Canarias no es lugar para el refugio: solo un 0,28% de las personas solicitantes de protección fueron acogidas en 2018
España no es país para el refugio. Una extraña paradoja viste al territorio nacional que, a pesar de ser el cuarto estado europeo que recibe más personas que buscan asilo dentro de sus fronteras, cerró 2018 con más de 100.000 solicitudes de protección internacional sin resolver. La deficiencia de las prioridades de las políticas migratorias y la falta de programas estratégicos para afrontar con garantías la acogida de quienes huyen de sus países de origen evidencian una “negación absoluta del cumplimiento de las responsabilidades políticas y del compromiso adquirido”. Este panorama también se extiende a Canarias y así lo ha explicado el coordinador territorial de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Juan Carlos Lorenzo, este martes en la presentación del informe anual de la ONG.
En 2018, un total de 2.079 personas solicitaron asilo en las Islas, pero solo se reconoció la condición de refugiado a seis. Venezuela, Colombia, Marruecos, Sáhara Occidental o República Democrática del Congo son los principales países de origen de los solicitantes de asilo en el Archipiélago. Por provincias, 1.050 de las peticiones se registraron en la provincia de Las Palmas y 1.020 en la de Santa Cruz de Tenerife. Además, destaca el alto número de personas procedentes de Rusia que huyen por su orientación sexual o por motivos de índole religiosa.
Según CEAR, España recibe un alto volumen de personas de Honduras y El Salvador, que se desplazan de forma forzada escapando de pandillas o maras, grupos criminales. La diversidad de causas que conducen a huir y la variación de los motivos en función del contexto internacional exigen una continua revisión de cuáles son las circunstancias en las que la ley contempla como justificantes de la petición de asilo. Ya en 2009 se amplió la Ley de Asilo para reconocer como perfil de solicitante a las personas perseguidas por orientación sexual, ya que 72 países penalizan con cárcel al colectivo LGTBIQ+.
Del total de personas que buscan protección en España, un 51% son menores. “Niños y niñas que sufren todo tipo de abusos en el camino y que, en muchos casos, no vienen acompañados”, relata Lorenzo. Por otra parte, no hay datos desglosados sobre el número de mujeres y hombres solicitantes.
La jurista de CEAR, Beatriz Alonso, ha explicado que el trámite para resolver las solicitudes puede prolongarse hasta dos años. Una vez que la persona formaliza la petición está documentada y permanece de forma legal en el país como solicitante de protección. La condición se renueva de manera semestral. En el caso de quienes no disponen de recursos económicos ni redes de apoyo entran en la primera fase de acogida temporal. En la actualidad, CEAR cuenta con 71 plazas de este tipo en Gran Canaria. En la segunda fase, las personas comienzan a aprender el idioma y reciben formación ocupacional para mejorar las condiciones de empleabilidad.
Mientras tanto, el 85% de las personas que se desplaza de forma forzada llega a países empobrecidos “que no cuentan con las condiciones materiales ni de defensa de derechos necesarios para poder garantizar una acogida garantista”. Es el caso de Turquía, Pakistán y Uganda.
La fosa común del Mediterráneo
“Avalancha, invasión o hecatombe” son algunos de los conceptos que se utilizan para describir la llegada por mar de personas extranjeras. Sin embargo, “los discursos populistas de tinte xenófobo no se corresponden con la realidad que vivimos”, señala Lorenzo. “No es una visión casual o imprudente, es de una mezquindad y negligencia patentes”, asevera. Los desplazamientos por vía marítima suponen el 51% de los totales de Europa. Asimismo, Juan Carlos Lorenzo afirmó que es frecuente invisibilizar los movimientos migratorios que se dan entre países vecinos, que suponen un porcentaje mayor que los que se dan hacia el exterior.
Si bien es cierto que el Mediterráneo sigue siendo la vía más letal. En 2018, 2.299 personas murieron en el mar intentando alcanzar las costas europeas. El coordinador de CEAR insistió en que la tónica habitual se fundamenta en criminalizar la solidaridad o el rescate marítimo, tomando como ejemplo la prohibición que el Gobierno de España impuso al Open Arms para salir del puerto de Barcelona para rescatar a 630 personas migrantes.
