Fuerteventura inicia un plan de acción con los ayuntamientos para detener las instalaciones no autorizadas en suelo rústico

El Cabildo de Fuerteventura, Gobierno de Canarias y los seis municipios majoreros han iniciado un plan de acción para detener la proliferación de instalaciones no autorizadas en suelo rústico que atentan contra los valores naturales, el planeamiento y la biodiversidad.

En este sentido, la presidenta del Cabildo insular, Lola García, ha recibido este lunes al consejero de Política y Cohesión Territorial, Manuel Miranda, para coordinar los trabajos que permitan paralizar la propagación de instalaciones como caravanas, containers, casas prefabricadas y otras estructuras que contravienen la normativa urbanística y medioambiental.

 Con el objetivo de establecer la mayor coordinación posible e iniciar este plan de acción conjunto, en el encuentro de trabajo han participado, además, representantes de todos los ayuntamientos, policía local de los diferentes municipios, agentes de Medio Ambiente del Cabildo, así como la consejera de Ordenación del Territorio, Nereida Calero, la consejera de Turismo, Economía Azul y Reserva de la Biosfera, Marlene Figueroa, y la consejera de Sostenibilidad, Paloma Hernández. Estuvo presente, además, la directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, Montserrat Ortega.

 La presidenta del Cabildo, Lola García, explicó que “esta reunión de coordinación ha sido convocada con el objetivo de iniciar acciones conjunta para detener la invasión que estamos sufriendo en nuestro suelo rústico, sin ningún tipo de encaje legal y modificando gravemente las singularidades naturales de nuestra Isla y los usos tradicionales de este tipo de suelos”.

 Los informes de los agentes de Medio Ambiente detectan más de 500 edificaciones ilegales de diversa tipología, repartidas indiscriminadamente por todo el territorio insular. “Por eso, es clave que todas las administraciones implicadas estén coordinadas para que cada una en su ámbito ejerza la acción necesaria para detener de inmediato lo que entendemos como una verdadera agresión a nuestro paisaje y modo de vida. Esperamos que la acción conjunta, con policía local, agentes de Medio Ambiente, Seprona y otras instituciones ayuden a detener la situación”, prosiguió la presidenta insular. Lola García apuntó que “todas estas instalaciones están siendo denunciadas y es importante que las sanciones se ejecuten de manera rápida y que el suelo se revierta su estado natural”, apuntó Lola García.

 “Los ayuntamientos y el Cabildo nos han trasladado su preocupación por la proliferación del uso de contenedores e instalaciones ilegales, como viviendas de ocio o almacenes en suelo no autorizado, un fenómeno muy preocupante no solo por el riesgo que conllevan en materia de habitabilidad y salubridad, sino porque representan un grave impacto medioambiental y paisajístico que no podemos permitirnos en una tierra como la nuestra”, afirmó Manuel Miranda.

 La solución a este “creciente problema” pasa por una actuación “conjunta y coordinada” entre los ayuntamientos afectados, el Cabildo y el Gobierno de Canarias, que a través de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural dirigirá una campaña extraordinaria de inspección para localizar este tipo de instalaciones. Además, prestará apoyo jurídico y administrativo a los municipios para la tramitación de las correspondientes órdenes de ejecución.

 Paralelamente, el Cabildo iniciará una campaña informativa sobre las prohibiciones e infracciones al respecto en este tipo de suelos, que se encuentran tipificadas de acuerdo con la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, pudiendo acarrear sanciones de hasta 150.000 euros. Las edificaciones no autorizables en suelo rústico están tipificadas, igualmente, en la Ley Orgánica del Código Penal.