Canarias es la comunidad con menos muertes en residencias de todo el país

Después de que el Diputado del Común diera voz a las acusaciones de “descontrol” en las residencias que hace una asociación y anunciara una investigación al respecto, Gemma Martínez, viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias Canarias, ha salido este lunes a defender la gestión que ha hecho su departamento de las residencias de mayores durante la pandemia. Las diecinueve muertes con COVID-19 registradas en las Islas convierten a Canarias en la comunidad autónoma con el menor número de muertos por esta causa de todo el Estado.

Martínez ha dicho que el “mimo” y el “respeto absoluto” de los trabajadores de las residencias hacia los mayores a quienes atiendes, “ha conseguido que el número de fallecimientos por causa del COVID sea relativamente bajo en Canarias

Canarias es la comunidad autónoma con menos muertes con COVID-19 en las residencias de ancianos tanto por números absolutos como por datos relativos a la población total, con diecinueve fallecidos por más de 7.000 mayores ingresados. La siguiente comunidad con menos muertes en estas instalaciones es Murcia, con 68.

Pese a los cuestionamientos planteados al Diputado del Común por la Asociación para la defensa de las pensiones públicas sobre la gestión de las administraciones, la viceconsejera destacó la coordinación con Sanidad, los gerentes de los diferentes hospitales, los cabildos y la policía.

Martínez subrayó también que Canarias es la única comunidad autónoma que ha hecho un cribado en sus residencias sometiendo a pruebas a todos sus mayores y trabajadores. La viceconsejera dijo que esta estrategia permitió detectar cualquier caso que hubiese pasado desapercibido para aislarlo y, en caso de que no fuera posible o si el paciente estuviera grave, derivarlo a un centro médico. “Para eso está la sanidad pública”, apuntilló.

“La cooperación, la información y la coordinación con todos los actores ha sido exhaustiva”, dijo. Destacó que Derechos Sociales envía un informe semanal al fiscal general de Canarias y un informe cada martes y cada viernes al Ministerio de Sanidad detallando la situación en las residencias.

Canarias es una de las pocas comunidades autónomas donde la fiscalía no ha abierto ninguna investigación respecto a la gestión de las residencias de mayores. En España ya hay más de 180 procedimientos por este tema.