Canarias recorta la Justicia gratuita
Justo el mismo día en el que se publicaba en el BOE que los ciudadanos tendrán que pagar entre 100 y 1.200 euros en tasas judiciales para varios procedimientos como, por ejemplo, el recurrir ante el Tribunal Supremo en la vía Civil y Contencioso-Administrativa, los abogados canarios recibían la noticia de que la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad pretende, a través de la modificación de un decreto, recortar los baremos de compensación económica a los abogados del Turno de Oficio.
La exposición de motivos de la Ley de Tasas Judiciales afirma que “la tasa aportará unos mayores recursos que permitirán una mejora en la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita”. Sin embargo, el Gobierno canario, en su proyecto de decreto, prevé una reducción del 12%, 10% o 9%, según el módulo, en los baremos de la compensación económica a los profesionales que intervienen en el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita.
El Turno de Oficio es voluntario para los abogados españoles, exceptuando causas de necesidad o extrema urgencia en las que la Junta de Gobierno los puede convertir en obligatorios. Debido a ello, no sorprenden las declaraciones que el vicedecano del Colegio de Abogados de la provincia de Las Palmas ha hecho a CANARIAS AHORA, en las que afirma temer que “el compañero decaiga en su oficio y pueda perder ese afán de realizar un fin social tan importante en esta cuestión”.
Una abogada grancanaria asegura no entender que se les baje la subvención que cobran por el Turno de Oficio cuando “se van a cobrar las tasas para justificar el pago de los que garantizan el derecho a la asistencia jurídica gratuita. ”Se está garantizando el derecho a la Justicia gratuita a costa del dinero de los abogados del turno“, sostiene.
El Gobierno de Canarias, en el proyecto de decreto, asegura que “la necesidad de reducir el déficit público para cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria establecido para el conjunto de las Comunidades Autónomas viene exigiendo la adopción de estas medidas de ajuste en todos los capítulos de gastos”. Además, argumentan esta reducción con el ''incremento de las personas beneficiarias del derecho a la asistencia jurídica gratuita, lo que está teniendo un impacto en el gasto público destinado a su cobertura“.
“Esta disminución no debe percibirse como una intención de desvalorar la calidad con que estos profesionales desempeñan el servicio público de la Justicia gratuita”, mantienen, a la vez que añaden que estas medidas se hacen en aras de “garantizar el derecho de todos los ciudadanos a la tutela judicial efectiva”.
