Derecho al Techo pide al TSJC que no espere por el 'decreto Maricarmen' para paralizar los desahucios

Derecho al Techo ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que adopte, dentro de sus competencias, las medidas necesarias para que los juzgados de las islas conozcan y puedan aplicar desde este miércoles, 1 de octubre, el Real Decreto-ley 26/2026, conocido como 'decreto Maricarmen'.

La organización pone el foco en los lanzamientos de vivienda previstos a partir de la entrada en vigor de la nueva norma. Su petición no pasa por paralizar de forma general los procedimientos, sino por que aquellos casos que puedan quedar amparados por el nuevo régimen de protección sean revisados antes de que se produzca el lanzamiento.

El Real Decreto-ley contempla la posibilidad de suspender determinados lanzamientos cuando se cumplan los requisitos establecidos por la legislación, incluidos algunos procedimientos en los que ya exista una resolución que acuerde el lanzamiento, siempre que este todavía no se haya ejecutado.

Ante esta entrada en vigor, Derecho al Techo considera necesario que los órganos judiciales puedan disponer de la nueva regulación y comprobar, en los casos que corresponda, si concurren las circunstancias exigidas por la ley. Entre ellas se encuentran la situación de vulnerabilidad de las personas afectadas y la existencia o no de una alternativa habitacional, además del resto de condiciones previstas en la norma.

La organización insiste en que no reclama al TSJC que ordene la suspensión de todos los desahucios ni que intervenga en las competencias de los juzgados que tramitan los procedimientos. Su petición se centra en que la nueva legislación sea conocida y aplicada desde el momento en que entre en vigor.

“Le pedimos que garantice que la ley que entra en vigor mañana llegue a los juzgados antes de que los desahucios lleguen a las casas”, sostiene.

En este sentido, la organización reclama al TSJC que promueva, dentro de sus competencias, las medidas de información, comunicación y coordinación necesarias para que los órganos judiciales competentes conozcan “inmediatamente” el nuevo marco legal.

También pide que, antes de practicar aquellos lanzamientos que puedan verse afectados por la nueva regulación, exista la posibilidad de comprobar las circunstancias de cada expediente y determinar si se cumplen los requisitos que permitirían su suspensión.

Derecho al Techo advierte de que la entrada en vigor del decreto abre un escenario en el que algunos lanzamientos previstos para los próximos días podrían quedar afectados por sus disposiciones. Por ello, anuncia que permanecerá “vigilante” ante los procedimientos previstos en Canarias desde este miércoles y reclamará que las nuevas medidas tengan una aplicación efectiva desde el primer día.

La organización resume su posición en una idea: “No pedimos privilegios. No pedimos que se suspenda aquello que legalmente no deba suspenderse. Pedimos que se cumpla la ley y que no se ejecute aquello que legalmente deba quedar suspendido”.

Derecho al Techo defiende así que la aplicación de las nuevas medidas de protección debe producirse sin esperar a que los procedimientos de lanzamiento sigan avanzando cuando puedan estar afectados por la nueva regulación.