Marruecos revisa sus leyes para ''garantizar derechos a todos los ciudadanos''

El secretario general del Ministerio de Justicia de Marruecos, Mohamed Lididi, afirmó este lunes durante el acto de inauguración en Santa Cruz de Tenerife del Encuentro Internacional sobre Acceso a la Justicia que su país “está haciendo reformas y se están revisando las leyes consultando con otras legislaciones para actualizar y garantizar todos los derechos a los ciudadanos”.

Lididi además planteó que la justicia “debe estar al alcance de todo el mundo por lo que hay que difundir información, vulgarizar procedimientos, agilizar las tramitaciones y establecer la gratuidad”. El secretario también planteó que su país es “cuna de civilizaciones” por lo que recalcó que se deben mantener derechos como los de “libre circulación, que enriquecen las culturas manteniendo las características propias de cada país”.

En este punto, expuso que el foro era una ocasión propicia para debatir sobre el acceso a la justicia. Por ello abogó por “estrechar lazos de cooperación, que debe estar basada en la confianza mutua”. Asimismo Lididi señaló que el acceso a la justicia debe ser un derecho “garantizado” tanto a los ciudadanos como a los extranjeros por lo que concluyó que no debe tratarse de implantar “procesos huecos”. En esta línea indicó que el encuentro en la capital tinerfeña debe servir para “intercambiar experiencias” y “profundizar” en este asunto.

Canarias, “espacio geopolítico”

Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, que fue quién inauguró el acto al que asistieron representantes de la judicatura española y las Cortes Supremas de Marruecos, Argelia, Túnez, Mauritania, Senegal y Cabo Verde, planteó que el Archipiélago debe jugar un papel en política exterior que España “está reconociendo” de relaciones con los países de África Occidental. Por ello defendió Canarias como “espacio geopolítico para la colaboración entre la Unión Europea y África Occidental”.

Ruano afirmó que la “desconfianza política” de los años 70 del pasado siglo XX ha sido sustituida por la singular condición de Región Ulltraperiférica“ de la UE. ”La justicia como poder fundamental del Estado es garantía de buen gobierno y por ello hay que garantizar el acceso a la misma“, explicó el consejero durante su intervención.

Apuntó el responsable de Justicia que la iniciativa busca conocer los sistemas de África Occidental. Dijo que se analizarán las fortalezas y debilidades y las repercusiones que tiene en el gasto público. “Se parte del derecho a la tutela judicial efectiva”, puntualizó para añadir que se discutirá sobre cómo se puede declarar la gratuidad al acceso. “La reflexión colectiva servirá para defender la política de cooperación en esta materia”, concluyó.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Castro Feliciano, se centró en que hay que mejorar los mecanismos de asistencia jurídica a los más desfavorecidos. Planteó que debe existir entre los jueces “colaboración” y la “comunicación directa”. “En España ya contamos con el turno de oficio”, dijo para recalcar que el foro no quiere “trasladar” el sistema a otro países sino que “valga nuestra experiencia” en campos como la violencia de género, menores o el control de penas privativas de libertad “con respeto a las diferencias culturales”.

Por último, el vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española, Joaquín Espinosa Boissier, expuso que es intención de la Abogacía “mejorar las relaciones entre los países de Cabo Verde, Túnez, Mauritania, Senegal, Marruecos y Argelia”. También señaló que el modelo español se está exportando a zonas como Bosnia, Croacia o países de Iberoamérica.

Modernizar la Justicia

Este Encuentro se enmarca dentro del Proyecto ADL de “Fortalecimiento y modernización de la Administración de Justicia de Marruecos”. En él se pretende profundizar en el conocimiento del régimen de asistencia jurídica gratuita a personas que acrediten insuficiencia de recursos para litigar en Europa y países del Magreb, y elaborar conclusiones y recomendaciones para la mejora del sistema.

El proyecto ADL fue aprobado, en 2005, entre el Ministro de Marruecos y el Ministro de Justicia de España, con el objetivo de contribuir al desarrollo de un sistema de justicia más fiable e independiente, que sea eficiente y accesible a los ciudadanos, mediante la realización de actividades conjuntas que ayuden a impulsar el proceso de reforma y modernización de la Administración de Justicia emprendido por Marruecos.

En esta iniciativa forman parte las instituciones públicas más relevantes del sector judicial de ambos países. Del lado español participan el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Centros de Estudios Jurídicos, así como las Comunidades Autónomas de Andalucía y Canarias, por su vecindad con Marruecos. Por parte marroquí colaboran la Corte Suprema de Justicia y el Instituto Superior de la Magistratura.

El pasado mes de mayo, el Gobierno de Canarias firmó un convenio con el Ministerio de Justicia por el que se establecía que el Ejecutivo autonómico participaba en este proyecto, de manera general, en las actividades del programa y, específicamente, en la organización y financiación del Congreso Internacional sobre Sistemas de Acceso a la Justicia y Defensa de oficio en países del Magreb y de la Unión Europea.

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