Los jueces del Archipiélago seguirán la huelga el 18 de febrero
Los jueces de la provincia de Las Palmas se reunieron este miércoles en la sala de jurados de la Audiencia Provincial de Las Palmas y han decidido que se sumarán a la huelga programada para el 18 de febrero, que ya ha sido convocada en varias comunidades autónomas, de manera que no aplazarán el paro hasta el 26 de junio, como se había acordado en un principio, para que el Gobierno central tuviera tiempo para dar respuesta a sus reivindicaciones.
Por su parte, los jueces de la provincia de Santa Cruz de Tenerife también se unirán a la huelga en febrebreo. Son varios motivos los que les llevan a tomar la determinación de ir a la huelga, entre ellos, el “incumplimiento de la puesta en funcionamiento de los Juzgados y Sección de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que tenían que estar creados y funcionando el día 30 de diciembre de 2.008, y que todavía están sin crear, con previsión de entrada en funcionamiento el 15 de mayo próximo”. También demandan la renuncia la Comunidad Autónoma a crear cuatro de las ocho unidades judiciales ofertadas por el Ministerio de Justicia para el año 2009“.
Por otra parte, consideran inaceptable el “retraso injustificado en el nuevo edificio judicial de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna (paralizado desde hace tiempo), que da lugar a dispersión de sedes de órganos judiciales en estas ciudades, e inexcusable situación de las restantes sedes de los partidos judiciales con instalaciones dispersas y obsoletas, indignas para el desempeño de las función jurisdiccional”.
Por último tachan de ''deficiente la formación de funcionarios, especialmente interinos, así como tardanza inexcusable en el nombramiento para cubrir vacantes y sustituciones“.
En el resto de España
Las juntas de este miércoles han revelado la división de los jueces en vísperas de la reunión que el lunes el Ministerio de Justicia mantendrá con las asociaciones judiciales, que no han convencido a todos los magistrados, sobre todo a los de las grandes ciudades, de aplazar las protestas hasta junio.
Buena muestra de esa división es lo sucedido en Madrid, la ciudad con más jueces de toda España: los de la plaza de Castilla, donde trabajan 286 magistrados, han acordado por amplia mayoría hacer huelga el próximo 18 de febrero, mientras que sus compañeros de la Audiencia Provincial, alrededor de 120, han respaldado la postura de las asociaciones.
En los órganos centrales con sede en Madrid -el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional- ni siquiera se han celebrado juntas de jueces.
En Barcelona, otra ciudad con un gran número de jueces, se ha repetido la misma situación: los magistrados de la Audiencia Provincial han resuelto aplazar a junio el posible paro, pero los demás, aunque por un estrecho margen, han acordado ir a la huelga el 18 de febrero.
En cualquier caso, todos los ojos están puestos en los resultados de la reunión del lunes, y el decano de los jueces de la capital, José Luis González Armengol, ha admitido que la decisión adoptada en la plaza de Castilla podría ser reconsiderada dependiendo de los mismos.
También los jueces de Murcia, que fueron los primeros en poner fecha al paro y que hoy han resuelto mantener su convocatoria, han condicionado su celebración a lo que pueda salir de ese encuentro, mientras que en otros lugares, como Valencia, directamente han pospuesto su decisión a la espera de lo que suceda ese día.
Así las cosas, el 18 de febrero puede tener lugar la primera huelga de jueces de la historia de España en algunos Juzgados de Madrid, Barcelona, Extremadura, Murcia, Málaga, Zamora, Ibiza, Castellón, Girona, Cuenca y Ciudad Real, entre otros lugares.
Los magistrados del País Vasco, Aragón, Asturias, Cantabria, La Rioja, Segovia, Palencia, Salamanca, Ávila, Guadalajara, Albacete, Alicante, Lleida, Mallorca, Menorca y de las Audiencias de Barcelona, Madrid y Sevilla, sin embargo, han optado por seguir la recomendación de las asociaciones y llevar a cabo protestas simbólicas el 18-F, pero aplazando hasta el 26 de junio la huelga.
Para tres de las cuatro asociaciones de jueces, la convocatoria de una huelga el próximo mes cuestiona su representatividad y distorsiona las negociaciones con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.
Sólo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, discrepa de esta lectura “pesimista” que han hecho las otras tres asociaciones, Jueces para la Democracia (JpD), Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI).
En declaraciones, el portavoz de la APM, Antonio García, ha mostrado su rechazo a esa interpretación, que ha calificado de “pesimista”, porque, según ha explicado, el apoyo a la convocatoria de huelga en febrero ha sido minoritario y porque “no es una decisión firme”, ya que ha sido supeditada a lo que suceda en la reunión con Justicia.
Por contra, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Miguel Ángel Gimeno, ha reconocido que la convocatoria de esta huelga “distorsiona las posibilidades de llevar a cabo las negociaciones con el Gobierno en cauces unitarios y con racionalidad”, y ha reclamado a sus compañeros que reconsideren su decisión.
También el portavoz de la AJFV, Lorenzo del Río, ha dicho que, aunque respeta la decisión adoptada por las juntas de jueces, espera que no afecte a la reunión del lunes, a la que deberían haber acudido con “unidad de acción”.
Por último, el portavoz del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, ha señalado que lo ocurrido hoy afectará a la reunión con el Ministerio “porque la posición de las asociaciones queda debilitada”, ya que “nosotros no podemos hacernos responsables de una huelga que no hemos convocado”.
Mientras tanto, Justicia ha asegurado este miércoles, después de la celebración de juntas de jueces, que mantiene abiertos “todos los cauces de diálogo” con los magistrados a través de las asociaciones judiciales que les representan.
En un comunicado, el departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo añade que “prueba de su intención inequívoca de alcanzar los mayores puntos de acuerdo posibles con quienes ostentan el poder judicial son las reuniones fijadas con las asociaciones de jueces y de fiscales” que se celebrarán la semana que viene.
A esas reuniones, según ha confirmado este miércoles el mismo el Ministerio, asistirá Fernández Bermejo.
