Condenan a cuatro años de cárcel al jefe de Desintoxicación del Hospital Insular
La Audiencia de Las Palmas ha condenado a cuatro años y seis meses de cárcel al médico responsable en 2002 de la Unidad de Desintoxicación del complejo hospitalario Materno-Insular de Gran Canaria, Juan Francisco Hernández, por un delito continuado de falsedad en documento oficial.
Así lo ha estimado en una sentencia, contra la que cabe interponer recurso de casación, la sección primera de la Audiencia de Las Palmas, que fija en cuatro años y seis meses el tiempo que el condenado, al que también le impone el pago de una multa de seis euros diarios durante veinte meses, quedará inhabilitado para ejercer la medicina y cualquier empleo o cargo público.
El fallo judicial considera probado que durante 2002 el facultativo, “prevaliéndose de su condición y cargo, extendió más de 800 recetas con el membrete del Servicio Canario de la Salud, en las que prescribía anabolizantes, sin que en dichas recetas, en ocasiones, constaran datos como el nombre del paciente”.
En otras ocasiones, afirma la sentencia, dictada el 27 de noviembre, el médico condenado realizó “la prescripción a personas que no precisaban de tales medicamentos para su tratamiento de desintoxicación, y en otras ocasiones ni siquiera estaban bajo el tratamiento del indicado acusado”.
La sección primera de la Audiencia de Las Palmas también ha considerado probado que ninguna de las personas a las que el médico prescribió anabolizantes eran los destinatarios de tales medicamentos.
En sus fundamentos de derecho, la sentencia afirma que “el acusado, a sabiendas de que un paciente no precisaba de anabolizantes, utilizaba su nombre, y también el de un celador, ”para consignarlo en una receta y obtener la dispensación de tales medicamentos en una oficina de farmacia“.
Además de considerar “suficientemente probado que el acusado ejercía una función pública, aunque fuera personal laboral o contratado de la Seguridad Social, pues los propios interinos, durante el ejercicio de su cargo desempeñan esa función pública”, la Audiencia califica en su fallo como “burda y falaz” su versión “de que le pedían desde las farmacias que expidiera esas recetas porque se habían extraviado”.
La pena impuesta al facultativo, para el que el Ministerio Fiscal solicitaba, en sus conclusiones provisionales, una pena de seis años de prisión y su defensa la libre absolución, es la mínima posible porque “ha reconocido los hechos, si bien aportando una versión inverosímil, lo que ha contribuido al esclarecimiento y a la obtención de la verdad material sobre ellos”, agrega la sentencia.
