El Gobierno dice que atiende a 779 familias en el marco de la Ley de Dependencia
La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias informó este jueves de que “está atendiendo, en el marco de la Ley de Dependencia, a 779 familias con el Plan de Intervención Individualizada aprobado”.
La directora de Bienestar Social, Araceli Sánchez, recordó, en un comunicado, que la Ley de Dependencia tiene un marco de aplicación hasta el año 2015.
De las 779 que atiende el Gobierno canario, 162 se benefician de un servicio de día; 130 de una plaza residencial y 507 de otro tipo de prestaciones, aseguró la Consejería.
Sánchez lamentó la “desinformación” ofrecida por la diputada socialista Francisca Luengo, quien, a su juicio, “está creando un tremendo desasosiego en las familias”.
Así, la directora de Bienestar Social puntualizó que “ni hay 6.402 personas dependientes, ni las prestaciones ascienden a más de 1.000 euros”.
Sánchez criticó que el Ministerio de Política Social que dirige Mercedes Cabrera “siga sin regular la capacidad económica del beneficiario, es decir, cuánto cobraría el usuario según su nivel de ingresos, una cuestión que dificulta muchísimo el establecimiento de las prestaciones”, lo que ha obligado a las comunidades autónomas a “regular de forma provisional”.
La directora de Bienestar Social del Ejecutivo canario subrayó que “la cuantía máxima de la prestación vinculada al servicio es de 811 euros para una persona gran dependiente, cuando una plaza pública para estas personas cuesta alrededor de 3.000 euros”.
Agregó que “el Gobierno de Canarias ha preferido otorgar una plaza o un servicio antes que una prestación, como además indica la ley” e informó de que “en el marco del Sistema Canario de la Dependencia ya se atiende a 8.000 personas dependientes de las cuales 5.314 tienen una plaza residencia”.
Según Sánchez, “ése es uno de los motivos por los que en Canarias hay 3.700 personas valoradas como grandes dependientes en el marco de la Ley de Dependencia y no los 6.400 de los que se está desinformando, ya que las muchas personas dependientes prefieren el sistema canario y no el de la Ley de Dependencia porque entienden que les es más beneficioso y sobre todo más seguro, ya que la indefinición normativa y financiera del Ministerio les crea desconfianza”.
