El Gobierno canario, sindicatos y patronal acuerdan mejoras sociales y de empleo
El Gobierno de Canarias, las dos patronales de las islas y los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, han suscrito el sexto acuerdo de Concertación Social con el fin de mejorar la protección social, la competitividad, la formación, el empleo y la seguridad laboral.
Tras la firma del acuerdo en la capital grancanaria, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, así como los líderes empresariales y sindicales han coincidido en la importancia de este pacto, en el que se ha trabajado durante el último año y que permitirá ir corrigiendo las desigualdades del modelo de desarrollo de las islas, ha destacado el jefe del Ejecutivo.
El objetivo ha sido diseñar nuevas líneas de actuación que se orienten a la mejora de la economía, la cualificación, la formación profesional, así como dar un respuesta a la ciudadanía más vulnerable y situaciones cronificadas en la sociedad tras varios años de recesión económica.
La nueva concertación actualiza las medidas de la anterior a la nueva realidad económica y social del archipiélago, según señala el Gobierno en un comunicado, y también avanza para reducir la brecha salarial existente entre hombres y mujeres, aunque para este logro se necesita también de los convenios colectivos para su consecución, ha señalado el secretario general de UGT, Gustavo Santana.
El acuerdo firmado contiene documentos de diferente índole en los que se detallan una gran número de medidas destinadas a mejorar la competitividad de la economía y sociedad canaria, reducir el absentismo y erradicar la economía sumergida.
Así mismo, propone acciones compartidas para favorecer la empleabilidad, un compromiso de mejora de las herramientas de protección social y se formaliza la Estrategia Canaria de Seguridad y Salud en el Trabajo hasta el año 2020, como parte fundamental del bienestar social.
En materia de competitividad, se plantean 26 propuestas de carácter general para fomentar el crecimiento de las pequeñas empresas, potenciar un sistema de garantía de créditos, facilitar la transformación digital de los sectores productivos, fomentar el uso de energías renovables, atraer la inversión y también fomentar la internacionalización de las empresas canarias.
Además, contiene otras 54 actuaciones de carácter sectorial para la reconversión del sector turístico, la mejora continua de la conectividad, la creación de plataformas comerciales, la mejora de los sectores agrícola, ganadero y de la actividad pesquera o el impulso del mercado audiovisual.
En cuanto a economía sumergida, se plantean 38 propuestas de actuación, entre ellas, favorecer el asociacionismo, campañas informativas, programas en los centros educativos hasta flexibilizar las cargas y procedimientos administrativos, incidir en la colaboración de los agentes sociales y económicos con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y mayor atención a los colectivos más vulnerables, como los inmigrantes y las mujeres.
Para abordar el absentismo, el acuerdo propone la creación de un observatorio, la implementación del teletrabajo, medidas de sensibilización y planes de incentivación y motivación entre las 22 propuestas que se han negociado.
En cuanto al acuerdo sobre políticas activas de empleo, se plantean 25 actuaciones con el fin de adaptar la formación a las necesidades de las empresas, promover la teleformación y la movilidad internacional, acciones dirigidas a fomentar el emprendimiento como generador de la actividad económica, y de orientación profesional e intermediación laboral para mejorar la empleabilidad y facilitar la contratación.
En cuanto el acuerdo de protección social, el nuevo texto tiene como objetivo principal reducir la desigualdad en la renta de las diferentes capas sociales, a través de una mejora de los instrumentos existentes y la constitución de una mesa técnica de trabajo.
Esta mesa estudiará y acordará las mejoras necesarias de la Ley de Prestación Canaria de Inserción y valorará sus fortalezas y debilidades.
En este apartado, la administración se compromete a incorporar a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el Observatorio Canario de Servicios Sociales.
Los sextos acuerdos de Concertación Social también incluyen el desarrollo reglamentario de la Ley de Participación Institucional que permitirá el pleno desarrollo de la participación de los agentes sociales y económicos con mayor representatividad en Canarias.
