La justicia patriarcal en el Patronato de Protección a la Mujer: treinta días de arresto a la amante de un guardia en Las Palmas

En el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas se conserva muy poca información de lo que fue el Patronato de Protección a la Mujer. No obstante, sus documentos evidencian algunos episodios que sufrieron las mujeres internadas en estos centros que la institución tenía en el Archipiélago. Las congregaciones religiosas encargadas de gestionarlos amasaron un cuantioso patrimonio inmobiliario con dinero público y trabajo esclavo. Un negocio cuyas consecuencias llegan hasta nuestros días. Uno de los documentos refleja la “justicia patriarcal”, como el arresto de 30 días para la amante de un guardia. 

El Patronato de Protección a la Mujer fue una institución franquista que duró hasta bien entrada la transición (1941-1985). Fue un mecanismo de represión y control gestionado por congregaciones religiosas que durante años encerró sin juicio a mujeres jóvenes, muchas menores, a las que consideraba rebeldes o que no cumplían con los valores católicos del régimen. En Canarias tuvo sus particularidades. 

Bajo la excusa de que el Estado pagaba subvenciones insuficientes para su manutención, las congregaciones religiosas obligaban a las internas a trabajar sin sueldo en talleres de costura, confección o de empaquetado. Eran mano de obra gratis, trabajadoras esclavas. Esta institución también practicó el robo de bebés. Pero no fue hasta 2012 cuando el libro Las desterradas hijas de Eva, de Consuelo García del Cid, empezó a sacar a la luz esta oscura realidad de estos reformatorios franquistas de mujeres. 

Documentos consultados por este periódico en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, fechados principalmente entre 1945 y 1953, desvelan la doble moral de una institución que se mostraba siempre al borde del colapso económico para chantajear al Estado pidiendo más dinero. 

En 1949, aunque la subvención total del Estado para la provincia de Las Palmas era de 56.000 pesetas, la partida presupuestada para internamientos era de solo 36.500 pesetas. Sin embargo, el gasto que decían que necesitaban para mantener a las mujeres encerradas rozaba las 45.000 pesetas. Para 1950 calculaban necesitar más de 68.100 pesetas anuales. Pero no para la manutención de las internas, sino para “sueldos de personal, material no inventariable, y alquiler de oficinas”.  

Lejos de proteger a las internas, las utilizaban como moneda de cambio. En noviembre de 1949, el secretario de la Junta de Las Palmas llegó a advertir por carta al gerente central en Madrid. “Si no llegan más fondos, nos obligarán, muy a pesar nuestro, a entrar en las Adoratrices escoba en mano, echando a la calle (al ”arroyo“) a la mayor parte de nuestras internadas”. Además, amenazaba con trasladar el conflicto al Gobernador Civil, al Obispo y al Nuncio del Papa.

Internas como moneda de cambio

Esta correspondencia, hasta ahora inédita, entre las juntas del Patronato provincial y estatal, revelan que los encierros no dependían de criterios sociales, sino puramente económicos, confesando que si se dispusiera de dinero al efecto, “serían muchos más los internamientos acordados”.

La mayoría de la correspondencia está firmada por Fernando Clavijo y del Castillo-Olivares, vicepresidente 1º de la Junta Provincial de Las Palmas, y en ocasiones por el secretario (particular), Joaquín Mª Aracil Barra. Y dirigidas al tesorero general o directamente a Francisco Javier Abella, gerente de la Junta Nacional del Patronato, con sede en el número 33 de la calle Núñez de Balboa de Madrid.

La presión por conseguir financiación llevó a la Junta a solicitar en 1951 y 1952 que se les cediera entre un 1% y un 2% de los impuestos recaudados en espectáculos públicos “frívolos y galantes tolerados por las autoridades”, argumentando que era de esos locales de donde procedía buena parte de las jóvenes que después debían “reeducar”.

