'Luz verde' al proyecto de ley de rentas mínimas de Canarias
La Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Parlamento de Canarias dictaminó hoy el proyecto de ley de la prestación canaria de inserción, también conocido como de rentas mínimas, con un acuerdo general entre los grupos, aunque el PP mantuvo algunas enmiendas que fueron rechazadas.
Este proyecto de ley pretende acabar con el sistema asistencialista de prestaciones básicas y para ello condiciona la percepción de una renta mínima a las personas más necesitadas con la realización de medidas de inserción social de toda la unidad de convivencia.
La percepción de la ayuda económica básica y de los complementos variables en función de los miembros que formen la unidad de convivencia se fijará anualmente en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma.
En todo caso, la cuantía básica mensual debe ser al menos el 76% del correspondiente al indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM).
Las ayudas económicas van a aparejadas a las actividades de inserción y se conceden durante un año con derecho a renovarse por periodos de seis meses mientras subsistan las circunstancias que motivaron la concesión, aunque a los dos años siempre habrá una valoración específica sobre la eficacia de las medidas de inserción.
El proyecto de ley, en cuya aplicación deben colaborar varios departamentos autonómicos y las corporaciones locales, detalla en contenido de los programas de inserción, que serán coordinados con las áreas locales de empleo, desarrollo local, sanidad, educación y vivienda.
Presupuesto ampliable y sin límites
Según anunció la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Marisa Zamora, cuando presentó el presupuesto de su departamento para 2007, su departamento ha reservado una partida de 11,4 millones de euros para las ayudas previstas en esta ley, aunque es una cantidad ampliable y sin límites en función de las necesidades.
En el trámite en la comisión parlamentaria, el grupo Popular mantuvo varias enmiendas que fueron rechazadas por el resto, entre ellas que entre los requisitos se redujera de tres a un año el tiempo mínimo de residencia necesario en las Islas para poder recibir la percepción.
El diputado del PP Carlos Ester afirmó que ese periodo de tiempo “condena a un importante número de personas a permanecer dos años más en la indigencia”, además de que “cuanto más tiempo se mantenga a las personas en exclusión social más difícil será la inserción”.
Isaac Castellano, del grupo Mixto, coincidió en que sería deseable cubrir todas las situaciones de necesidad, pero teniendo en cuenta que la ley debe contar con los fondos públicos existentes para ser “sostenible”, además de que reducir el periodo de residencia preciso podría producir un “efecto llamada”, puesto que estas coberturas no son homogéneas en todo el país.
La diputada de CC Esther Nuria Herrera precisó que las personas con menos de tres años de residencia “no quedan fuera de la aplicación de la ley”, podrán participar en las actividades de inserción.
Además, aun no cumpliendo los requisitos que se establecen, se prevé que se podrán recibir ayudas en los casos de extrema necesidad.
Otra enmienda del PP rechazada pretendía reducir de cinco meses a tres el periodo en el que la Administración tiene que responder a las peticiones recibidas antes de que sean aceptadas por silencio administrativo.
La pretensión del PP de que en el caso de que perceptores que reciban un exceso de dinero tengan que devolverlo con intereses de demora, dado que se trata de personas con escasos recursos, también fue rechazada, puesto que eso es una obligación legal que tiene la Administración, según los demás grupos.
Tampoco se aceptó una enmienda del PP que pretendía garantizar a las administraciones locales la percepción de recursos humanos y económicos para el desarrollo y aplicación de la ley.
