El Defensor del Profesor advierte de un repunte de los casos de violencia y acoso contra docentes

El Defensor del Profesorado ha advertido este jueves de que se ha detectado un incremento de los casos de violencia y acoso a docentes durante el curso pasado, aunque limitado por la reducción de las ratios. En concreto, el servicio de asistencia al profesorado agredido puesto en marcha y gestionado por ANPE Canarias registra un repunte de los incidentes (130 frente a 102⁠). No obstante, no se han alcanzado las elevadas cifras de los años anteriores a la pandemia gracias, en buena medida, a la contratación de docentes y a la consiguiente reducción de la ratio de estudiantes por aula aplicada en la enseñanza secundaria.

En los trece años que lleva en funcionamiento en Canarias El Defensor del Profesor, ANPE señala que ha asesorado y acompañado al personal docente afectado por problemas de conflictividad escolar en 1.696 casos de violencia y/o acoso. En toda España se han registrado 40.445 casos de este tipo desde que se activó el servicio a nivel estatal y 1.690 el curso pasado.

El presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo ha lamentado el incremento del número de incidentes, aunque se congratula de que el regreso a la docencia presencial en el curso 2020/2021 no se haya traducido en una vuelta a las altas cifras de conflictividad registradas en los años anteriores a la pandemia. Crespo subraya que los datos del curso pasado muestran cómo la reducción de las ratios es un factor clave para mejorar el clima en las aulas y reducir la conflictividad, además de para elevar de manera general la calidad de la enseñanza. En este sentido, señala que el descenso del número de estudiantes por docente aplicado es aún limitado e insuficiente, por lo que insiste en la necesidad de que la Consejería de Educación elabore, de manera negociada con la representación legítima del profesorado, un plan plurianual de rebaja de las ratios en todos los niveles de la enseñanza no universitaria. 

Por su parte, el Defensor del Profesor en Santa Cruz de Tenerife, Domingo Rodríguez considera que hay que hacer un esfuerzo mayor por atajar el problema en sus inicios. “Debemos intensificar el trabajo en la educación secundaria, especialmente en los primeros cursos, porque lo que está ocurriendo es que unos pocos alumnos, con sus conductas disruptivas, están impidiendo que la mayoría reciba una educación de calidad”.

El Defensor del Profesor en Las Palmas de Gran Canaria, Bernardo Huerga, considera, por su parte, que parte de la mejora de la convivencia en las aulas y del éxito académico pasa por mejorar la relación entre los miembros de la comunidad educativa. “Como señala Ken Robinson, autor de ”Escuelas creativas“, la mejora de la educación está muy relacionada con la mejora de la relación entre el docente y el alumno, y para que esto sea posible hay que empoderar al docente”.

Así se distribuyen los casos

De los 130 casos atendidos el curso pasado por ANPE Canarias a través de El Defensor del Profesor, 51 —⁠casi cuatro de cada diez⁠— se dieron en la enseñanza secundaria; 41, en primaria; 25, en Formación Profesional Básica; 12, en Educación Infantil; y 1, en ciclos formativos de FP.

Los incidentes registrados se clasifican en tres grandes grupos: problemas con el alumnado, con las familias, y con los compañeros o equipos directivos. Por lo general, cada docente denunció más de una situación relacionada con el mismo caso, lo que implica que el volumen de problemas registrados sea mayor que la cifra de docentes que hicieron uso del servicio.

Los conflictos con estudiantes fueron los más numerosos: se detectaron 82 situaciones de este tipo (frente a 66 el curso anterior y 102 en 2018/2019). Hubo 7 agresiones a docentes, frente a las 5 del curso 2019/2020, mientras que las agresiones entre el alumnado descendieron de 16 a 11. Las amenazas de alumnos al personal docente continúan ganando peso relativo y ya suponen uno de cada cuatro problemas de este grupo. Algo similar ocurre con las faltas de respeto, que alcanzan el 22,8%. 

El Defensor del Profesor fue puesto en marcha en España en 2005 y tres años después entró en funcionamiento en el Archipiélago. Desde entonces, ANPE Canarias ha reivindicado insistentemente a la Administración educativa que sea ella la que preste el servicio de atención jurídica y psicológica al profesorado ante casos de violencia, amenazas y acoso. Finalmente, la Consejería ha anunciado hace unas semanas que ya tiene firmado un convenio con un gabinete jurídico para prestar asesoramiento al personal docente y que la asistencia psicológica se prestará en función de la demanda.

Crespo valora este paso e insiste en la importancia de organizar y poner en marcha cuanto antes el nuevo servicio. “Hacemos un llamamiento a la Administración para que salga adelante definitivamente el protocolo por el que se debe guiar este recurso de atención al profesorado”, recalca.