Entre los pocos documentos que se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas se encuentran algunos caso que revelan una justicia patriarcal y una desigualdad punitiva flagrante. La Junta provincial de Las Palmas presumió de resolver de forma exitosa el caso de un exguardia municipal que metió a su amante en el domicilio conyugal: “Intervinimos enérgica y prontamente, consiguiendo al momento, del Sr. Gobernador Civil, 30 días de arresto para dicha querida en la Prisión Provincial (a donde fue conducida por la Guardia Civil), una fuerte amonestación para el hombre culpable (que, ante nosotros, prometió firmemente la enmienda) y el restablecimiento de la paz en un hogar legítimo, en el que había hijos pequeños. Y así, muchísimos éxitos, altamente consoladores.” Ella fue un mes a prisión y él sólo tuvo que hacer una promesa de enmienda.

Control sobre el cuerpo de la mujer

Este control sobre la mujer era también físico y profundamente machista. Las jóvenes ingresaban a través de los llamados Centros de Observación y Clasificación. La primera fase del encierro consistía en aislar a las mujeres y someterlas a un minucioso escrutinio. Como atestiguan documentos del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, los médicos tenían la potestad de realizar reconocimientos ginecológicos en cualquier momento para comprobar si la joven había sido “desflorada”, es decir, si había perdido la virginidad. 

El resultado de este examen ginecológico era determinante para el destino de las reclusas. Si el médico certificaba la “desfloración”, la joven era clasificada en el grupo de “mujeres caídas” o “víctimas de prostitución”. Este grupo solía ser el más nutrido en los centros, llegando a representar el 40% de las internas. 

Según los relatos de investigadoras y supervivientes del Patronato en el ámbito nacional, el sistema era extraordinariamente cruel. Bastaba con ser etiquetada como “incompleta” para recibir el peor de los tratos y ser destinada a los reformatorios más duros, incluso si la pérdida de la virginidad se debía a que la joven había sido violada por su propio padre. 

En el libro Inmaculada: la muerte que precipitó el fin del patronato se recoge el testimonio de Rosa Berián, la última directora del centro del Patronato de San Fernando de Henares en Madrid, que cuenta “el caso de varias adolescentes provenientes de zonas rurales de Canarias que habían sido violadas por sus padres y habían tenido hijos de ellos. En este tipo de casos el modus operandi era sencillo: el bebe se quedaba con la familia y a ellas las mandaban a la península. De este modo las muchachas se veían recluidas, mientras sus violadores criaban a sus criaturas”.  

En el libro de las periodistas e investigadoras Marta García Carbonell, Esther López Barceló y María Palau Galdón se cuenta de modo excepcional, en una emotiva y rigurosa investigación, cómo la misteriosa muerte de Inmaculada Valderrama el 19 de septiembre de 1983 supuso el principio del fin de esta oscura institución. 

La red de centros del Patronato en Canarias

El colegio de Religiosas Adoratrices de Tafira (Plan de Loreto km 7) estaba dirigido por la congregación de las Adoratrices (Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad). La congregación tenía otro gran establecimiento en Tafira Alta para albergar hasta 150 jóvenes internadas. Además, crearon anexo a él un “Taller de Perseverancia” para acoger a las jóvenes que ya habían dejado de estar internadas. Las Adoratrices fueron quienes gestionaron la entrada de las jóvenes en el Patronato, llegando a tener un Centro de Clasificación y Observación, dependiente del Ministerio de Justicia, en 1982. 

El Cabildo de Gran Canaria entregó en 1962 una subvención directa de 200.000 pesetas a las Adoratrices para comprar una finca muy próxima al actual CECOPIN, de casi 14.000 metros cuadrados. Tras beneficiarse de diversas inyecciones de dinero proveniente del Estado durante la dictadura, las Adoratrices acordaron vender la misma parcela de vuelta al Cabildo en 2024 por 3,95 millones de euros.

El Internado de Oblatas, denominado Hogar Nuestra Señora del Rosario, era dirigido por las Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor, quienes estuvieron catalogadas como una institución propia del Patronato. Tenía una capacidad de 60 plazas y funcionaba en régimen de internado. Su finalidad era la “reeducación” de las jóvenes.

