Canarias pide que la importación de productos alimentarios ilegales sea un delito penal

El Gobierno de Canarias ha planteado al de España que se tipifique la importación de productos alimentarios ilegales como un delito contra la salud pública, y que, por lo tanto, que se circunscriba al ámbito penal y no administrativo, como hasta ahora.

Así lo ha informado en el pleno del Parlamento autonómico el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, quien ha revelado que recientemente se incautaron en los puertos del archipiélago más de siete toneladas de productos tropicales y subtropicales ilegales.

“No es solo la competencia desleal, es la poca inspección en puertos y aeropuertos. Ya no es que compitan deslealmente, es que son ilegales, y el consumidor canario está consumiendo sin saber si son sanitariamente buenos o no”, ha reflexionado el consejero.

“Desgraciadamente”, ha proseguido Quintero, la importación ilegal “es hoy un delito administrativo”, con lo que llevar a puerto un contenedor de 22 pies con piña tropical puede suponer un beneficio de 40.000 euros mientras que la sanción administrativa son 3.000 euros, con lo que la operación sale rentable incluso “el día que me pillan”, ha expuesto.

Cree que la tipificación como un delito contra la salud pública generaría “un efecto disuasorio” y está justificada porque al final “no sabemos qué productos fitosaniotarios se emplean” en esos productos provenientes de terceros países exentos de las exigencias que la UE impone a los de sus Estados miembros.

Quintero ha lamentado que la UE no haya incluido en el paquete de medidas anunciado tras las protestas del sector primario ninguna relacionada con la aplicación de cláusulas espejo en terceros países y ha confiado en que tras las elecciones europeas la Comisión y la Eurocámara sean más sensibles con sus reivindicaciones.

Ha recalcado que la competencia desleal no viene solo de Marruecos, que en diez años ha cuadruplicado sus exportaciones a Europa, ya que también se comercializa miel de China en cuyo etiquetado puede decirse “de Canarias” si contiene “un poco” de la misma en la mezcla, y lo mismo sucede con el aloe vera.

Con todo, ha admitido que no pueden “cerrar las puertas al campo ni prohibir las políticas comerciales” con terceros países, pero sí exigir que en las mismas “se tenga en cuenta al sector primario” y que no se le use como “moneda de cambio”.

El diputado de Vox Javier Nieto ha hecho hincapié en la importancia de reforzar los puestos de inspección fronteriza (PIF), en los que “solo se analiza el 10% de las mercancías” mientras se suceden “las alertas sanitarias”, como la de “las fresas con hepatitis A”.

También ha dado ejemplos de “competencia desleal” como carne de Brasil, empanadillas de Camboya que contienen huevo y no figura en el etiquetado, o naranjas valencianas provenientes de Sudáfrica comercializadas en grandes superficies, lo cual “es lícito pero es un engaño, una estafa”.

“Dice el refrán que con las cosas de comer no se juega, y se está jugando un poquitín”, ha advertido.

Francisco Linares, del grupo Nacionalista, ha criticado que en Tenerife se hayan dejado de cultivar 7.000 hectáreas en los últimos años por los altos precios de los insumos y por la competencia desleal, y mientras España y Europa “miran hacia otro lado” porque la balanza comercial con esos países “es brutal”, y ha vaticinado que de no cambiar las cosas “vamos a tener que comprar todo de fuera”.

Manuel Fumero, del grupo Socialista, ha matizado que “muchos empresarios en Marruecos son canarios” que han aprovechado que “las condiciones son baratas, el agua se la regalan y la mano de obra es la que es... A veces somos los culpables” de esa competencia desleal, ha deslizado.

También ha recalcado que España pertenece a la Organización Mundial del Comercio y que “los canarios exportamos muchísimo: casi 75.000 millones de euros”, un tercio a países extracomunitarios.

Luis Campos, de Nueva Canarias, ha recordado que dentro de dos meses hay elecciones europeas y ha pedido impulsar desde Canarias “un mandato claro” para “que esto cambie” y el sector primario deje de ser “moneda de cambio”.

Sonsoles Martín, del PP, ha pedido que se aumenten las inspecciones en los PIF, la aplicación de cláusulas espejo y apostar por la singularidad y la diferenciación de los productos canarios.

Jesús Ramos ha añadido a estas sugerencias una nueva modificación del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) “si es necesario”, así como la presencia de la empresa pública GMR en todas las islas.

Raúl Acosta, del grupo Mixto, ha recalcado que “la respuesta está en el alero de la UE, que ha captado por fin la indirecta, dicho con ironía, y ha anunciado medidas correctoras para apaciguar los ánimos de un sector primario enfadado, y con razón”.