La hostelería canaria pide ahora unánimemente el certificado COVID

Una mujer busca en su móvil su certificado COVID momentos antes de acceder al interior de una cafetería

Las asociaciones de hostelería de Canarias pedirán este miércoles unánime y formalmente al Gobierno regional que implante la obligatoriedad del pasaporte COVID para acceder al interior de establecimientos de pública concurrencia, según ha sabido este periódico de fuentes del sector. Estos últimos días ha habido intensos contactos entre los representantes de la patronal y la Consejería de Sanidad para concretar la tipología de locales a los que se exigirá esta medida, que fue rechazada en julio pasado por dos asociaciones radicadas en el sur de la isla de Tenerife.

El Gobierno de Canarias y empresarios acuerdan en qué locales del Archipiélago se pedirá el certificado COVID

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La justicia dio la razón en julio pasado al Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife y a la Asociación Hostelería Unida Tenerife, que reclamaron medidas cautelarísimas por vulneración de derechos fundamentales al considerar que se discriminaba a los ciudadanos vacunados frente a los no vacunados. Posteriormente, en agosto, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ratificó la medida a petición de la asociación negacionista Liberum. "La Sala alberga serias dudas acerca de la idoneidad de la medida”, se podía leer en aquel auto de agosto. Y añadía: "Por la mera decisión de no vacunarse (lícita, pues la vacunación contra la COVID-19 es voluntaria), de no someterse a una determinada PDIA (cuya realización además supone una carga económica) o por no haber pasado la enfermedad en el último semestre (hecho independiente de la volición)" un número indeterminado de ciudadanos puede quedar excluido "del disfrute de la totalidad de las posibilidades que su libertad constitucionalmente proclamada le brinda es suficientemente intenso ya desde este primer momento procesal".

La justicia de Canarias, junto a la de Euskadi, es la única que hasta el momento se ha mantenido firme en su negativa a aplicar el certificado COVID. El Gobierno canario ha cambiado los planteamientos legales que fueron rechazados por los tribunales y prepara un nuevo decreto que ya no será recurrido por las patronales hosteleras. Falta saber qué hará la asociación peninsular Liberum, muy combativa en toda España contra las medidas de lucha contra la pandemia.

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