El Instituto Internacional de Prensa respalda a Carlos Sosa: el alcance “absurdo” de la denuncia contra él “es un claro acto de intimidación”

El Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés) ha expresado en un comunicado su “profunda preocupación” por las acciones legales tomadas contra el periodista Carlos Sosa “en lo que parece una represalia por su trabajo periodístico sobre corrupción judicial”.

La organización explica que el pasado 8 de febrero de 2024, el Juzgado de Instrucción 27 de Madrid decidió abrir procedimientos orales contra Sosa, director de Canarias Ahora, medio asociado a elDiario.es, basándose en una denuncia presentada por el exjuez Salvador Alba, actualmente encarcelado.

Los cargos incluyen acoso, incitación al odio y revelación de secretos, con Alba “exigiendo una condena totalmente desproporcionada de 23 años de prisión para el periodista”, relata el organismo. “La denuncia también apunta a Ignacio Escolar, director de elDiario.es (al cual Canarias Ahora está afiliado), al propio elDiario.es y su delegación Canarias Ahora, así como a la pareja de Sosa, Victoria Rosell”, añade.

A pesar de la oposición de la Fiscalía, el Juzgado de Madrid abrió juicio oral contra Sosa y le impuso una “exorbitante fianza de 422.500 euros”, detalla la organización internacional. Las acusaciones se derivan de la cobertura de Sosa en Canarias Ahora sobre los procedimientos penales contra Alba.

En 2019, un tribunal en las Islas Canarias encontró culpable a Alba de intentar socavar la carrera política de otra magistrada, Victoria Rosell, a través de declaraciones falsas. La sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo español en 2021. Además de ser condenado a seis años de prisión (una sentencia que cumple desde octubre de 2022) por conspirar contra Rosell, que es la exdelegada del Gobierno español contra la Violencia de Género, Alba fue suspendido del poder judicial durante 18 años, explica la organización.

Alba sostiene que la información publicada por Sosa y Canarias Ahora sobre su caso invadió su privacidad y promovió el odio en su contra. Sin embargo, la Fiscalía afirmó que la cobertura de Sosa era de interés público y se limitaba a información relevante, por lo tanto “no puede considerarse […] gratuita o innecesaria”.

“Condenamos las acciones legales tomadas contra Carlos Sosa y Canarias Ahora en represalia por su cobertura crítica de la mala conducta y el abuso de poder en el sistema judicial”, dijo Scott Griffen, director adjunto del IPI. “El alcance absurdo de esta denuncia, que debería ser desestimada de inmediato, es un claro acto de intimidación. El hecho de que la denuncia haya avanzado hasta este punto subraya la necesidad de adoptar urgentemente reformas en España para evitar el abuso del sistema judicial para atacar a periodistas”, afirma.

Además de solidarizarse con Sosa y posicionarse en contra de este proceso legal, el IPI insta a la comunidad internacional a seguir de cerca el caso y apoyar a Sosa en su defensa contra estos cargos.

La postura en defensa de Sosa por parte del IPI es solo la última de una larga lista de respaldo al periodista y su labor informativa. Tanto la Asociación de la Prensa de Las Palmas, a la que pertenece, como la de Tenerife emitieron severas advertencias al riesgo que corre el ejercicio de la profesión periodística con este tipo de decisiones judiciales tras conocerse la denuncia. También la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de Periodistas de Investigación (API), Reporteros Sin Fronteras, la Red de Colegios Profesionales de Periodistas  y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FESP) se han posicionado a favor del periodista y en contra de la apertura del juicio oral por publicar informaciones ciertas, contrastadas y de interés general.