La Eurocámara sancionará a quienes contraten a 'sin papeles'
La sesión plenaria del Parlamento Europeo ha aprobado finalmente este jueves en Bruselas la directiva para imponer sanciones a los empresarios que empleen a inmigrantes en situación irregular a través de la cual se fijan penas mínimas a nivel comunitario que incluyen, entre otras: multas; el pago automático de los salarios y los impuestos atrasados; la exclusión y devolución de las subvenciones públicas , tanto comunitarias como nacionales; y, en caso necesario, el abono de los gastos relacionados con el retorno del inmigrante.
Se calcula que entre 4,5 y 8 millones de sin papeles trabajan en la construcción, la agricultura, la limpieza, la hostelería y otros sectores en la Unión Europea (UE).
La directiva también contempla “sanciones financieras reducidas para las personas que utilizan los servicios de inmigrantes clandestinos como empleados del hogar, siempre y cuando no se trate de casos de explotación”, según un comunicado.
Los socios europeos disponen de dos años para transponer la nueva norma. La legislación española ya prevé actualmente “multas de entre 6.001 y 60.000 euros por cada trabajador extranjero en situación irregular”, afirma el texto.
Esta directiva sobre las sanciones para los empresarios que empleen a inmigrantes sin papeles forma parte del paquete de normas europeas en materia migratoria entre las que también se encuentra la controvertida directiva para la devolución de los irregulares y la denominada tarjeta azul para captar inmigrantes cualificados.
Sanciones penales
Además, la reglamentación prevé la “aplicación de sanciones penales contra los empleadores en caso de reincidencia, si se contrata a un gran número de personas en situación irregular, si las condiciones de trabajo están marcadas por la explotación, si la persona empleada es víctima del tráfico de seres humanos y su empleador lo sabe o si se trata de un menor”, explica el comunicado.
El texto acordado en primera lectura establece que los socios europeos deberán designar “a asociaciones y sindicatos que representarán a los inmigrantes y les prestarán ayuda para denunciar a los empresarios”. Los inmigrantes que “cooperen con la justicia para identificar a sus empleadores podrán recibir permisos de estancia temporales”, añade el texto.
Asimismo, si el “empleador es un subcontratista, el contratista principal y los intermediarios serán considerados responsables”. Los eurodiputados también han solicitado la publicación de la lista de empleadores que infrinjan la directiva.
Por último, los Estados miembros realizarán “inspecciones eficaces y suficientes” para controlar la contratación de extranjeros en situación irregular y exigirán a los empresarios que verifiquen que sus trabajadores extracomunitarios presentan un permiso de residencia válido así como que informen de las “nuevas incorporaciones procedentes de terceros países”.
