El Consejo Escolar concluye que limitar el tiempo de permanencia en la educación para adultos vulnera derechos

El Consejo Escolar de Canarias ha hecho público este jueves un informe sobre los cambios en la Educación Básica para Personas Adultas (EIPA) que plantea poner un límite de tiempo máximo de permanencia en este nivel con el objetivo de certificar esa formación. El documento destaca que no solo “no está justificado debidamente” ese cambio sino que “vulnera derechos fundamentales” pues “no tiene en cuenta las necesidades de este tipo de alumnado” y el hecho de que ese tope se establezca “solo” en este nivel, lo hace aún “menos comprensible”.

El órgano de representación de la comunidad educativa ha elaborado un informe ante el proyecto de orden de la Consejería de Educación de Canarias donde se regula esta educación y que ha generado polémica precisamente por esta intención de poner un límite de permanencia. En el documento se remarca que el variado perfil del alumnado de EIPA hace que no todos persigan la titulación como fin último o la inserción laboral, sino la adquisición de competencias.

Además, apunta que es necesario tener en cuenta que en su mayoría este alumnado está compuesto principalmente de mujeres que en su momento no pudieron acceder a la educación y que ahora encuentran una posibilidad de “desarrollar competencias, adquirir conocimientos, y permanecer activas en su derecho a la formación permanente a lo largo de la vida”. El órgano explica en el texto que la necesidad de dar respuesta a esta situación ha sido explicada en distintos informes de diferentes colectivos como los presentados por los CEPA y CEAD ante la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.

“También resulta llamativo que en este articulado se dedique de nuevo una atención preferente a establecer límites al período de permanencia en una etapa de formación básica y lo es más cuando se establece solo en una etapa y no en la otra (cuando la primera no es conducente a titulación y la otra sí)”. El Consejo Escolar ya había recordado en otro informe que para los objetivos del estudiantado de mayor edad “para el que en muchas ocasiones resulta necesario mantener sus competencias como adquirir otras nuevas” y la importancia para este perfil de la socialización, avance en autonomía personal y participación en nuevas experiencias vitales. Del mismo modo, recuerda que las personas mayores no presentan las mismas curvas de aprendizaje que las jóvenes y a partir de los 65 años se produce un declive paulatino de las capacidades no solo de adquirir conocimientos y competencias sino de mantener las ya adquiridas.

Más consideraciones del Consejo Escolar

El órgano se ha pronunciado también sobre otros aspectos que regulan esta enseñanza como revisar la ratio, que se flexibilicen los criterios que permiten impartir la materia de inglés o dotar a esta enseñanza de orientadores y apoyo educativo.

Sí valora el informe que se haya conseguido una demanda histórica como es la de incluir calificadores de los distintos módulos, y no solo la indicación de si se ha superado o no el mismo. No obstante, el Consejo señala que “no se entiende que una evaluación que se conceptualiza como ”integradora y global“ establezca redondeos que alcanzan hasta la centésima a la hora de determinar las calificaciones. También indica que en el caso de la Educación Secundaria para personas adultas se hace necesario que se especifique el peso de cada materia.

Importancia de esta educación

El Consejo Escolar recalca que si en sus inicios la educación para personas adultas tuvo como principal prioridad el “analfabetismo instrumental”, ahora se habla de “un analfabetismo técnico, científico o artístico”. El órgano insiste en la necesidad de que se asuma la educación como un aprendizaje para toda la vida “clave para el bienestar de las personas y de la sociedad”. Y, por ello, remarca la necesidad de potenciar la educación para adultos: formación básica, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanza de Idiomas...

El informe destaca en su inicio que si bien este proyecto normativo introduce modificaciones necesarias de acuerdo a la nueva ley educativa, “no se considera oportuno anticipar esta modificación normativa sin publicarse el nuevo currículo previsto para estas enseñanzas”. Así destaca la importancia de que se acometan cambios en la organización, pero “se vuelve a caer en un excesivo celo regulatorio”. El documento también insta a dotar a los centros de más recursos de nuevas tecnologías de la información y la comunicación.