En las Memorias de 1948 aparece la obra de las Javerianas en Las Palmas, de la que se dice que “los manuales de pedagogía correccional del Patronato la definen como una ”obra modernísima dedicada a la preservación y a orientar a las jóvenes en la vida de trabajo“.

Según documentos del Aula de Memoria Democrática, también hubo otras congregaciones que colaboraron con el Patronato, como las de Villa Teresita, una red de casa de acogida y reformatorios fundada en 1942, que actualmente sigue funcionando como asociación que ayuda a mujeres víctimas de trata y en situación de exclusión en Las Palmas de Gran Canaria.

La saturación de los centros o la negativa de las Adoratrices en Gran Canaria a recibir a jóvenes reincidentes obligó a las autoridades a costear el traslado y el internamiento de las jóvenes grancanarias a la Península o al internado de las Oblatas en Tenerife.

Las Oblatas también dirigían el Colegio de Santa María de Gracia, en La Laguna. En 1943 se presupuestó un aumento de 100 plazas para este recinto. También el Hogar-Taller La Purificación de María, ubicado en la calle Magistral Reyes Pérez, 18, en La Cuesta. Tenía 40 plazas en régimen de internado y estaba enfocada en la “preservación” de las menores.

En su interior se utilizaba el trabajo y la instrucción como herramienta de “reeducación”. En 1970, según documentos oficiales, se impartían cursos de auxiliares administrativas y de peluquería-manicura, pero investigadoras y supervivientes como Consuelo García del Cid sospechan que pudo ser un centro de trabajo esclavo. Entre 1970 y 1975 este Hogar-taller multiplicó por más de tres su valor, de 3.277.487 a 11.728.575 pesetas.

A pocos kilómetros, estaba la Maternidad Nuestra Señora de la Paz, en El Majuelo, La Laguna, dirigido por la congregación de las Religiosas Filipenses de San Pablo. Era una institución propia del Patronato con 50 plazas y funcionaba como “maternidad menores” en régimen de internado.

Las Memorias Económicas del Patronato registran cómo este Centro Maternal invirtió grandes cantidades de dinero a través de planes de desarrollo, en su construcción y equipamiento, pero no en la manutención ni en beneficio de las jóvenes. En enero de 1970 el valor del edificio en el inventario estatal era de 15.955.738 pesetas. Para 1973 había escalado hasta las 20.863.570 pesetas, reflejando un crecimiento continuo gracias a las inyecciones de dinero público.

Además, el Hospital Civil del Cabildo Insular lo llevaban las Hermanas de la Caridad. Actuaban como una institución auxiliar sin un número de plazas determinado, pero dentro de la red del Patronato y servía para el “estudio médico y tratamiento” de las jóvenes tuteladas que requerían ser “internadas por cuestiones de salud”.

Las mismas congregaciones siguen subvencionadas

Según la documentación revisada del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, se puede comprobar que el rastro económico de algunas de estas congregaciones ha continuado hasta nuestros días. Con fecha de 5 de enero de 2024, el Servicio Canario de Empleo (SCE) concedió de forma directa dos subvenciones de 164.128 euros, procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo, a la Congregación Oblatas del Santísimo Redentor en Canarias, para programas de formación e inserción laboral dirigido a mujeres víctimas de violencia de género y de trata.

El pasado 20 de marzo, el Gobierno realizó un acto oficial de petición de perdón a las supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer. Durante el acto 53 mujeres fueron reconocidas como víctimas oficiales, aunque fueron miles las que pasaron por la institución durante más de 40 años. Aquel día hicieron públicas un conjunto de reivindicaciones pendientes, como la entrega de expedientes “cuya promesa pública por parte de las congregaciones religiosas no se está cumpliendo”; el acceso a los libros de contabilidad donde constan los ingresos obtenidos a costa de su mano de obra esclava, y una la ley de bebés robados que “lleva esperando ocho años y no se ha movido nada”, aseguraron durante el acto.