públicos para garantizar el acceso a vivir bajo un techo y con condiciones dignas. 

En una silla plegable, está sentada Mari Da Silva, de 52 años. Esta mujer española de origen senegalés lleva en Tenerife 25 años y habita desde hace cinco en una vivienda que La Caixa vendió a un fondo buitre. Tiene dos hijos, uno de ellos con discapacidad, y aunque tiene luz en su casa, no puede instalar el servicio del agua, de manera que se ve obligada a abastecerse con un camión hidráulico que oferta sus servicios por el municipio de Arona, en el que reside. El Ayuntamiento de Arona no le da mayores soluciones, presentó su petición para acceder a un alquiler social hace cinco años, pero no ha obtenido respuesta. En este tiempo, antes de que el banco vendiese su vivienda a un fondo buitre trató de negociar con la entidad un arrendamiento, le fue denegado. Así pues, ahora la amenazan para que abandone su hogar y se quede en la calle con sus hijos.

Hace una semana Da Silva, tambor en mano, se manifestaba junto a otra decena de personas por una vivienda digna frente al Parlamento de Canarias localizado en Tenerife. “No son suicidios, son asesinatos”, coreaba una fila de mujeres que encabezan esta manifestación. Al mismo tiempo en el que se celebraba el pleno de la Cámara, se escuchaban gritos de “vergüenza” a las puertas del hemiciclo.

Lucha de competencias

Desde el inicio de esta movilización han pasado por el lugar diferentes representantes públicos. Entre ellos, el concejal de Bienestar de La Laguna, Rubens Ascanio, quien mantuvo un encuentro con algunas de las personas afectadas. En un comunicado de prensa, La Laguna señala que la necesidad de este tipo de edificaciones es “enorme” en el municipio, en el que 2.300 familias están pendientes de obtener una vivienda social, según revela el organismo municipal. Para tratar de paliar las carencias en este área el gobierno lagunero (PSOE-Podemos-Avante La Laguna) asegura que han incrementado en 1,5 millones de euros el presupuesto de compra y rehabilitación de viviendas familiares de emergencia. Al tiempo en que apunta a futuras reuniones con Visocan, que siempre está en el foco de todas las peticiones.

Por otra parte, también han pasado por el lugar representantes del Ayuntamiento de Santa Cruz. El organismo dirigido por José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria) afirma que en lo que va de año han atendido a un total de 161 personas que manifestaron ser objetos de desahucio. Según datos ofrecidos por el gobierno santacrucero, los trabajadores sociales de la capital han remitido un total de 153 informes de vulnerabilidad a los juzgados (125 a los juzgados de instancia, 12 a los juzgados de instrucción, 1 a los juzgados de lo social y 15 a Fiscalía).

Ante las peticiones de los servicios municipales, de la Plataforma 29F encargada de promover la acampada y de las familias afectadas, Visocan aparece siempre en el epicentro de las preguntas y acusaciones. Por su parte, fuentes de la empresa pública la desmarcan de las acusaciones y evaden respuestas claras. Del mismo modo en el que señalan que el problema derivado de la acampada en Santa Cruz es una cuestión elevada a la Consejería de Vivienda, y defienden que “Visocan es solo un instrumento, una herramienta del Instituto Canario de Vivienda”. Por el momento, las únicas conversaciones avanzadas son las que la constructora ha mantenido en relación a las 20 viviendas de El Tablero, pero tampoco se ha llegado a ningún acuerdo de compra aún.

A pesar de que Visocan se resguarda en la falta de presupuesto para invertir en vivienda social, este periódico adelantó a principios de agosto que Visocan cerró 2020 un superávit de 8,1 millones de euros y un remanente de tesorería de 17 millones, 3,6 más respecto al final del año anterior, según la auditoría elaborada por PriceWaterhouseCoopers Auditores SL.